JUSTICIA

Requisitos para la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

¿La distinción entre personas mexicanas por nacimiento o naturalización, responde a una categorización discriminatoria o es una diferencia justificada?

 

La historia mexicana ha dado cuenta de la desconfianza hacia las personas extranjeras, que ha servido para construir una nacionalismo defensivo a partir del cual se proteja a las y los mexicanos de la amenaza de aquellas. En ese sentido, desde la Constitución de 1917, se discutió sobre la idea de regular el acceso a la nacionalidad mexicana por naturalización, siempre bajo la premisa de evitar la posible intervención extranjera en la vida política, –que responde a la toma de decisiones sobre cómo dirigir el país,– así como a soslayar la intervención directa o indirecta de otros Estados en la soberanía nacional.

 

A partir de esas concepciones y preocupaciones es que comenzó a crearse el ordenamiento jurídico que regula la nacionalidad y la forma de adquirirla, limitando ciertos derechos a las personas que la adquirieran por naturalización, ejemplo de esa restricción de derechos es la imposibilidad de acceder a ciertos cargos públicos que se encuentran reservados para los mexicanos/as por nacimiento. Esa situación, irremediablemente generó una categorización entre dos clases de mexicanos/as: las personas naturalizadas mexicanas y las personas mexicanas por nacimiento, que hasta no hace mucho tiempo se empezó a cuestionar si esa distinción resultaba razonable.

 

De este modo, los Máximos Tribunales Constitucionales en México, han comenzado a analizar la razonabilidad de la distinción entre estas “dos categorías de mexicanos/as”, por lo que conscientes que el que la igualdad y la prohibición de toda conducta discriminatoria son pilares fundamentales de un Estado democrático, le han dado un contenido progresivo a ese principio, gracias a diversos factores sociales, particularmente frente a la inminente globalización de la que ha sido beneficiario México, la cual ha permitido la eliminación de barreras geográficas e ideológicas que facilitan el tránsito y estadía de extranjeros en el país, con miras a radicar en el mismo y crear una identidad con este país.

 

En ese contexto se enmarca la reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-134/2020 S UP-JDC-140/2020, SUP-JDC- 146/2020, SUP-JDC-147/2020, SUP- JDC-148/2020 y SUP-JDC-153/2020 acumulados, en los cuales el problema jurídico a resolver consistió en analizar si los requisitos de ser mexicano/a por nacimiento, tener titulo profesional con una antigüedad mínima de cinco años, así como la restricción de integrantes del Servicio Profesional Electoral, incluidos en la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y al proceso para la integración del respectivo Comité Técnico de Evaluación (en adelante Convocatoria), eran o no constitucionales. [i]

 

Para la mayoría de los Magistrados y Magistradas que integran el Pleno del Tribunal Electoral[ii], el requisito dispuesto en la Convocatoria[iii] consistente en tener la nacionalidad mexicana por nacimiento resultaba excesivo al limitar la posibilidad que las personas mexicanas por naturalización pudieran participar en la vida política y desempeñar cargos de la función electoral; para el Tribunal ese distinción no podía justificarse a partir de elementos objetivos y razonables. Ello, ya que la medida no pasaba el examen de proporcionalidad.

 

La Sala Superior estimó el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento respondía a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, consistente en preservar que la actuación de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral garantice la observancia de los principios del sistema. Asimismo, que la medida era idónea al permitir razonablemente que funciones trascendentes en el Estado mexicano se vieran libres de injerencias de actores de poder externos. Sin embargo, señaló que el examen de necesidad del test de proporcionalidad, no se encontraba satisfecho, ya que existían otras medidas que posibilitaban alcanzar la finalidad perseguida, sin que con ellas se impidiera a la ciudadanía mexicana por naturalización “participar y acceder a las funciones de integrantes del órgano de dirección de la autoridad electoral nacional”.[iv]

 

En ese sentido concluyó que la exigencia de reservar la función electoral a mexicanos/as por nacimiento es discriminatoria “pues impide la participación de manera injustificada de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, al diferenciarlos por el modo en el que adquirieron la nacionalidad”[v], situación que llevó al Tribunal Electoral a decretar la inaplicación de la reserva establecida en la fracción a), del párrafo 1, del articulo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a la exigencia de ser ciudadano mexicano por nacimiento, para ocupar el cargo de consejera o consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

 

Finalmente, como un elemento a destacar de esa sentencia se advierten los efectos de la misma, toda vez que de una interpretación del derecho a integrar un órgano electoral, así como a partir de la aplicación de los principios de progresividad y pro persona, la Sala Superior extendió los efectos de la inaplicación a todas aquellas personas que aspiraran al cargo de Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral. Por lo que se ordenó la modificación de la Convocatoria respecto a los requisitos declarados inconstitucionales.

 

Si bien comparto la decisión mayoritaria respecto a la inaplicación del requisito de mexicanos/as por nacimiento para ocupar el cargo del órgano administrativo electoral, lo cierto es que difiero con la forma en que se realizó el examen de proporcionalidad.

 

Considero que la medida restrictiva ni siquiera pasaba el primer paso del test de proporcionalidad, es decir, la finalidad constitucionalmente válida, toda vez que si bien el objetivo de la norma consistía en preservar la actuación de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que garanticen la observancia de los principios del sistema, sin injerencia de otros Estados, no existían elementos para pensar que una persona mexicana por naturalización pusiera en riesgo esa finalidad, ya que si desde el principio se partió de la premisa fundamental que resultaba incorrecto, desproporcionado, irrazonable y discriminatorio la categorización de mexicanos/as de acuerdo a su  nacionalidad, no se justificaba la limitación al derecho fundamental en análisis.

 

Con independencia de lo anterior, la resolución de este caso, así como los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Constitucional van encaminados a olvidar todos aquellos acontecimientos históricos dirigidos a resaltar las diferencias entre las personas, basadas en miedos, preocupaciones y rechazo respecto de personas que se han naturalizado mexicanas, al encontrar una identidad y lazos muy estrechos con la cultura mexicana.

 

Esta transformación ideológica responde a una modernización y progresividad en el respeto y la vigencia de los derechos particularmente en un estricto sometimiento al principio de igualdad y no discriminación, ya que las diferencias injustificadas generan polarización social, situación que impide favorecer la unidad de la Nación, así como la construcción de una representación plural y sin perjuicios que contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho.

 

En consecuencia, de manera categórica se concluye que la distinción entre personas mexicanas por nacimiento o naturalización, responde a una clasificación discriminatoria, que al día de hoy es injustificada, de lo contrario, no tendría sentido que México otorgue la nacionalidad mexicana por naturalización, si ésta tendrá un tratamiento diverso que la adquirida por nacimiento, toda vez que, de mantener esas distinciones, se continuarían reforzando barreras que son incompatibles con los ideales de una sociedad democrática. En todo caso, si aun subsisten preocupaciones hacia la intervención extranjera, se tendrían que reforzar o modificar los procedimientos para adquirir la nacionalidad por naturalización así como las condiciones y controles para perderla.

 

[i] Este artículo se limitará a analizar la exigencia relativa a la ciudadanía por nacimiento. No obstante resulta oportuno señalar que el Tribunal Electoral declaró la inconstitucionalidad de la restricción a los integrantes del Servicio Profesional Electoral, al considerar que dicha medida no perseguía una finalidad constitucionalmente válida, por lo que con ella se limitaba de manera desproporcionada el derecho a integrar las autoridades electorales. Por otro lado, determinó que el requisito de poseer al día de la designación un titulo profesional con antigüedad mínima de cinco años, resultaba proporcional, y por tanto la medida es constitucional.

[ii] Esta resolución, relativa a la exigencia de ser mexicano/a por nacimiento se aprobó por mayoría de votos en contra del emitido por el magistrado Indalfer Infante Gonzales.

[iii] Es pertinente señalar que dicho requisito se establece de manera expresa en el inciso a), numeral 1 del artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

[iv] Página 37 de la Sentencia.

[v] Página 39 de la Sentencia.

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