AMÉRICA LATINA

Las elecciones ante el coronavirus

Las semanas que hemos transitado y varias por venir, han estado marcadas por la crisis de salud desatada por el Covid-19. Dicha circunstancia ha afectado a todas y cada una de las actividades realizadas por la humanidad, entre ellas, la celebración de comicios.

 

Al momento de escribirse este texto, la pandemia ha ocasionado la postergación de las elecciones presidenciales en Bolivia, el constituyente en Chile, las primarias en diversas entidades de Estados Unidos, la segunda vuelta de las municipales en Francia y la exigencia de postergación por parte de diferentes actores políticos sobre las elecciones presidenciales en Polonia, por señalar algunos de los más de setenta comicios en el año[i].

 

¿Qué va a pasar en México? Pues recordemos que el próximo domingo siete de junio, la ciudadanía residente en los estados de Coahuila e Hidalgo está llamada a renovar su poder legislativo y sus ayuntamientos, respectivamente. Conforme ha avanzado la crisis de salud en el país, un mayor número de actores políticos han demandado a sus autoridades electorales el aplazamiento de la jornada electoral.

 

A título personal, coincido con la necesidad de postergar dichos comicios por diversas razones. Si hablamos exclusivamente del día de la votación, un universo aproximado de cuatro millones y medio de ciudadanos y ciudadanas están convocadas a acudir a ejercer el derecho al voto, a esto es necesario considerar a las personas dispuestas como integrantes de mesas directivas de casilla y representantes de partidos políticos, entre otras. En estos casos, el riesgo podría reducirse con medidas de sana distancia como podrían ser el escalonamiento de votantes, así como el distanciamiento entre funcionarios y funcionarias de casilla, aunque no es lo óptimo, ni será sencillo de realizar.

 

Además, la elección no solo es el día de la votación, sino que previamente se llevan a cabo actividades caracterizadas por ser multitudinarias, tales como el registro de candidaturas y el desarrollo de la campaña electoral, etapa fundamental para que la ciudadanía conozca sus opciones políticas y sin la cual, no podría garantizarse que el voto sea libre e informado.

 

En México no existe un marco legal que prevea la postergación de una elección por las causas extraordinarias que vivimos ahorita. Por ello, establecer el camino a seguir para posponer las elecciones que se llevarán a cabo este año no resulta sencillo. En primer lugar, por la diversidad de instituciones involucradas en la organización y calificación de la votación, en segundo -y quizá más importante- por la falta de competencia de las autoridades -electorales y no- para posponer una elección.

 

Desde mi perspectiva para poder posponer las elecciones es necesario apelar al compromiso cívico de los actores políticos, así como a la coordinación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y la estrecha colaboración de las instituciones de salud, incluso es posible que desde lo local, se explore la posibilidad de acordar la postergación de sus comicios.

 

Adicionalmente, hay que considerar que existen diferentes circunstancias que hacen que el escenario sea complejo, por ejemplo, el hecho de que la jornada electoral sea concurrente. Para ello, una alternativa sería que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerza su facultad de atracción para posponer la jornada electoral, pues si bien ni la Constitución federal, ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la autoridad nacional cuente con la competencia para posponer una elección, ante el vacío existente en las constituciones y leyes electorales de Hidalgo y Coahuila, es que se podría explorar la posibilidad de que sea el INE quien posponga la elección del siete de junio y a su vez establezca una fecha de jornada coincidente para ambas entidades federativas, en consideración con su competencia en la conformación y ubicación de las casillas electorales, así como con las actividades de fiscalización.

 

Tampoco, debe perder de vista las tomas de posesión de quienes resulten vencedores en los comicios, pues en el caso de Hidalgo, los nuevos ayuntamientos entran en funciones en septiembre, mientras que, en Coahuila su legislatura iniciará el 1º de enero de 2021. Cabe señalar que resulta imposible considerar que las y los funcionarios que actualmente se encuentran en funciones, permanezcan en su cargo por un tiempo adicional, aún ante la situación extraordinaria que vivimos. Por lo que este será otro tema para considerar y que se dejó ver en la sesión celebrada por el Consejo General del INE el veintisiete de marzo, sin que aún se tome una decisión en concreto por parte de la autoridad nacional.

 

Otra dificultad es que, dado que jurídicamente no existe un mecanismo que sirva para la prórroga de la votación y, dado que tampoco los poderes legislativos de dichas entidades cuentan con la competencia total para determinarlo[ii], lo más probable es que la alternativa que sea tomada finalizará resolviéndose en los tribunales locales y federales -según sea el caso-, más allá de resultar imprescindible que la medida deba ser adoptada con el mayor consenso posible entre autoridades y actores políticos, con el ánimo de que la decisión no se convierta en una crisis política a resolverse con posterioridad, mucho menos que, una posible modificación fuera argumentada como un agravio para cuestionar la validez de los comicios.

 

En cualquiera de los casos, el reto es mayúsculo, pues la modificación de una jornada cuya organización arrancó desde el año pasado con miras a que se celebre en junio de este año, implicará costos económicos, jurídicos y políticos que no deben pasar desapercibidos, sin embargo, dada la circunstancia actual, serán costos que las autoridades, actores políticos y demás involucrados e involucradas deberían asumir en aras de hacer frente a la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo.



[i] Para visualizar el estatus de las elecciones en el mundo, a raíz del Covid-19, dirigirse a la publicación de IDEA International.

[ii] Lo anterior, luego de realizar una revisión a las constituciones y legislación electoral de Hidalgo y Coahuila.

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