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Los pendientes de AMLO

Democracia y gobierno

Por: Humberto Musacchio

Es amplia y complicada la agenda del Ejecutivo para este 2020. El gabinete marcha muy atrás de su líder, sin entender bien a bien cuál es el rumbo. No pocos de los altos cargos requieren urgentemente de un relevo, como son los casos, entre otros, de Educación y Cultura.

Lamentablemente no se localizan en esas áreas las urgencias presidenciales, cuyo foco está puesto en las “grandes obras”, destacadamente el Tren Maya, el Transístmico y la refinería de Dos Bocas, que se espera generen cientos de miles de empleos directos e indirectos, inversión privada y una transformación económica y social que ha puesto a temblar los cacicazgos indígenas, como el de Sebastián Guillén, alias Subcomandante Marcos, que sabe amenazado su pequeño reino.

Lo anterior, unido a la revitalización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, promete una reactivación económica que por razones obvias atraerá inversión privada, por lo menos en los renglones más rentables. Con esa base será posible que vuelva el crecimiento del pib, pero antes habrá que afinar la maquinaria gubernamental hasta ahora trabada por temores burocráticos de la plana mayor, reducida a la parálisis por limitaciones presupuestales y, sobre todo, por el temor de los funcionarios a dar pasos en falso y ser exhibidos por su jefe.

La economía necesita reactivarse con urgencia y el aparato público, como es evidente, requiere de un ajuste severo y muy bien pensado. Inversión y creación de empleos son medidas indispensables para atacar la inseguridad que mantiene al país en vilo, con los homicidios y otros delitos al alza. Los programas de bienestar han representado un soplo de aire fresco en amplios sectores de la población lo mismo que el aumento al salario mínimo, pero se necesita crear, en gran escala, plazas de trabajo permanentes y bien pagadas, lo que se espera ofrezcan los grandes proyectos del actual gobierno.

La prudencia aconsejaría cancelar en definitiva las “mañaneras”, con las que cada día abre un frente el hombre que debería ser factor fundamental de concordia. Pero no desaparecerán esas conferencias porque le aportan al Presidente de la República una atención que sólo tendría a la vieja usanza: pagando las ocho columnas y contando con una legión de comentaristas de afinidad comprada lo que, afortunadamente, está fuera de su radar pese a la indignación de la comentocracia mercantil.

En este año no cesará el reclamo por los 43 aunque es de temerse que, al igual que con los más de 60 mil “desaparecidos”, nada nuevo se sabrá de este caso que ha conmovido dentro y fuera de México. Ojalá nos equivoquemos.

Los “desaparecidos” representan uno de los grandes pendientes de la sociedad mexicana, pero en todo caso sabremos del paradero de unos cuantos, porque la desaparición forzada es una práctica criminal, sí, pero que no habría llegado a los extremos conocidos de no ser por la ineficiencia de los cuerpos policiacos, la abulia del Ministerio Público, el mercantilismo de la judicatura y la corrupción que impera en esos ámbitos.

Durante la noche neoliberal el Estado se llenó de organismos autónomos y semiautónomos, los que en varios casos resultaron poco útiles o de plano han sido un lastre. Inútiles unos, cuestionados varios y costosos todos, el sector público deberá ser sometido a una cuidadosa pero drástica ingeniería que permita suprimir duplicidades, reducir costos, imprimir mayor eficiencia y ganar credibilidad pública. Hace un año (20 de febrero) lo dijo amlo, a su manera, cuando anunció que tales organismos serían “purificados” para evitar corrupción y conflictos de interés.

Por supuesto, la burocracia dorada ha ofrecido y ofrecerá una implacable resistencia, pero por salud social deberá empezar a disminuir el costo, la presencia y la influencia de tales organismos. Si existe una Secretaría de Educación Pública, nada justifica que exista el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues eso le toca a la sep. Hay una Secretaría de Energía, lo que hace superfluo que existan la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si contamos con la Secretaría de Economía, no se justifica que haya una Comisión Nacional de Competencia. Hay un Instituto Nacional de Telecomunicaciones cuyas funciones deberían ser reasumidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anda por ahí un Instituto Nacional de Acceso a la Información que carece de facultades coercitivas pero cuesta mucho dinero, pese a que cada dependencia pública debe rendir información y, en todo caso, deben ser los tribunales los que dictaminen en una situación de reticencia oficial. También merece un severo examen el estatus del Banco de México, pues su cúpula actúa –con una o dos notables excepciones– como enemiga del actual gobierno federal.

Si funciona bien el Registro Federal de Electores, no hay razón para mantener con vida el Registro Nacional de Población, pues en todo caso habría que aprovechar la muy valiosa experiencia del primero, agregarle las funciones que tendría el otro, incluido el Registro Civil, y darle un carácter autónomo. Se ganaría en eficiencia y el ahorro sería cuantioso.

Suprimir los órganos electorales estatales y concentrar todos los procesos comiciales en el ine disgustaría a los gobernadores, pero le haría un gran servicio a la democracia y a la economía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debería concentrar las atribuciones que ahora tienen las comisiones estatales para que éstas desaparezcan, pero la proyectada transformación de la cndh y el nombramiento de su titular por el Ejecutivo mandaría una pésima señal, pues la función de esta Comisión es precisamente vigilar a los funcionarios gubernamentales, desde el policía de la esquina hasta el Presidente de la República. Atentar contra la cndh sentaría un precedente nefasto, pues mostraría la indisposición del Ejecutivo para tolerar la actuación independiente del Ombudsperson.

Un foco de conflicto se localiza en el Instituto Nacional Electoral. Se trata de un organismo altamente oneroso, con funcionarios que cobran sumas rockefellerianas. Para colmo, el ine –antes ife—no se mostró tan vigilante ni enérgico ante el intervencionismo de los anteriores gobiernos federales en los comicios, lo que suscitó una justificada irritación en partidos y candidatos afectados por la displicencia de los opulentos consejeros, nada dispuestos a poner en riesgo sus privilegios. El actual Presidente de la República se considera víctima de esa actitud interesada, de ahí su nulo aprecio por los dirigentes del ine, organismo que para ganar la confianza ciudadana merece ser reformado, no suprimido.

López Obrador, como lo demuestran las encuestas, ha sido capaz de despertar grandes expectativas en una población con el ánimo vulnerado por varios sexenios de neoliberalismo, de entrega de los recursos nacionales, de enriquecimiento para unos pocos y una pobreza que afecta a tres de cada cinco familias. Hay confianza en el líder, pero necesita ser reforzada por medidas que no todos aplaudirán.

Hasta en la “honesta” Suiza hay corrupción, pues se trata de un fenómeno común a todo el mundo. Pero los países con más bajos índices en este renglón son los que vigilan a sus gobernantes, siguen con especial atención la actividad policiaca, la actuación de los fiscales y los veredictos de los jueces.

En la Colonia se hablaba del “unto de México”, la conocida untada de mano. Álvaro Obregón instauró los cañonazos de cincuenta mil pesos para doblegar a generales inconformes o levantiscos. El pri hizo de la corrupción su modus operandi y para la sociedad no quedó más remedio que ceder ante el burócrata deshonesto para dar viabilidad a todo trámite.

La inseguridad, diría Perogrullo, es hija de la descomposición social generada por décadas de corrupción generalizada, institucional, desbocada… Donde los presidentes se enriquecen como marajás, también lo harán los secretarios de Estado, los gobernadores y otros funcionarios y políticos de los tres poderes.

En ese mar de corrupción floreció el narcotráfico, proliferaron las bandas criminales y se acabó de descomponer el aparato público, con políticos cómplices de las bandas, jefes y agentes policiacos que eran (son) ellos mismos delincuentes, fiscales que no saben o no quieren integrar debidamente un expediente acusatorio y, de ese modo, facilitan el trabajo a los jueces para que suelten a los criminales, y en cada uno de esos pasos hay cochupos, sobornos, dinero sucio.

Sí, por supuesto hay que combatir frontalmente a la delincuencia, la organizada y la otra, pero la integración de nuevas corporaciones policiacas o paramilitares sirve de poco cuando su actuación no está cobijada por la sociedad. El alza de la criminalidad en 2019 parece confirmarlo, por mucho que los anteriores gobiernos incurrieran en omisiones a la hora de registrar las actividades delictivas.

La creación de la Guardia Nacional no ha sido acompañada de un proceso de saneamiento de las corporaciones existentes ni, mucho menos, de la necesaria capacitación de los cuerpos policiacos. Hace unos días, Omar García Harfuch declaró que los cursos de preparación de los nuevos policías de la ciudad de México serán ahora de ocho meses, lapso que parece insuficiente, pero ya no de ¡tres meses!

Difícilmente en tres meses o en nueve se puede capacitar a quienes deben enfrentar a la delincuencia. Nuestros policías necesitan ser físicamente aptos, conocedores de los principios del Derecho y de las leyes que deben aplicar. Por supuesto, han de saber manejar armas y usarlas cuando sea necesario, y sólo cuando sea necesario. Han de tener criterio para evaluar riesgos, discernir lo procedente en cada situación y actuar en consecuencia, lo que por ahora sólo ocurre en contados casos.

En lo social, se requiere de una fuerza política que trabaje en cada población, en cada barrio y en cada cuadra con el fin de organizar a la gente para fomentar la solidaridad, la educación y una cultura enemiga de la violencia. Sin embargo, no parece que Morena pueda cumplir esa tarea. Los dirigentes están muy ocupados en sus querellas tratando de satisfacer su ambición de poder (¿y de riquezas?).

Hasta ahora, amlo se resiste a poner orden en su partido, pero más temprano que tarde deberá hacerlo, pues en eso se juega el éxito o el fracaso de su gestión. Toda gran transformación social requiere que el gobierno cuente con un partido capaz de organizar a la sociedad dentro de ciertos lineamientos. Sin una nueva conciencia ciudadana, la simpatía que muestran las encuestas no se convertirá en militancia organizada y, sin ésta, no hay proyecto capaz de modificar la realidad.

El año 2020 tendrá que ser de grandes cambios. Si no es así, Morena y su líder nato perderán las elecciones del año próximo. Para México, es mucho lo que está en juego.

 

* Periodista

 

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