Voz y Voto en línea

¿Conflicto o reconciliación?

Ventana al mundo

Por: Jorge David Aljovín Navarro*

Un conflicto post-electoral que desencadenó la salida de Evo Morales; un gobierno transitorio que buscó estabilizar, pero que polarizó; una elección que fue pospuesta en tres ocasiones por causa de la pandemia; la renuncia de la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, a su candidatura presidencial; resultados de encuestas divergentes que dan a Luis Arce como ganador en una primera vuelta, mientras otras vaticinan una segunda vuelta con un aglutinamiento de la oposición en torno a Carlos Mesa y sistemas de conteo de votos cuestionados, entre otros, son la antesala de una elección presidencial rodeada de los fantasmas de siempre: la desconfianza, la polarización y el fraude electoral.

Pero, ¿cómo explicarnos este cuadro schmittiano de amigo-enemigo que dibuja sobre sus óleos la existencia de posturas irreconciliables entre el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por su candidato presidencial Luis Arce, ex ministro de economía de Evo Morales, y en contrapartida Comunidad Ciudadana, encabezada por su candidato a la presidencia, Carlos Mesa? Ello con independencia del resultado de los comicios del 18 de octubre de este año.

Visiones políticas en juego

En una visión reduccionista diríamos que este juego de suma cero de posiciones sin punto de encuentro tuvo su origen en el conflicto post-electoral de octubre de 2019 –que desencadenó la salida de Morales de la presidencia de Bolivia–, el cual nos dejó como saldo no sólo una división interna en el país altiplánico, sino también de la comunidad internacional que adjetivó esta salida como consecuencia inmediata de la realización de un fraude electoral y, otros, de un golpe de estado.

Sin embargo, lejos de esta pirotecnia política que planteó un falso dilema de «estás conmigo o estás contra mí», al posicionarse sobre la evaluación del conflicto post-electoral y de una actual contienda presidencial, lo que realmente está de fondo es la debilidad institucional que ha llevado a confundir la indignación o adjetivación con una moral de corto plazo para descalificar al que piensa diferente, descuidando un punto que es fundamental y que pasa por dignificar la política.

La dignificación de la política como un espacio de diálogo

Esto nos lleva a la idea originaria de entender a la política como un espacio de discusión y deliberación cimentado en un pensamiento crítico, como en su momento lo vaticinó Octavio Paz en su célebre escrito «Los centuriones de Santiago».

De lo contrario, la renuncia a un pensamiento crítico trae como consecuencia indeseable abrir la puerta a la ideología y la cerrazón como actores dominantes en la discusión, hecho que hoy –más que nunca– parece la nota característica no sólo del contexto político boliviano sino de toda la región latinoamericana.

Por tal motivo, una precondición para analizar cualquier contexto político sin excepción, y en especial el boliviano, debe y tiene que basarse en un panorama completo, no parcial, que incluya el diálogo como una deliberación entre pares y no como una forma de aplastar a las minorías.

Repaso por el pasado y el presente boliviano

Así, hace 14 años y fracción se calificaba la llegada de Morales a la presidencia de su país como parte de la reivindicación de los grupos indigenistas que años después, en 2009, propició la aprobación de una nueva Constitución que reconfiguraba el entendimiento de Bolivia como un Estado Plurinacional y Pluricultural, cristalizando así las demandas de estos grupos sociales afectados por la discriminación y el racismo existente entre el Oriente y el Occidente altiplánico.

Al mismo tiempo, se ponía sobre la mesa la continuidad o no de un proyecto político que llevó a la Corte Suprema, en 2013, a validar la reelección de Morales al señalar que su elección se dio con anterioridad a la aprobación de la Constitución de 2009, por lo que no se encontraba sujeto a los límites anti-reeleccionistas.

No obstante, si esto no fuera suficiente, en 2016, específicamente el 21 de febrero (mejor conocido como el 21F), se planteó un referéndum para evaluar la posibilidad de una nueva reelección, destacando la negativa de los ciudadanos (51.30% por el NO y 48.70% por el SÍ) pero desconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano que avaló la participación de Morales en los comicios de 2019.

Con estos antecedentes de escaso compromiso democrático hacia las decisiones de los ciudadanos se desarrollaron los comicios del 20 de octubre de 2019 en donde, acusaciones cruzadas de fraude electoral fueron y vinieron que, aunadas a un papel preponderante de la observación electoral para evidenciar supuestas irregularidades en las elecciones, produjeron el derrocamiento de Morales y el establecimiento de un gobierno de transición encabezado por Jeanine Añez, cuyas funciones iniciaron el 12 de noviembre del año pasado con Biblia en mano.

Pero, al igual que sus antecesores, el gobierno de transición renunció a su papel estabilizador y sucumbió a los apetitos de poder, mismos que se tradujeron en la postulación oficial de la presidenta Añez por la presidencia pero que, tarde o temprano, ante la falta de apoyo popular, produjo su renuncia a estas aspiraciones.

Bolivia y su compromiso democrático

Este hecho nos dejó en evidencia que la conducción política en Bolivia, no importando el domicilio ideológico que se comparta, encuentra como paradoja que la clase política se sirve de la democracia para asestar golpes mortíferos desde dentro de ella misma.

Hecho que ha sido evidenciado por el último informe de Human Rights Watch, en donde se precisa que la justicia sigue siendo utilizada como un arma política para perseguir opositores, con independencia del color político que gobierne.

Por ello, una elección que se tuvo que suspender en 3 ocasiones por el desarrollo de la pandemia, evidencia no sólo posiciones antagónicas sino profundas diferencias que se reducen, por un lado, a impedir el regreso del MAS y, por el otro, recuperar el poder que fue usurpado.

Retos hacia el futuro

De ahí que uno de los grandes retos que enfrente el ganador de esta contienda y –sobre todo– del nuevo congreso será evitar un resquebrajamiento lento y constante de las instituciones encargadas de poner límites a los titulares de los poderes ejecutivos y que, de acuerdo con Gargarella, han dado lugar al «vaciamiento institucional».

Este fenómeno ha sido acompañado en el último tiempo por una «erosión democrática» que, en términos de Tom Ginsburg y Aziz Huq, cobra vida para dar lugar a una terrorífica obra de arte escenificada por el debilitamiento de los órganos encargados de limitar al gobernante, el cual exige el uso instrumental de los derechos para sus propios fines.

Este es el llamado de atención y el enorme desafío que se tiene en puerta en Bolivia. Y, por sobre todas las cosas, que el vencedor entienda que la elección debe y tiene que ser un punto de partida para la reconciliación mediante el fortalecimiento institucional, o correr el grave riesgo de que el ejercicio del poder se traduzca en persecusión política. He ahí el gran dilema.

Por lo que, recurriendo nuevamente a Octavio Paz: «El examen del pasado inmediato y del presente nos cura de la peor intoxicación: la ideológica».


Jorge David Aljovín Navarro es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde obtuvo una mención por su trabajo de tesis. Cuenta con estudios en la Maestría de Derecho Procesal Constitucional, impartida por la Universidad Panamericana (UP), en la que obtuvo una mención honorífica.

En lo profesional, se ha desempeñado como consultor y abogado a nivel municipal, estatal y federal, así como de autoridades electorales, cámara de diputados y partidos políticos.

Fungió como representante de un partido político ante el Consejo General del INE (2014-2016)

Actualmente, cuenta con participaciones en medios de radio y televisión, entre los que destacan Grupo IMER (Instituto Mexicano de la Radio), Radio Fórmula, Grupo Imagen, MVS Radio, CNN México, Excelsior TV, Foro TV, MegaNoticias TVC, Canal del Congreso, entre otros.

Ha participado como observador electoral y cuenta con cursos de especialización en materia electoral y constitucional. Entre los que destacan: “Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas” y “Observación Electoral”, ambos dictados por la Organización de Estados Americanos (OEA)

Por último, en lo académico es autor de dos libros: “Manual del Procedimiento Especial Sancionador en Materia Electoral” de Editorial Porrúa (2012) y “Vademécum Electoral” de Editorial Tirant Lo Blanch (2016). Y diversas publicaciones en revistas jurídicas y periódicos de circulación nacional.

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