BLOG Y VOTO

Y el modelo de comunicación político-electoral… sigue

Octubre 28, 2018 | Por: Alberto Consejo Vargas

En este blog, a principios de mayo pasado, dimos cuenta de cómo la autoridad electoral, vía la Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD) del INE, el 27 de abril, decidió negar las medidas cautelares demandadas por Jorge Alcocer, entre otros, a efecto de retirar el spot[1] patrocinado por la asociación civil de Mexicanos Primero donde cinco niños personificados como los candidatos presidenciales llamaban a votar por el candidato que apoyara la transformación educativa. Esto en franca contravención de la prohibición constitucional de contratar propaganda político-electoral en radio y televisión a favor o en contra de candidatos.

Contra la renuencia de la CQyD Alcocer acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SSTEPJF); la que daría la razón al demandante y por tanto el spot en comento fue retirado del aire.

El 27 de junio la Sala Regional Especializada del Tribunal (SRETEPJF), que tuvo conocimiento desde el origen de las conductas denunciadas, advirtió las faltas e impuso a Mexicanos Primero Visión 2030 A.C., Uno y Medio Publicidad México, S. de R.L: de C.V., Televisa S.A. de C.V., TV Durango, S.A. de C.V., y XEIX, S.A. la sanción de amonestación pública por la contratación en medios de propaganda en radio y TV dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

Contra esta sentencia, que a juicio de Jorge Alcocer, vulnera el modelo de comunicación político-electoral, pues una amonestación no garantiza dejar de cometer la conducta, interpuso un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la SSTEPJF; el 24 de octubre los magistrados de ésta por mayoría de cuatro contra tres[2] decidió revocar la sentencia que solamente amonestaba y ordenó que la SRETEPJF emita nueva resolución contra las personas encontradas responsables de la conducta prohibida y se les aplique una individualización por la infracción cometida; lo que podemos entender que serán multas que tendrán que atender los efectos de la comisión de cada persona moral.

Nos queda por ver el monto y tipo de sanciones; los que deberán ser disuasivos en modo tal que no se vuelvan a cometer.

 



[2] Los magistrados que votaron a favor del proyecto fueron: Janine M. Otálora Malassis (presidenta); Felipe de la Mata Pizaña; Indalfer Infante Gonzales (ponente) y Reyes Rodríguez Mondragón; quienes votaron en contra fueron los magistrados: Felipe Alfredo Fuentes Barrera; Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.

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