Voz y Voto en línea

Sin violencia

Mujeres en el poder

Por: Jessica Ortega de la Cruz*

Cualquiera diría que en la época de los congresos paritarios, de la paridad en todo y de las cifras históricas de representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones ya no habría necesidad de plantear asignaturas pendientes en la igualdad de acceso de las mujeres a las oportunidades de incidencia política. No obstante, es justamente esta coyuntura la que debe avivar el análisis sobre si las mujeres estamos o no justamente representadas en los asuntos de lo público, o sobre si nuestra voz se traduce en decisiones de trascendencia para la vida democrática de nuestro país.

La participación y la representación política son dos acciones que debemos analizar de manera separada ya que, aunque una depende de la otra, la simple acción de participar no cumple con los parámetros de acceso a los espacios de representación de forma descriptiva, mucho menos entonces, de manera sustantiva.

La lucha de las mujeres mexicanas por participar de las decisiones públicas trascendentales data de los inicios del siglo xx; sin embargo, el reconocimiento formal de nuestros derechos políticos se dio hasta casi 5 décadas después, el 17 de octubre de 1953, en una época en la que los movimientos de mujeres lograban apenas visibilizar –entre muchas otras desigualdades– la que había en el ejercicio del poder y en la toma de disposiciones públicas en las que, claramente, la perspectiva del género femenino era nula.

Una vez que las mujeres logramos votar y ser votadas, el siguiente paso después de ir a las urnas a expresar nuestra voluntad fue buscar espacios de participación que se convirtieran, en cierto sentido, en las trincheras representativas de una agenda de igualdad que históricamente se había anulado al tenor de un desinterés obvio por el sistema controlado por los hombres. Y es que reconocernos como sujetas de esos derechos políticos no fue sino un paso mínimo comparado con el reto que desde entonces –y hasta ahora– significaría acceder a la representación, lograr la autonomía y trabajar en función de una sola agenda de igualdad para reducir las muchas brechas abiertas como abismos entre hombres y mujeres en nuestro país.

Han pasado casi 67 años desde que las mujeres logramos ser incluidas en los procesos democráticos de México, sin embargo, el camino ha sido por demás sinuoso. Lograr la presencia en los escaños legislativos o en los gobiernos estatales no ha sido sencillo y, aunque son múltiples las reformas que durante las últimas dos décadas se han logrado para avanzar hacia la paridad, estas sólo han funcionado en espacios en donde se combinan las listas y las mayorías relativas, no así en los espacios en los que la competencia depende exclusivamente del electorado, lo que deja ver que los factores culturales son también relevantes al análisis de la representación política de las mujeres en México.

Los factores que aún en estos días condicionan el acceso de las mujeres a espacios de poder no son aislados y responden, en su mayoría, a la concepción androcentrista de la política que –de manera subyacente– sobrevive en nuestro sistema y en el imaginario colectivo mexicano.

Una mujer que decide participar de manera activa para lograr una representación política en México ha de enfrentarse a múltiples elementos de inhibición de sus aspiraciones por lo que, aunque el sistema de cuotas ha sido un avance sustancial durante los últimos años para garantizar que las mujeres se integren efectivamente a la vida pública del país, en un escenario en el que el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres se exige esencial, debe ineludiblemente acompañarse de cambios culturales profundos para garantizar que las oportunidades ganadas no se vean mermadas por obstáculos que, basados en los estereotipos y roles de género, persisten, y que sitúan a las mujeres en una posición natural de desventaja ante los varones que no enfrentan ni los mismos obstáculos ni los mismos juicios sociales sobre sus competencias.

Es importante, cuando se habla de techos para las mujeres, que la discusión no se centre en exagerar vulnerabilidades sino en poner en perspectiva las condiciones bajo las cuales las mujeres pelean el acceso a los espacios de toma de decisiones.

Si seguimos sin avanzar al paso deseado es en gran medida por una cultura de inequidad en la que las aspiraciones de las mujeres no encuentran las mismas condiciones que los varones; los techos que no se ven, pero están ahí; la invisible barrera que nos deja llegar, pero no alcanzar el poder. La desigualdad de género es un problema estructural que supone soluciones integrales que atraviesan, invariablemente, el plano político, y que al encontrarse con límites asociados al acceso a la representatividad constituyen también, como un círculo vicioso, un obstáculo para cerrar las brechas que aunque en apariencia deberían ser cada día más reducidas, inversamente proporcionales al crecimiento de las estadísticas de la representación política de las mujeres, la realidad no es tan optimista como el deber ser.

Consolidar la paridad de género es el paso que sigue en este camino por la igualdad sustantiva por la que tanto hemos peleado. Pero efectivizarla implica no solamente posicionar a las mujeres en la mitad de los espacios de poder, sino generar mecanismos que rompan con los techos que nos impiden ser partícipes de las decisiones de cúpula que están todavía concentradas en los varones. Actualmente, en el Senado, el 50.78% de los escaños son ocupados por mujeres mientras que, en la Cámara de Diputados, la paridad está apenas representada por el 48% de las curules, y aunque ambas cámaras sean presididas por mujeres, la distribución del poder no es equitativa ni en los grupos parlamentarios ni en los espacios de toma de decisiones. La situación es menos favorable si centramos nuestra atención en el plano de la representación subnacional, ya que ni las cifras son cercanas a la paridad, ni el acceso a la toma de decisiones autónomas de las mujeres es palpable.

En ese sentido, mientras que las cámaras federales cumplen el principio de paridad, en la historia de México sólo 9 mujeres han resultado electas como gobernadoras; en los ejercicios municipales el resultado es similar y aunque este año alrededor del 19% de los municipios en el país es gobernado por mujeres, las cifras están lejos de la paridad, aún cuando las acciones afirmativas son tendientes a lograrla en el plano federal.

Las brechas de desigualdad que prevalecen en nuestro país, la falta de oportunidades de desarrollo y la marginación que se enquista producto de la discriminación son elementos que deben considerarse cuando hablamos de la baja representatividad en el nivel subnacional de las mujeres en los espacios de poder. Las mujeres que participan en política en los niveles locales se exponen, además de a las violencias –ya de por sí un mal enraizado a lo largo y ancho del territorio mexicano–, a la invisibilidad que ofrecen las pequeñas poblaciones frente al contexto nacional.

Las mujeres que quieren ser alcaldesas, diputadas locales, síndicas o regidoras sufren la segregación de la falta de mecanismos a nivel subnacional para traducir la igualdad de derechos políticos en igualdad de oportunidades o en condiciones de igualdad. Las medidas para prevenir que las mujeres que buscan estos espacios no sufran de violencias o se les garanticen pisos parejos son apenas incipientes frente a lo que se ha logrado a nivel federal, y es que, a pesar de las acciones que se han emprendido en cada entidad para garantizar la participación efectiva de las mujeres, aún reconocemos rezagos importantes que permean de lo político a lo social –y a la inversa– y que constituyen, pues, otro factor para la baja representación en el nivel subnacional.

Es así que, sin profundizar en otros muchos porqués de la disparidad en la representación política a nivel federal y a nivel subnacional, encontramos una coincidencia que debe alertarnos: las violencias inhiben la participación en ambos casos.

Las violencias en el plano subnacional persisten y se enquistan –en gran medida– porque las acciones afirmativas que favorecen el desarrollo de las mujeres no sólo en el acceso, sino en el ejercicio de cargos, así como la consideración de las especificidades de las mujeres que desean participar, no se han atajado de manera integral. ¿Qué parámetros toman en cuenta los partidos políticos para la asignación de candidaturas? ¿Qué medidas de precaución toman los órganos electorales locales para inhibir las violencias? ¿Son estos criterios sujetos a los principios de igualdad y no discriminación?

Las respuestas a estas interrogantes son obvias: los partidos políticos cumplen con las postulaciones, y aunque se sujeten a fórmulas, las piezas del ajedrez siempre favorecerán a uno de los géneros, en su mayoría, a los varones. Para el caso de los órganos electorales, la paridad horizontal y vertical deben incluirse como regla en las candidaturas a los ayuntamientos –de manera ineludible– para garantizar el acceso y permanencia de las mujeres en los cargos de elección y reforzar la inhibición de violencias. En el plano federal las violencias, aunque distintas, también frenan el crecimiento de las mujeres: la invisibilización del trabajo, el reparto de comisiones legislativas, las coordinaciones de bancadas e, incluso, las calumnias en razón de género son constantes y también representan frenos al ejercicio del poder.

No olvidemos que la violencia política en razón del género va más allá de impedir la participación y representación de las mujeres y constituye un freno al desarrollo de liderazgos. Es un círculo vicioso en el que las mujeres políticas se encuentran con brechas muchas veces muy profundas, mientras que otras más afortunadas logran allanar los caminos más boscosos. La intención es la misma: el ejercicio del poder de manera autónoma, libre e igual.

Dominar e imponer de tal modo que el patriarcado perpetúe su gobierno, son el tipo de violencias con las que nos enfrentamos las mujeres que hemos decidido dar un paso adelante, lo mismo en el plano político que en muchos otros rubros porque, nos asista el derecho o no, la cultura sigue siendo un freno aún más poderoso que el de la palabra escrita. Las mujeres conocemos las desigualdades y hemos decidido enfrentarlas para transformar nuestra realidad y la de muchas otras que están o que vienen. El ejercicio del poder no es sencillo, pero los pasos que hemos dado a través de los años nos dejan ver señales de lo que podría ser, más allá de la paridad, una sociedad de iguales, en la que ni las cuotas ni las leyes se sujeten a proteger a unos u otras.

Mientras eso sucede, las mujeres avanzamos unidas y en red para seguir logrando transformaciones profundas que nos garanticen la plenitud, la libertad y la certeza de que podemos decir, hacer, participar y representar nuestras causas. Si la violencia persiste, la lucha resiste. No podemos dar pasos atrás para erradicar las violencias que no sólo nos están frenando, sino que nos matan a diario. Lo que pasa en política, la violencia que se ejerce contra las mujeres es en gran medida el reflejo de nuestra sociedad. Por eso, y con más fuerza, lo que sigue es erradicar la violencia en contra de las mujeres, romper los techos que frenan nuestro desarrollo y reducir las brechas que nos mantienen en condiciones de desigualdad.

 


* Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento, del partido Movimiento Ciudadano.

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