Voz y Voto en línea

A la mitad del camino

Mujeres en el poder

Por: María Ángeles L. Mac Donald y María del Carmen Rodríguez Rico *

La participación de la mujer en la vida pública ha sido un camino plagado de contrastes. A partir de 1955, las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto, aunque sin poder participar activamente en los asuntos públicos del país.

Durante décadas, las mujeres han participado en la vida pública bajo un esquema de minimización de sus aptitudes y desempeño de labores con nula toma de decisiones, es decir, que los cargos o puestos directivos preponderantemente han sido ocupados por hombres, mientras que las mujeres han quedado destinadas a simples labores administrativas, enfrentándose a ambientes laborales que impiden compaginar su vida personal y familiar. En otras palabras, a mayor jerarquía en los puestos, menor número de mujeres los ejercen.

Así como el acoso, la discriminación laboral ha sido un factor determinante para que muchas mujeres encuentren impedimentos en su desarrollo profesional o simplemente acepten trabajos por debajo de sus habilidades. Según datos de onu Mujeres, a enero de 2019 solo el 20.7 % de los cargos ministeriales estaban ocupados por mujeres a nivel mundial.1

Muchos han sido los esfuerzos institucionales para la prevención del acoso y la discriminación laboral dentro de la administración pública, aunque el mayor reto se centra en generar consciencia e interés entre las servidoras y servidores públicos acerca de la importancia de contar con conocimientos sobre la materia y aplicar en sus labores cotidianas la perspectiva de género.

Por lo anterior, es de vital importancia generar estrategias prioritarias en materia de prevención de la violencia y la no discriminación en todos los niveles de gobierno que promuevan, respeten y garanticen el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres.

La labor de incorporar la perspectiva de género en las actividades que se desempeñan en la Fiscalía Electoral comprende abordar la temática desde diversas aristas. Si bien el concepto de perspectiva de género hace referencia a las acciones para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres al interior de la institución, se debe partir de la consciencia que tiene el servidor público acerca de qué tanto aplica la perspectiva de género en sus actividades tanto dentro como fuera de la institución, incluso de si conoce tal concepto. En mi experiencia como servidora pública a lo largo del tiempo he notado que las personas, tanto mujeres como hombres, ejecutan acciones de discriminación sin tener conocimiento de ello; lo anterior se hace más patente en generaciones nacidas antes de la década de 1980, donde las condiciones familiares y sociales normalizaban este tipo de acciones hacia las mujeres. Incluso desde mujeres hacia mujeres.

Por otra parte, la resistencia al cambio organizacional en ciertos sectores de la población hace que personas experimenten angustia emocional ante la “imposición” de normas al interior de las instituciones que fomenten la igualdad de género; desde percepciones defensivas acerca de su futuro laboral hasta cánones de los grupos sociales a los cuales pertenecen y que les harían verse “inferiores” al interior de esos grupos, son algunas de las razones de por qué se genera en el individuo tal resistencia.

Como otra arista y como ya se señalaba en un inicio, se consideran las relaciones laborales en la institución, donde se menosprecian los méritos de las mujeres en la realización de sus actividades por el simple hecho de haber nacido mujer, incluso si se demuestra su desempeño superior respecto de la población masculina destinada a la ejecución de las mismas tareas. La idea de que “la mujer es el sexo débil” determina en muchas ocasiones, por desgracia en pleno siglo xxi, la colocación de personas que no cumplen con el perfil para el puesto especificado, a pesar de contar con mujeres aptas para ello.

¿Cómo hacer frente a las resistencias para la adopción plena de la perspectiva de género al interior de la institución? Para responder esta pregunta sería deseable que existiera un método tal como curar una enfermedad o hacer germinar una semilla. Sin embargo, la realidad social es un mosaico gigantesco de individualidades que, tratándose de adoptar la perspectiva de género como una condición sine qua non para el pleno desarrollo igualitario de mujeres y hombres –específicamente en la vida institucional del país– es necesario, antes que cualquier otra acción, realizar un diagnóstico acerca del estado que guarda el conocimiento de la perspectiva de género en la institución, con el objeto de sensibilizar a las personas servidoras públicas de la importancia de adaptar cambios que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, como bien señala la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Las acciones de sensibilización, capacitación, difusión y el desarrollo de mecanismos de denuncia al interior de los órganos internos de control fungen como herramientas básicas para la estrategia de conocimiento, aplicación y sanciones a favor de la implementación de la perspectiva de género dentro de la institución. No obstante, es preciso dejar en claro que, si bien el objetivo final es la construcción de la igualdad de género, esta debe permear en todos los aspectos de la vida de la persona servidora pública, convirtiéndose así en agente de cambio dentro de su respectivo núcleo social. Replicar el conocimiento adquirido para beneficio propio y de la sociedad permitirá a futuro una relación igualitaria entre mujeres y hombres.

En el ámbito electoral, las mujeres han tenido que optar por impulsar acciones afirmativas que garanticen su participación en la vida pública del país; aunque los avances han sido significativos, desafortunadamente hemos enfrentado la presencia de la violencia política tanto en el ambiente rural como en el urbano. Como ejemplo, en la historia democrática de nuestro país solo nueve mujeres han sido gobernadoras, la primera en 1979 en el estado de Colima y, actualmente, en Sonora y en la Ciudad de México. 

Con la reforma constitucional de 2019 se generó un precedente histórico de reconocimiento de los derechos de las mujeres mediante el cual se ha establecido la paridad obligatoria para los cargos de decisión en los tres Poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos y en materia de participación política. Lo anterior representa un gran avance para la intervención de la mujer en la vida pública, aunque su aplicación conllevará problemáticas en diversos sectores.

Ante el aumento de la participación de la mujer en la vida pública del país, mayor es la probabilidad de ser víctima de violencia política en razón de género. Este tipo de violencia lamentablemente se ha ido normalizando y muchas de las mujeres afectadas no levantan una denuncia por temor a represalias que impidan la continuación de una carrera política. Ante esto, las dependencias de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y los propios partidos políticos, deberán de generar mecanismos para la prevención de estas conductas que violentan profundamente los derechos político-electorales de las mujeres, en especial a nivel municipal. Por el momento, y ante la ausencia de un tipo penal federal que sancione esta serie de conductas u omisiones, es necesaria la utilización del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además de no pasar por alto que la gran mayoría de las conductas que involucran agresiones políticas contra mujeres en razón de género configuran otras conductas delictivas reconocidas por la ley.

Resulta imperativo promover acciones específicas de prevención con el objetivo de conscientizar sobre la violencia política contra las mujeres y su impacto en la vida democrática del país. De igual manera, los partidos y agrupaciones políticas deberán de generar mecanismos de denuncia propios y reformas a sus lineamientos internos a fin de generar una protección integral a las mujeres, especialmente durante las candidaturas y las campañas electorales, dando cumplimiento a las leyes de paridad y evitando simulaciones.

Como sociedad, debemos fomentar la educación cívica en el ámbito escolar y familiar que promueva la intervención de los ciudadanos en los distintos espacios de la vida pública y privada sin distinción de sexo, etnia o religión, así como impulsar la inclusión de todas las voces en la toma de decisiones.

En conclusión, la participación de las mujeres en la vida política del país contribuye de manera significativa al desarrollo nacional, lo que representa una mayor fuerza laboral, un aumento significativo en la productividad, reducción de la pobreza y contribución a las condiciones de paridad. Mientras más mujeres formemos parte del cambio en la participación política del país, mayores serán los beneficios a fin de consolidar una sociedad basada en la igualdad.

 

 

1 onu mujeres. (2019). Hechos y cifras: Liderazgo y participación política. Disponible en:

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures

 

 


* Maestra en Derecho con especialidad en amparo por la Universidad Latinoamericana. Actualmente se desempeña como Directora General de Política Criminal y Vinculación en materia de Delitos Electorales en la Fiscalía General de la República (FGR).
** Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur. Actualmente ocupa el cargo de Directora de Política Criminal en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).

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