El avance de los derechos políticos y civiles de las mujeres ha sido resultado de una lucha constante y estratégica que diferentes grupos han impulsado a nivel mundial. A pesar de esto, hoy en día persisten prácticas de exclusión y discriminación que tienen como fin, aminorar la participación de las mujeres tanto en los espacios de toma de decisión como en la esfera pública en general.

Una manifestación de discriminación es la violencia política contra las mujeres en razón de su género, es decir todas aquellas acciones y hasta omisiones, que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer, cuyo impacto tenga efectos desproporcionados y diferenciados, y que tenga como objetivo menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales.  Las formas de presentarse pueden ser, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica, física o feminicida.

A pesar de que la violencia política en razón de género no es un fenómeno reciente, -y se presentó durante la persecución de las sufragistas en el siglo XIX- XX-, el reconocimiento social y jurídico de esta problemática ha sido complejo; esto se debe en gran medida, a los niveles de autoritarismo y androcentrismo que componen el sistema político y en cuya realización se tiene como propósito transmitir un mensaje el otros grupos de mujeres  que el lugar de la política solo puede ser desarrollado por los hombres (Krook y Restrepo, 2016), y que la irrupción al orden social – hasta jurídicamente-  tiene costos y consecuencias.

Este tipo de violencia hacia las mujeres enmarca una desigualdad en las relaciones de género sobre la que se refuerza la idea y naturalización de la violencia en el ámbito político y la normalización e invisibilidad de la violencia estructural hacia las mujeres y niñas, por lo que no solo son inexistentes los canales efectivos para la denuncia y sanción, sino incluso para el propio reconcomiendo de la experiencia.

REALIDAD MEXICANA

En el caso mexicano, la igualdad de derechos constitucionales como la paridad, no ha significado que las mujeres tengamos las mismas oportunidades para hacer efectivo el ejercicio pleno del poder. El aumento de la representación descriptiva (numérica), no se ha traducido en igualdad sustantiva o efectiva.

Durante el pasado proceso electoral del 2018, la violencia política en razón de género fue uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres, no solo durante los procesos de campaña sino en la cotidianidad de nuestro mandato. Según la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, registraron cerca de 106 agresiones a políticas y candidatas, de las cuales cerca del 60% se experimentó en municipios, pues es precisamente en los espacios locales donde existe mayor resistencia jurídicas pero sobre todo mayor castigo social a la incursionen de las mujeres en la política[1]. También es en estos espacios, donde la intimidación, amenazas y violencia sexual son sus principales herramientas.

Gracias a la documentación de experiencias y seguimiento de casos que han hecho tanto autoridades locales, federales, academia y diversas organizaciones de mujeres, hoy en día podemos conocer algunas de las manifestaciones más comunes de violencia política en razón de género; pero sobre todo podemos comprender y distinguir los retos que enfrenta su tratamiento, sanción y prevención.

Estamos conscientes que en sociedades sumidas en proceso de violencia generalizada, no todo puede ser entendido como violencia política contra las mujeres en razón de su género, sin embargo, sí es fundamental reconocer la existencia de una atenuación social con componentes y fines específico como lo es: disminuir la participación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

DESDE EL LEGISLATIVO

La erradicación de la violencia política por razón de género implica un tratamiento transversal del sistema normativo, que permita asegurar la prevención y protección que experimentan las mujeres políticas, más allá de los tiempos de campaña.

De igual forma, es importante poner en la mesa de discusión que el impacto de este tipo de violencia no solo tiene consecuencias en el sistema democrático en sí al disminuir el número de mujeres en los espacios de toma de decisiones, sino también tiene costos personales con impactos más allá de la vida política de las víctimas, como lo son la salud física y psicológica.

La apuesta no debe enmarcarse exclusivamente en los planos punitivos. El reconocimiento jurídico de las distintas modalidades de la violencia política en razón de género, debe de ir acompañado de serie de políticas dirigidas a garantizar la reparación del daño a las víctimas, y la no repetición en los planos individuales y comunitarios. De esta forma las sanciones y programas deben incluir a los partidos políticos, medios de comunicación, órganos electorales, sociedad etc.

Desde el legislativo federal, debemos establecer los canales efectivos y homologados para sancionar este tipo de violencia de forma más eficiente, que incluya medios de comunicación, ciudadanía, e incluso a los partidos políticos y funcionarios que obstruyan los procesos de denuncia y ejecución, y contribuyan a reafirmar la violencia y estereotipos sobre las mujeres en la política.

Las legisladoras de la paridad debemos de dirigir nuestros esfuerzos a transformar las raíces estructurales de la violencia política en razón de género, erradicando cada una de las manifestaciones de violencia que experimentamos las mujeres, tanto en los espacios públicos como privados, garantizando el avance y acceso de las mujeres al poder.

Mtr. Wendy Briceño Zuloaga