DESIGNACIONES INE 2020

Aprendizajes para 2020 de las designaciones 2017

Durante los próximos días, le Cámara de Diputados habrá de elegir a cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al finalizar los periodos para los que fueron designados los consejeros electorales Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Benito Nacif y la consejera Pamela San Martín. Por ello, a continuación, se presentan 10 aspectos de la designación de consejerías del INE en 2017 que valdría la pena tomar en cuenta en 2020.

1.       Definición de la metodología para la evaluación. La legitimidad de la designación recibió una afectación de origen, pues la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) definió la metodología a seguir para la evaluación de las y los aspirantes, previo a la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE), cuya función es vital para garantizar un proceso de evaluación objetivo e imparcial. En 2020, la JUCOPO ha respetado la autonomía del CTE para la delimitación de la metodología con la que se evaluará a las y los aspirantes.

2.       Integración del CTE. Como es sabido, la integración del CTE es realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la JUCOPO en una proporción dos integrantes por cada uno de los órganos autónomos y tres por el órgano de coordinación política de la Cámara de Diputados. Durante 2017, con independencia de las y los integrantes designados no se garantizó la transparencia en la selección de los perfiles, lo que implicó que se integrara de forma discrecional por los encargados de hacerlo. Al momento de redactarse este texto, el INAI ya realizó la designación de las dos personas que le corresponde aportar al CTE, su proceso evidenció mejoras, pues se puso a disposición un micrositio en el que fue posible revisar las fichas curriculares de las personas propuestas. No obstante, no debe pasar desapercibido que la designación se realizó sin la presencia de uno de los comisionados.

3.       Documentación para el registro de aspirantes. La documentación solicitada a las y los aspirantes constituyó un insumo para evaluar experiencia de las y los aspirantes en distintos rubros. Sin embargo, el proceso falló en no ser explicito en requerir documentación para acreditar características que, con posterioridad a la convocatoria se incluyeron en la evaluación. Tal problemática perdura en el proceso de designación de 2020, lo que se solventaría si la convocatoria se emitiera con mayor anticipación entre los periodos de registro, de instalación del CTE y la definición de la metodología a utilizar.

4.       Cédula de evaluación curricular. Por otro lado, en 2017 Los instrumentos de evaluación curricular fueron deficientes; por ejemplo, en los rubros a valorar no se contempló que los aspirantes obtuvieran cero. En 2020 no se han conocido dichos instrumentos, por lo que se comparte el modelo utilizado en 2017 obtenido a través del Recurso de Revisión RRA 3369/17 resuelto por el Pleno del INAI el 23 de agosto de 2017.
 

5.       Examen de conocimientos. Asimismo, vale la pena destacar que en 2017 se incorporó un examen de conocimientos a la evaluación, lo que en un primer momento es un elemento positivo, sin embargo, dicho instrumento se basó exclusivamente en disposiciones jurídicas en materia electoral, siendo que, además de no ser suficiente para valorar los conocimientos de las y los aspirantes, no considera la potencial pluralidad profesional de los perfiles en contienda. 

6.       Publicidad de los perfiles de las y los aspirantes. Un componente fundamental que abona a que los procesos de designación cumplan con los mejores estándares de transparencia es la publicación de extractos curriculares o bien de las versiones públicas de los expedientes de las y los aspirantes. Lo que con base en la convocatoria de 2017 se cumplía, sin embargo, en la práctica jamás ocurrió, por lo que la opinión pública requirió de sus propios medios para conocer los perfiles de las 152 personas que estuvieron en contienda. En 2020 se ha previsto la publicación tanto de la versión pública del currículo, como la exposición de motivos, los ensayos, artículos u obras inéditas proporcionadas por las y los aspirantes.

7.       Participación ciudadana. Vale la pena mencionar que, un recurso invaluable en la toma de decisiones lo constituye la participación ciudadana. En 2017 no se consideró así, motivo por el cual no fue posible que la ciudadanía hiciera llegar escritos que evidenciaran aspectos de relevancia sobre cada uno de las y los aspirantes que sirvieran para enriquecer el análisis sobre los perfiles registrados.

8.       Resultados de las evaluaciones. La naturaleza del encargo de las y los consejeros electorales es de notorio interés público, por ello se considera que, los resultados de las evaluaciones deben hacerse públicos asociándolos a los nombres de quienes accedan a las siguientes etapas del procedimiento de designación. Contrario a la afirmación anterior, en 2017 no se asociaron los resultados de las evaluaciones a los nombres de las y los aspirantes que accedían a las siguientes etapas del proceso de designación lo que privó a los propios participantes y a la opinión pública en general de tener certeza que quienes avanzaban en efecto habían sido las y los mejores valorados.

9.       Entrevista con las y los aspirantes. La entrevista sostenida con los cincuenta y un aspirantes que accedieron a dicha etapa fue opaca. En primer lugar, no fue posible visualizar o escuchar las propias entrevistas, aun y cuando estaba previsto hacerlo. En segundo lugar, no se conoció el instrumento de evaluación utilizado, ni su resultado. Dicha información se declaró inexistente derivado del Recurso de Revisión RRA 3369/17 especificando que el instrumento solo sirvió de manera orientativa para la conformación de las quintetas por el CTE.

10.   Justicia electoral. Por último, considero necesario señalar que durante 2017 no se garantizó el acceso a la justicia electoral por parte de las y los aspirantes al haberse desechado la totalidad de los medios de impugnación interpuestos por tratarse de agravios irreparables. Pues, de acuerdo a las sentencias (SUP-JDC-147/2017; SUP-JDC-155/2017; SUP-JDC-178/2017; SUP-JDC-178/2017) al haber concluido la labor del CTE, era imposible reponer alguna de las etapas de las que dicho órgano se erigió como autoridad. Dicho precedente sugiere que la máxima autoridad jurisdiccional en el país jamás entrará al fondo de algún asunto relacionado con la actuación del CTE mientras no se establezca en la legislación que dicho órgano deba mantenerse en funciones en tanto existan medios de impugnación en curso.

 

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