JUSTICIA

Caso servidores de la nación. Uso indebido de recursos públicos: crisis y responsabilidad

Comentario en relación con la implementación de programas sociales por parte de la Secretaría del Bienestar. Expediente SRE-PSC-71/2019.

 

En el libro Derechos y Garantías, Luigi Ferrajoli sostiene que estamos atravesando por una crisis jurídica profunda y creciente, incluso en los países considerados altamente democráticos. Una de las manifestaciones de esa crisis es la fenomenología de la ilegalidad que, entre otros aspectos, tiene que ver con la falta de sujeción a la ley por parte de los detentadores del poder, así como la degradación de las reglas y límites que se les imponen.[i] En México, una de las vertientes de esa ilegalidad por parte de las autoridades es el mal uso o abuso de los recursos públicos que tienen a su cargo, entre otros fines, obtener ventajas indebidas en el ámbito electoral.

 

El indebido uso de recursos públicos con fines electorales se traduce en un riesgo para la democracia, al menos, en dos vertientes: primera, que los representes electos dejan de cumplir su función al usar el dinero público para fines ajenos a los previstos, con lo cual se rompe la base de la soberanía popular; en segundo lugar, condicionar programas sociales, beneficios o servicios a cambio de votos, o bien, destinar recursos para obtener ventajas frente al electorado, atenta directamente contra la libertad y autenticidad de las elecciones. Es evidente que, en la medida en que disminuye la calidad de la democracia, aumentan los problemas sociales y la afectación a los derechos humanos.

 

Frente a esas circunstancias, a través del propio derecho hemos tratado de hacer frente a la crisis de legalidad, al llevar al más alto rango jerárquico normas explícitas que prohíban lo que, en principio, parecería evidente: que los recursos públicos se apliquen con imparcialidad, sin influir en las contiendas electorales y sin que se utilicen para que los servidores públicos se posicionen frente al electorado y obtengan ventaja en los procesos electorales, mediante el uso indebido de la propaganda institucional.[ii]

 

No obstante, a pesar de esas prohibiciones constitucionales explícitas y que parecen ampliamente racionales en un estado democrático, donde también se han promulgado leyes, elaborado reglamentos, manuales, circulares, etcétera, que prescriben el correcto uso de recursos públicos, y donde existe mucha jurisprudencia sobre los elementos para configurar una violación a esas normas, seguimos atestiguando la constante ilegalidad en que incurren muchas autoridades que tienen a su cargo recursos públicos. Quizás por desconocimiento o bien, porque es más la ventaja que se obtiene, que la sanción de la que podrían hacerse acreedores e, incluso, que pueden ser absueltos por los órganos jurisdiccionales, a pesar de la comisión de actos indebidos, lo que les permite actuar con impunidad.

 

Un buen ejemplo de lo señalado se puede estudiar en el expediente del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave SRE-PSC-71/2019[iii], que, en esencia, derivó de la actuación de diversos funcionarios de la Secretaría del Bienestar, durante la ejecución e implementación de diversos programas sociales y su difusión, en donde se utilizó de manera destacada el nombre del Presidente de la República, lo que se tradujo en su promoción indebida.

 

En la parte que interesa para los fines de este comentario, en ese procedimiento se acreditó que, en gran parte del territorio nacional, durante la elaboración de un censo por parte de funcionarias y funcionarios de la Secretaría del Bienestar (destacadamente se habló de los denominados en la ley como Servidores de la Nación) y la implementación de diversos programas sociales, en los cuales se utilizó ropa en la que se apreciaba de manera clara el nombre de Andrés Manuel López Obrador, así como que en los discursos, mensajes y difusión en redes sociales, correspondientes a la publicidad de esos programas, se destacaba la figura del Presidente.

 

En específico, los Servidores de la Nación portaban chalecos e indumentaria de la Secretaría del Bienestar, pero que, ostensiblemente, tenían impreso el nombre del Presidente, y con ellos llevaron a cabo el censo de necesidades y la ejecución de los programas de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de Reconstrucción, entre otros.

 

También quedó demostrado en el expediente, la existencia de diversas publicaciones realizadas por diversos Delegados Estatales, Subdelegados Regionales y Servidores de la Nación en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, así como notas periodísticas, en las cuales se advierten frases, expresiones o imágenes relacionadas con el Presidente de México, con motivo de las actividades llevadas cabo por la Secretaría del Bienestar.

 

Aunado a los aspectos objetivos señalados en el párrafo anterior, en concepto de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en el tiempo en que acontecieron esos hechos  se encontraba en marcha el proceso electoral en Puebla y estaban por iniciar los correspondientes a Coahuila e Hidalgo, existió la posibilidad[iv] de que esos hechos hubieran generado afectación negativa de alguna manera y hubieran incidido en ellos (no se dice de cuál manera, ni cómo pudo haber sido la afectación o incidencia).

Con base en los anteriores elementos, el órgano jurisdiccional determinó que los Servidores de la Nación denunciados, al ser quienes materialmente llevaron a cabo las actividades indicadas, algunos Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, adscritos a la Secretaría de Bienestar; y diversos Subdelegados Regionales, al ser superiores jerárquicos de aquellos y permitir que se llevara a cabo la promoción del nombre y logros del Presidente de la República, y en algunos casos participar activamente en su promoción ilegal en redes sociales, fueron responsables administrativamente.

Así, al haber calificado esos hechos y circunstancias como infracciones a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, la Sala Regional, al no tener atribuciones para sancionar, envió al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, así como a la titular de esta última, copia certificada de la resolución y de las constancias del expediente para que determinaran lo que estimaran pertinente. Por otro lado, en el procedimiento se determinó la inexistencia de alguna infracción por parte del Presidente de la República, no obstante, que era su nombre y logros los que se promocionaban, así también, se absolvió a María Luisa Albores González, Titular de la Secretaría de Bienestar y a Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal y al partido político MORENA.

 

Como se adelantó, este caso hace patente la crisis de legalidad que mencioné al inicio, al menos por dos situaciones concretas: la utilización indebida de recursos públicos por parte de algunas autoridades, en la ejecución de programas sociales que van dirigidos a personas que están en situaciones de vulnerabilidad, y por tanto, en estas circunstancias, en lenguaje de Ferrajoli, son los más débiles, por lo que se puede hablar de un ejercicio abusivo del poder, y por otro lado, en la inexistencia de sanciones adecuadas que puedan representar un contrapeso por parte del Poder Judicial, ya que se absolvió a los superiores jerárquicos (Presidente de la República, Secretaria de Bienestar y Coordinador de General de Programas) y, sólo se consideró que incurrieron en violación a la Constitución General de la República los inferiores, quienes no fueron sancionados en ese procedimiento, porque así está diseñado el sistema, sino que se envió a sede administrativa el expediente para que determinaran lo que corresponda.

 

Derivado de lo anterior, se puede concluir que es indispensable un cambio profundo en muchos aspectos jurídicos, porque de lo contrario, estoy seguro de que situaciones como las que fueron motivo del procedimiento sancionador que se comenta, seguirán en aumento, con el necesario desgaste a la frágil democracia que estamos construyendo.

 



[i] Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías. La Ley del Más Débil, Trotta, Madrid: 2002, p. 15 et alt.

[ii] Los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional establecen:  “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.- La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

[iii] Resuelto por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintisiete de diciembre de dos mil dicecinueve.

[iv] Cabe mencionar que ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el tipo administrativo en estudio es de “peligro” y no de “resultado”. Por ejemplo, puede verse la sentencia recaída en el expediente SUP-REP-85/2019.

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