JUSTICIA ELECTORAL

La funcionalidad de las consultas populares: el plebiscito. El caso del ejercicio participativo. Planta cervecera Mexicali.

El pasado fin de semana (21 y 22 de marzo), en plena crisis por el COVID-19, se llevó a cabo lo que el gobierno federal denominó “ejercicio participativo”, en el que se sometió a consulta la continuidad de la construcción de una planta cervecera en el municipio de Mexicali, Baja California.

 

Como resultado de este mecanismo, se obtuvo una votación mayoritaria en contra de la instalación de la planta. El argumento fundamental de los opositores era la afectación de su derecho al acceso al agua ya que, afirman, este tipo de industria tiene un alto consumo del vital líquido y el municipio sufre de escases.

 

Antes de entrar en materia, es necesario tener en cuenta algunos datos sobre el resultado de la consulta. De acuerdo con cifras difundidas en redes sociales por el Gobierno de la República los resultados fueron los siguientes:

 

 

Sin duda una amplia mayoría de los votantes -76.1%- se manifestó en contra del proyecto; sin embargo, esta cifra puede ser engañosa, y es necesario contextualizarla tomando en cuenta el número de electores en el municipio de Mexicali.

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, los datos registrales son los siguientes:

 

 

El número de ciudadanos inscritos en la lista nominal es de 343,977 y votaron 36,781 personas, el porcentaje de participación en la consulta sería de apenas un 10.69%. Ahora bien, de ese universo votaron en contra de la construcción 27,973 lo cual representa el 8.13%.

 

Así, la decisión sobre un proyecto de esta dimensión quedó en manos de un grupo minoritario, lo cual debe llevar a reflexionar sobre la viabilidad de tomar una decisión de gobierno sobre un número tan reducido de electores.

 

Ahora bien, parte de la controversia se ha centrado en dos aspectos, uno de fondo y otro procedimental.

 

La Ley de Participación Ciudadana de Baja California establece que pueden ser sujetos a plebiscito (consulta) aquellos actos de los ayuntamientos o del gobierno estatal que sean trascedentes para la vida pública del municipio.

 

Si bien puede estimar que la instalación de la cervecera es una cuestión de interés privado, lo cierto es que para su construcción y funcionamiento se requieren de una serie de autorizaciones por parte de las autoridades municipales y estatales, como licencias de funcionamiento, estudios de impacto ambiental, etc., sobre todo el impacto en el uso del agua que es la parte fundamental en que se sustenta la oposición a su construcción.

 

En este aspecto, es importante puntualizar, que el 28 de julio de 2010, mediante la resolución A/RES/64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento[i].

 

En estas condiciones, si un grupo de ciudadanos reclama la necesidad de consultar a la comunidad sobre la instalación de una empresa que puede tener un impacto sobre las condiciones en que tienen acceso al agua, el cual es indispensable para la adecuada subsistencia de todo grupo social, resulta difícil no considerar este tema como de transcendencia.

 

Además, no se debe perder de vista que la materia de la consulta no se ajusta a alguno de los supuestos sobre los cuales está prohibido realizar este tipo de ejercicios.[ii]

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el derecho de votar en las consultas populares es una genuina expresión de la soberanía popular, mediante la cual se confiere a los ciudadanos la posibilidad de incidir, de manera directa, en la definición de políticas públicas.

 

Este mecanismo implica una limitación del carácter representativo del Estado, ya no corresponde solo a los poderes públicos la interpretación de la voluntad popular, sino que, en ciertos casos, es necesario escuchar de manera directa su opinión, sobre todo en aquellos temas en los que los actos de gobierno y de particulares puedan afectar los derechos de una comunidad. Mediante las consultas la población define de manera directa, la forma en que se articulan ciertas políticas públicas.

 

Los ciudadanos deben dejar de ser meros sujetos pasivos en el sistema democrático, convocados únicamente a votar el día de la jornada electoral, para convertirse en actores que articulan y definen las políticas públicas, sobre todo aquellas que tienen un impacto relevante y trascendentes en la vida en comunidad.

 

Por otro lado, en cuanto a la cuestión formal, el procedimiento realizado en días pasados es ilegal y no genera legitimidad acerca de su resultado. A este respecto es importante tener en cuenta lo que señala Bovero sobre las reglas del juego democrático:

 

«…la democracia consiste esencialmente en un conjunto de normas de procedimiento -las “reglas del juego”- que permiten ante todo la participación […] de los ciudadanos en el proceso decisional político[iii]

 

Todo ejercicio democrático en el que los ciudadanos participan mediante el sufragio debe ajustarse a un conjunto mínimo de reglas que aseguren, entre otras cuestiones, la universalidad, secrecía y autenticidad del sufragio. Además, el voto debe se informado, esto es, los ciudadanos deben contar con datos suficientes, veraces y comprables acerca de los elementos centrales de la cuestión en controversia, de lo contrario el ejercicio carece de sentido y relevancia, ya que la manifestación de la voluntad se encontrará viciada al no tener información suficiente de modo tal que su decisión esté basada en elementos objetivos.

 

Hay un elemento muy importante que debemos tener en cuenta, un ejercicio participativo de este tipo debió realizarse con antelación a que se llevaran a cabo las inversiones y el desarrollo de los trabajos para la construcción de la planta.

 

Es necesario armonizar el derecho de los ciudadanos a participar en la implementación de políticas públicas y la protección del patrimonio, la inversión y la seguridad jurídica de los particulares, no podemos desconocer los derechos adquiridos de las empresas, ya que esto puede tener efectos contraproducentes sobre el país como un destino seguro para la inversión privada.

 

No obstante lo anterior, debemos hacernos cargo de que los ciudadanos opositores a la planta cervecera intentaron desde 2018 que se realizara el plebiscito en términos de la legislación electoral y desde distintas instancias se negó esa posibilidad.

 

En la instancia local, el OPLE[iv] de Baja California consideró que el asunto no era de trascendencia, afirmación muy cuestionable. El Tribunal Electoral Local revocó esa determinación con la finalidad de que se emitiera una nueva determinación en la que el OPLE argumentara mejor su decisión, lamentablemente, a instancia de la empresa cervecera, la Sala Guadalajara del TEPJF revocó la determinación, sustentando básicamente, que la materia no era objeto de plebiscito porque tenía relación con un acto administrativo -la manifestación de impacto ambiental-, así como con el derecho a la propiedad privada.[v]

 

Esto debe llevarnos a reflexionar acerca de la funcionalidad de ciertas figuras que han sido incorporadas a nuestro sistema jurídico, y las cuales tienen por objeto dar cauce a las inconformidades y controversias que se presentan en la comunidad, por eso, las instancias del poder público y político deben privilegiar la operatividad de este tipo de mecanismos, para evitar que estos conflictos puedan escapar al control del orden jurídico.



[i] La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

[ii] Artículo 18.- No podrán someterse a plebiscito, los actos relativos a:

I.- Los egresos del Estado;

II.- El régimen interno y de organización de la Administración Pública del Estado;

III.- Los actos de índole tributario o fiscal;

IV.- Los actos en materia de expropiación o de limitación a la propiedad particular, y

V.- Los demás actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes

aplicables y reglamentos respectivos.

[iii] Bovero, Michelangelo, Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, editorial Trotta, Madrid, 2002, p. 45.

[iv] Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California

[v] Ver sentencia del juicio electoral SG-JE-8/2019.

«… De lo anterior, esta Sala concluye que, como lo aduce el actor en su demanda, el tribunal local en su sentencia no atendió debidamente al objeto de dicha autorización, pues se trata de una resolución administrativa que plantea esencialmente la plausibilidad técnica de la manifestación de impacto ambiental.

De igual forma, la responsable si bien aduce que lo que se busca someter a plebiscito es la autorización de la manifestación de impacto ambiental llevada a cabo por el Poder Ejecutivo en su carácter de autoridad ambiental, por conducto de la Secretaría de Protección al Ambiente y no así la limitación a la propiedad de la empresa, pues, no se pretende despojarla de los bienes muebles, inmuebles, derechos de propiedad o de la industria que le son propios, también lo es que bajo las reglas de la lógica y máximas de la experiencia la conexidad intrínseca de la autorización está vinculada necesariamente a la propiedad física e intelectual de la persona moral, toda vez que es la que permitió la construcción y funcionamiento de la planta cervecera, por tanto, dejarla sin efectos mediante un plebiscito atenta directamente contra tal derecho de propiedad.

 

En ese sentido, es incorrecto pretender someter mediante un mecanismo de participación ciudadana, una autorización en materia ambiental otorgada por autoridad competente, pues contrario a lo aducido por la responsable la Secretaría de Protección al Ambiente constituyó un derecho en favor de BC Tenedora Inmobiliaria sobre la factibilidad y sustentabilidad técnica para construir y operar una empresa, con base en el impacto ambiental.»

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