Voz y Voto en línea

Juzgar con perspectiva de género

Mujeres en el poder

Por: Mónica Aralí Soto Fregoso*

Hombres, sus derechos y nada más.

Mujeres, sus derechos y nada menos.

Susan B. Anthony

 

 

Cada año, cuando se acerca la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vemos, leemos y escuchamos innumerables discursos, artículos, eventos masivos (generalmente de mujeres) que llevan de una u otra manera a centrar la atención y el debate en torno al status de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, como son el derecho a la vida, salud, educación, libertad, bienestar económico, a la paz, la seguridad, el libre desarrollo de su vida y personalidad, a la toma de decisiones en el ámbito privado y público, a la participación política, entre otros, y por supuesto, la ineludible reflexión en torno al ejercicio de todos los derechos de las mujeres, libres de violencia y discriminación por razón de género. 

En la construcción de una sociedad justa e igualitaria tenemos una responsabilidad histórica desde los diversos espacios y roles que desempeñamos para abonar sustantivamente a la igualdad plena de mujeres y hombres.

A más de 40 años de la adopción, en 1979, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres  (cedaw, por sus siglas en inglés) que es el eje rector en donde quedaron plasmados los derechos humanos de las mujeres; a 25 años de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, documento de vanguardia mundial en donde se establecieron mecanismos para proteger y defender los derechos de las mujeres y luchar contra todos los tipos de violencia hacia ellas; ante la conmemoración de los 25 años de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, en donde se emitió la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan estratégico sin precedentes en el mundo para promover los derechos de las mujeres, la pregunta es: ¿Cómo están ejerciendo sus derechos las mujeres en México? Y, después de esta pregunta, cae una avalancha de preguntas que sin duda nos pueden cimbrar: ¿Cómo han ejercido sus derechos las mujeres a través de la historia? ¿Cómo se ha garantizado el acceso a ellos? ¿Cuál ha sido el avance? ¿Hay retrocesos? ¿Están detenidos? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué están haciendo las instituciones?... podría llenar hojas enteras con preguntas, tal vez sin respuesta, o con respuestas cortas y poco satisfactorias ante la realidad que nos sitúa en una lucha permanente por el respeto a los derechos de las mujeres ante una sociedad que parece insensible a los reclamos de mujeres que buscan, de todas las formas a su alcance, ser escuchadas en el unánime grito desesperado de “Alto a la Violencia”, “Ni una más”, “Las queremos vivas”, “El violador eres tú”; que buscan ser visibilizadas con posicionamientos de redes de mujeres, alertas de violencia, cadenas feministas y esfuerzos sororarios en todo el mundo.

Las instituciones de impartición de justicia son pilares en la construcción de una sociedad inclusiva e igualitaria y en la deconstrucción de la cultura patriarcal, pues su función sustantiva es el equilibrio y la paz social a partir de impartir justicia que garantice el goce de los derechos humanos de manera plena a todas y todos los justiciables;  muchos y muy grandes son los retos que hay que superar, pero es aquí en donde la sabiduría popular cobra fuerza: “el buen juez -y la buena jueza- por su casa empieza”. No podemos asumir un avance sustantivo en la protección de los derechos de las mujeres, en su acceso a la justicia, si no tenemos jueces y juezas convencidos de juzgar con perspectiva de género.

El Poder Judicial de la Federación ha asumido a cabalidad su compromiso de garantizar a las mujeres sus derechos a la igualdad plena; así lo ha sostenido el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ha manifestado públicamente y con acciones concretas, que el Poder que encabeza ha iniciado la ruta hacia la paridad de género.    

Estas acciones están plasmadas en diversos documentos como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos impartidores de justicia, tesis y jurisprudencias, así como en la política judicial que se ha delineado como uno de los ejes transversales, fortalecidos con la creación del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Juzgar con perspectiva de género implica hacer efectivo el principio de igualdad, ir más allá de la aplicación literal de la norma jurídica, es decir, poner en perspectiva el impacto diferenciado de la aplicación de la norma escrita ante el margen de interpretación, tomar en cuenta el contexto y la posibilidad de estar ante la presencia de elementos que impliquen discriminación a personas y/o grupos que históricamente se encuentran en situación de desventaja, como son las mujeres. Juzgar con perspectiva de género no implica preferencia incondicional hacia alguno de los géneros, su objetivo es dar preferencia a la igualdad sustantiva.

El Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos de impartición de justicia en México define la perspectiva de género como una “Categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación; evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias; pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas según dichas asignaciones, relaciones de poder y diferencias, y establece una estrategia adecuada para evitar el impacto de la discriminación en casos específicos.”1    

Uno de los ámbitos en que hemos logrado avances importantes es el de los derechos políticos de las mujeres. Se ha caminado de la lucha por el derecho a votar y ser votadas a la adopción de medidas positivas como las cuotas de género, la alternancia en las fórmulas de candidaturas conformadas por el mismo sexo, entre otras, hasta llegar a la paridad, lo que ha generado importantes avances que han posicionado cada vez con mayor intensidad a las mujeres en los cargos de elección popular.

Sin embargo, considero que el tema de las acciones afirmativas en razón de género no está agotado con lo desarrollado hasta el momento, puesto que es de esperarse que, en el ámbito político-electoral, los actores presenten esquemas más sofisticados para aislar en la medida de lo posible al género femenino del acceso al poder.

En esa tónica, nuestro deber al juzgar con perspectiva de género es encontrar esos esquemas discriminatorios y combatirlos con el desarrollo de soluciones que erradiquen toda forma de discriminación en la rama político-electoral desde el ámbito jurisdiccional.

Es importante hacer notar que el avance obtenido no ha frenado la violencia contra las mujeres, dado que se han presentado agresiones de todo tipo contra las personas del género femenino en el ámbito político.

Asimismo, es importante mencionar que los órganos electorales han generado diversas medidas para atender los casos de violencia política, como lo es la publicación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emprendido, con firmeza, acciones jurisdiccionales y administrativas para lograr la igualdad sustantiva, el acceso y permanencia de las mujeres en cargos públicos bajo el principio de paridad y libre de violencia de género; tanto la Sala Superior, como las Salas Regionales han emitido sentencias con criterios y argumentación sustantiva que priorizan la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, como en la postulación de candidaturas, acceso y permanencia en el cargo; se han emitido tesis y jurisprudencias que garantizan un avance en la igualdad de facto; igualmente, se han emitido medidas de protección y reparación del daño, así como un Protocolo para la atención de la violencia política hacia las mujeres en razón de género, en coordinación con otras instituciones.

Estas y otras acciones jurisdiccionales dan cuenta del ejercicio de juzgar con perspectiva de género, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido vanguardista, ensanchando la protección de los derechos a las mujeres y su acceso a la justicia para acortar la brecha de la desigualdad histórica en la que han vivido.

Como mujer y como juzgadora, he abrazado esta obligación constitucional y convencional con profunda convicción para contribuir a la anhelada igualdad sustantiva, a través del ejercicio de la impartición de justicia, de la visibilización y reconocimiento a las mujeres juezas y a todas las mujeres que día con día continúan su lucha sin descanso.

Juzgar con perspectiva de género, no es una opción: es una obligación que tiene como reto ser un modo de vida para quienes imparten justicia.

 

 

1 Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a.c. (amij).

 

 


* Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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