Voz y Voto en línea

Bancada de mujeres

Género

Por: Martha Tagle Martínez*

Para las mujeres, el camino legislativo ha sido difícil a lo largo de la historia. Si bien han pasado más de 66 años del reconocimiento de nuestro derecho a votar y ser electas, es apenas hasta la actual LXIV Legislatura (2018-2021) que contamos con una representación paritaria en el H. Congreso de la Unión. Ello, después de dos décadas de pasar de acciones afirmativas (las conocidas como «cuotas de género») al reconocimiento de la paridad de género como principio constitucional.

La actual «Legislatura de la Paridad» está integrada con la mayor proporción de mujeres en la historia del Congreso tras la jornada electoral del 1º de julio de 2018 que, además, se trató de las elecciones de mayor alcance que haya habido en México por el número de cargos públicos a elegir, y con lo cual nuestro país se ha posicionado en el quinto lugar en igualdad de género por contar con mayor presencia de legisladoras a nivel mundial. No obstante, esta legislatura paritaria también representa una oportunidad histórica para potenciar y continuar con los avances de las mujeres en México.

En primer lugar, en la Cámara de Diputados hemos aprovechado la presencia de las legisladoras para generar una alianza a través de la conformación de una Bancada de Mujeres, un espacio de diálogo para establecer acuerdos e impulsar una agenda común en favor de las mexicanas en torno a tres principales temas: la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género, el empoderamiento económico de las mujeres y la economía y políticas de los cuidados. Entre los propósitos de esta bancada para construir un poder desde las mujeres legisladoras está que –desde este espacio– se contribuya al fortalecimiento de capacidades de las legisladoras que ocupan el cargo por primera vez, principalmente en cuanto a la negociación y el desempeño legislativo, así como visibilizar el trabajo que realizamos para incidir en la transformación de la vida parlamentaria. Esto con el objetivo de brindar mayores herramientas a las mujeres y, con ello, permitir que el desempeño de su cargo alcance mejores resultados.

Uno de los primeros logros de esta alianza entre legisladoras derivó en que la Junta de Coordinación Política aprobara un acuerdo para que las comisiones, comités, grupos de amistad y delegaciones para los organismos internacionales permanentes observaran la paridad de género en su integración, dando como resultado que, de las 46 presidencias de comisiones ordinarias, 19 fueran ocupadas por mujeres. Sin embargo, uno de los retos de este acuerdo era que la distribución de dichas presidencias incluyera los temas que verdaderamente tienen peso político o capacidad de toma de decisiones determinantes para la vida pública del país, ya que históricamente los roles y estereotipos de género han permeado en estos procesos y los pocos espacios de las mujeres para presidir comisiones se reducían, por ejemplo, a temas considerados como asistenciales para los grupos en situación de vulnerabilidad. El resultado de este ejercicio fue que –en esta legislatura– las mujeres presiden comisiones como la de Gobernación y Población, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Marina, Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

Por otra parte, en esta legislatura de la paridad se aprobó la reforma constitucional conocida como «Paridad en Todo» (2019), que reconoció la paridad más allá de las candidaturas electorales, para ser garantizada ahora en todos los órganos del Estado (Poder Judicial, órganos autónomos, gabinetes de los gobiernos federal y estatales, y cabildos municipales). En este sentido, la paridad se ha convertido en uno de los principios rectores en la integración de todos los espacios de toma de decisiones públicas.

Enseguida, en septiembre del mismo año, se nombraron dos mujeres en las presidencias de las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para el segundo año de legislatura, siendo la primera vez que contamos con esta representación simultánea en el Congreso. Con la llegada de las dos presidentas de las mesas directivas y los antecedentes previos de articulación de las mujeres legisladoras logramos conformar, durante el segundo año legislativo, el Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, con el objetivo de impulsar una agenda legislativa para garantizar los derechos de las mujeres a través de reformas identificadas como prioritarias para el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara Baja. Entre estas reformas están: las reformas legales sobre paridad; mujeres en los consejos de administración de las empresas; salud de las mujeres y servicios de partería; la eliminación del impuesto «rosa» consistente en que, por ejemplo, ciertos productos de higiene femenina cuesten más por el hecho de estar dirigidos a las mujeres; la contención y eliminación de la violencia de género; el sistema de cuidados y la transversalidad e institucionalización de la igualdad de género en la Administración Pública Federal.

Estos esfuerzos se sumaron a la labor que ya realizaban las comisiones, y si bien la pandemia por COVID-19 cambió la dinámica y la agenda legislativa a partir del mes de marzo de 2020, destaca que recientemente se concretaron dos de estos temas prioritarios: las reformas legales sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y aquellas sobre paridad en las leyes secundarias. Las primeras se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de este año, lo cual es resultado de varios años de debate y construcción política y social entre mujeres, colectivos e instituciones, así como el punto de partida para contar con otros cambios específicos para su implementación. Entre otros, la armonización legislativa en 14 Congresos locales del país con procesos electorales durante 2020-2021 a fin de reconocer y sancionar la violencia política contra las mujeres antes, durante y después del mismo, y la implementación de las disposiciones de la reforma por parte de las autoridades electorales. Las segundas implicaron reformas a 86 leyes, aprobadas el pasado 29 de julio, para que todas las organizaciones públicas que componen el Estado mexicano garanticen la paridad entre mujeres y hombres.

Otro logro es que las legisladoras de todos los grupos parlamentarios impulsamos la visibilidad y vigilancia de los avances de los derechos de las mujeres y respondimos a diversas coyunturas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, que ponían en riesgo la garantía de nuestros derechos. Por un lado, tuvimos el compromiso de revisar los ajustes presupuestales propuestos por la Administración Pública Federal, principalmente los recursos destinados a atender la violencia contra las mujeres a través del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para este año, a fin de que los servicios en esta materia fueran reconocidos como esenciales frente al aumento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Al respecto, en la segunda semana del mes de agosto el mencionado Grupo Plural sostuvimos una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público para abordar este tema y solicitar el impulso de una ruta de trabajo conjunto. Las mujeres debemos incidir en la etiquetación del gasto en materia de género.

Subrayo el posicionamiento de la Comisión de Igualdad de Género respecto a las declaraciones realizadas por el presidente de la República en la conferencia matutina del 15 de mayo, toda vez que señaló que 90% de las llamadas al 911 por violencia de género son falsas. En este posicionamiento, las diputadas integrantes de dicha Comisión solicitaron la aclaración de la información oficial referente a la violencia contra las mujeres durante la pandemia, al tiempo que solicitaron al gobierno federal que destinara espacios de información respecto de las situaciones de violencia de género y los mecanismos de atención disponibles.

Sin duda, estos avances en nuestra labor reflejan la importancia de que las mujeres participemos y estemos representadas en esta Legislatura de la Paridad, aunque es cierto que nos falta mucho para atender cabalmente la agenda de género. De antemano, tenemos muchos rezagos en la armonización legislativa que necesitamos realizar para el cumplimiento de diversas obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, o bien, para corregir o mejorar la legislación vigente para prevenir de manera efectiva las violencias contra las mujeres y las niñas, garantizar el acceso a la justicia y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. Algunos de estos temas se han retomado en la agenda de género del Grupo Plural que conformamos y en las agendas individuales de cada legisladora, pero muchos permanecen a la espera de ser abordados, así como iniciativas que se encuentran en las comisiones esperando ser dictaminadas y sometidas a discusión y aprobación del pleno.

Por otra parte, tenemos diversas condiciones estructurales en la labor legislativa que impiden una efectiva influencia y toma de decisiones de las mujeres. La paridad, o la representación igualitaria, deben ser vistas como la posibilidad de que más mujeres tengamos acceso y estemos en el poder, pero con poder. Es decir, que contemos con las mismas condiciones que nuestros pares para la toma de decisiones y que nuestra participación se traduzca en cambios significativos para otras mujeres y, en consecuencia, para la sociedad.

No obstante, prevalecen grupos y lógicas institucionales dentro del Congreso que obstaculizan el poder real de las mujeres para definir la agenda legislativa e, incluso, facilitan la promoción de intereses contrarios a la lucha feminista en detrimento de las mujeres. Ello aunado a los retos que implica la conciliación laboral-familiar que, en muchos de los casos, dificultan que las mujeres ejerzamos los cargos en igualdad de condiciones con nuestros compañeros legisladores.

Este panorama interno, sumado a la coyuntura y los retrocesos que están sucediendo en el país, ha implicado que las mujeres legisladoras vayamos a contracorriente; por ejemplo, ante la pandemia y los recortes presupuestales que agravan las condiciones de vida de las mujeres y las niñas, lo que hace de nuestra labor un esfuerzo constante y sostenido por seguir avanzando en nuestros derechos.

Tras dos años de legislatura reconocemos que los logros alcanzados son la continuación de la larga lucha por los derechos de las mujeres, reforzada con la presencia paritaria en todos los espacios, y se extiende hasta el trabajo en favor de la agenda por nuestros derechos. Actualmente contamos con una importante evidencia teórica y empírica acerca de cómo la participación política de las mujeres y el acceso a los cargos de toma de decisión marcan una diferencia sustantiva para toda la sociedad, y nos dirigimos a un proceso electoral intermedio 2020-2021 con un marco constitucional y legal fortalecido para garantizar la paridad y prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política.

Con estos marcos vigentes que serán aplicados en el proceso electoral que viene debemos dar un paso más en la representación paritaria de género en todos los cargos de elección popular, sobre todo aquellos en los que persisten brechas de desigualdad entre mujeres y hombres (como, por ejemplo, el poder ejecutivo en el ámbito local), así como prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política que llegue a manifestarse. Sin embargo, debemos señalar que la labor rumbo a los próximos comicios no ha terminado, sobre todo porque algunos congresos locales tienen pendiente concretar las reformas en materia de violencia política contra las mujeres y de paridad de género, en tanto las autoridades electorales deben aplicar mecanismos y criterios específicos para materializar las reformas recientes.

En el año legislativo que nos queda debemos fortalecer los esfuerzos para que la paridad e igualdad de género se consoliden en el tiempo y en términos sustantivos, para vencer la discriminación estructural que se encuentra arraigada en las instituciones y en la cultura política. Por fortuna, las mujeres –en lo individual y lo colectivo– tenemos experiencia acumulada y herramientas concretas para hacer valer nuestros derechos sabiendo que debemos seguir trabajando para subsanar los temas pendientes de la agenda de género, los vacíos que persisten y los riesgos a nuestros derechos. Las estrategias para lograrlo son diversas, pero nuestra presencia ha permitido que encontremos un cambio en la forma de hacer política, así como reconocer que cuando las mujeres avanzan, los hombres no retroceden, crecemos todos. Y las próximas elecciones serán un contexto más que lo demostrará.


Diputada federal ciudadana de la LXIV Legislatura. Integrante de diversas redes de mujeres. Milita en Movimiento Ciudadano desde su fundación, donde ha ocupado diferentes cargos.

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