Por Ismerai Betanzos*

La política indigenista inició en México en 1948 con el Instituto Nacional Indigenista (INI), con una política para integrar a los indígenas al desarrollo, hay que señalarlo, estas políticas fueron propias de esa época, tan fue así, que en 1958 surgió el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, con esa visión, integrar a los indígenas al desarrollo.

Desde 1948 hasta el 2000, el INI tuvo bajo su responsabilidad todos los problemas sociales de los pueblos indígenas, el desarrollo social, los temas educativos, el registro civil, los peritajes antropológicos, la excarcelación de presos indígenas. La visión del INI tenia un alto componente antropológico. No fue sino hasta el levantamiento zapatista cuando se incluyeron los temas de acceso a la justicia y se conformaron grupos multidisciplinarios para excarcelar indígenas en todo el país, de esto hay muchas historias, duras todas, aun en nuestros días.

En 1989, surge el Convenio 169 de la OIT poniendo a los pueblos indígenas como sujetos de desarrollo, garantizándoles su derecho a la participación en la toma de decisiones y el derecho a la consulta, en 1996 tuvimos los Acuerdos de San Andrés, y en 2001 llegó la Reforma Constitucional, que recogió puntos importantes de los Acuerdos de San Andrés y éstos, del Convenio 169, con ello, inició un proceso importante de cambiar la visión del Estado frente a los pueblos indígenas.

En el 2003, se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el objeto de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, con una infinidad de atribuciones lejos de poder cumplir con la estructura, el presupuesto y la naturaleza jurídica de la Institución.

A la par, con la Reforma de 2001 se crearon diversas áreas en las instituciones para atender a la población indígena, en la Procuraduría General de la República, la Unidad de Atención a Indígenas; en la Secretaría de Salud, el Área de Medicina Tradicional; en la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, la Unidad de Participación y en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de Asuntos Indígenas, entre otros. El reto era crear políticas públicas para la atención de la población indígena, la gran reforma constitucional, quedó en áreas administrativas sin presupuesto, sin personas expertas en el tema y peor aun, sin un marco legal secundario que permitirá cumplir las aspiraciones de los pueblos indígenas.

La Reforma en materia indígena, quedó en un artículo de la Constitución y fue prácticamente inoperante, de no ser por algunos Congresos Locales, que con un importante debate y con mucha voluntad política avanzaron en un marco jurídico robusto que les permitiera garantizar los derechos de la población indígena. Oaxaca ya había iniciado en 1994, en los últimos años San Luis Potosí fue la primera entidad federativa en armonizar su Constitución, algunas leyes, crear una Ley de Consulta Indígena, reconocer al sujeto colectivo de los derechos y crear un catálogo de comunidades indígenas, le siguieron algunos otros Estados y lo único que hicieron fue crear una sola legislación de derechos, cultura, desarrollo, salud, educación y una infinidad de temas que han hecho que ,ás de 20 leyes de su tipo, sean completamente inoperantes.

Es así, que sexenio a sexenio, el enfoque de la política pública dirigida a la población indígena ha tenido diversos puntos de vista, desde verlo como un tema de desarrollo social o como un tema de derechos humanos y seguridad nacional. En el Sexenio de Vicente Fox, la prioridad fueron los caminos, el Programa de Infraestructura Indígena tuvo un gran impulso, se visibilizó el tema indígena a nivel nacional y que el Estado mexicano contaba con una Institucionalidad y un Consejo Consultivo (incluso sirvió de referente internacional).

En el Sexenio de Felipe Calderón, se planteó un modelo de política pública basado en la planeación del desarrollo, buscando cómo implementar el modelo de planeación participativa, se desarrollaron Planes de Desarrollo Microrregionales, se invirtieron importantes recursos en este modelo participativo; y se promovió ampliamente la armonización legislativa.

Llegó la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos y fue un momento importante para los grupos específicos de población, en el caso de la población indígena, se abrió la puerta para cumplir las aspiraciones, el derecho al desarrollo, los derechos de libre determinación y autonomía y surgió el caso Cherán, para elegir autoridades por Sistemas Normativos Internos; asimismo, al Pueblo Wixárika se le concedió una suspensión por violación a su derecho a la consulta porque la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras sin consultarles, en el Altiplano Potosino, Sitio Sagrado de Wirikuta para los Wixaritari. Sin duda la Reforma Constitucional, se asemeja a ese momento de visibilizar a la población indígena que se dio en 1994.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la política dirigida a los pueblos indígenas a inicio del sexenio estuvo enfocado en la infraestructura y en lo productivo, se crearon clínicas en convenio con IMSS-Prospera, se crearon mercados para los productos indígenas y marcas colectivas y distintivos para los sitios turísticos en zonas indígenas, para mediados del sexenio, los temas institucionales se enfocaron en los derechos humanos y la igualdad de género. Se generó la mayor mezcla de recursos en la Historia de la institución; sin embargo, se dio el primer recorte presupuestal, lo que avizoraba una de las peores crisis para las políticas públicas dirigidas a la población indígena.

En campaña el Presidente Andrés Manuel prometió que “Primero los Pobres”, dentro de los pobres podríamos identificar a diversos grupos sociales, sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas todos los años vemos las cifras de pobreza en la Montaña de Guerrero, en la Sierra Rarámuri, en la Sierra de Oaxaca, en Chiapas, etc.

Esta administración cambió la institucionalidad, desapareció la CDI y creó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), como autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte.

Sin embargo, a un año de esta administración y a casi un año de la publicación de la Ley del INPI (4 de diciembre de 2018), ninguno de sus objetos ha sido cumplido, su Titular Adelfo Regino se ha enfocado en promover una consulta para la reforma constitucional, que más que ser una aspiración de los pueblos indígenas es una aspiración personal, ya que no se realizó una verdadera consulta con la población, con personal capacitado para ello. Se trató de una consulta pre – resuelta, en la que el llamado a la población indígena servirá para validar las aspiraciones de su titular.

El INPI no está cumpliendo la función para la que fue creada, porque ninguna institución puede hacer lo que se le encomendó al INPI, menos sin capacidades institucionales y ahora, sin presupuesto. Los nuevos expertos y expertas en temas indígenas no son más que aprendices, a ellos está encomendado los temas indígenas y las consultas. Las consultas a los proyectos siguen operando con el Protocolo de Consulta de la CDI y las acciones a favor de las mujeres indígenas están por desaparecer.

Desde 2004 que no se tenían un presupuesto como el que se ha programado para el 2020, y en éste año, el INPI tuvo un subejercicio de más del 50%, en las siguientes graficas vemos cómo ha evolucionado el presupuesto, los retrocesos y los estancamientos. A ello se suma, la obligación de atender a la población afromexicana, sin recursos adicionales para ello.

Con esto, el INPI no está más que destinado a desaparecer y con ello, 70 años de la institucionalidad para servir a los pueblos indígenas. De aquello que criticaron, hoy está institucionalizado en el INPI, sufrirán y están sufriendo los mismos de siempre, las personas en reclusión a quienes les piden el 50% para el pago de la caución, las mujeres indígenas sin acciones para promover y garantizar sus derechos, los productores y productoras indígenas que ya no tienen acceso a mercados, sufrirán los que siempre sufren.


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