JUSTICIA

La urgencia de los juicios electorales en línea

La necesidad de una justicia electoral socialmente responsable, solidaria y sensibles.

Tribunales virtuales, juicio en línea y expediente electrónico pasaron de ideas a una realidad en distintas ramas del Derecho.

Lo que hace algunos años parecía muy lejano y complejo de implementar, hoy en día se han convertido en una necesaria realidad, pues la impartición de justicia no puede ni debe aislarse del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) disponibles. Pero sobre todo, el uso de las TIC debe representar un beneficio mutuo, equivalente, proporcional, tanto para las autoridades, con el objeto de mejorar sus prácticas y facilitar la impartición pronta, ágil, transparente, segura, eficaz y eficiente de justicia, como para las y los justiciables, para que puedan realmente mejorar el acceso a ésta y aligerar las cargas procesales que deben sortear al momento de acudir a los tribunales, ya sea a presentar sus demandas, promociones o consultar el expediente.

Ya desde hace algunos años, distintos órganos jurisdiccionales empezaron hacer uso de las TIC para tratar de hacer más eficiente la impartición de justicia, tal es el caso del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el cual en 2002 empezó a gestar y materializar el primer tribunal virtual de nuestro país.

De manera posterior, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por mandato legal, tuvo que implementar el juicio en línea en el año 2011. Inercia de la que no pudo quedar fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quienes, en virtud de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Amparo (2013), empezaron a materializar el Juicio de Amparo en Línea (2014) con la implementación de la Firma Electrónica Certificada (FIREL), el Expediente Electrónico y el Sistema de Servicios en Línea.

En el ámbito electoral, la implementación de las TIC en la actividad jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue concebida desde la reforma electoral de 2008, al modificarse los artículos 9, párrafo 4, 26, párrafo 3, y 29, párrafo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los cuales se dispuso que quienes fueran parte en los medios de impugnación debían:

  • Contar con una cuenta de correo electrónico con mecanismos de confirmación y envío, y
  • Solicitar, expresamente, ser notificadas por correo electrónico.

Para dar cumplimiento a dicha disposición, el TEPJF dentro del artículo 10 de su Reglamento Interno abordó lo relativo a las notificaciones por correo electrónico, estableciendo que:

  • Las partes debían solicitar, expresamente, ser notificadas por correo electrónico;
  • El TEPJF deberá expedir los certificados de firma electrónica avanzada;
  • Las notificaciones por correo electrónico surtirían sus efectos a partir de que se tenga la constancia de envío de recepción que genere de manera automática el sistema de notificaciones electrónicas del TEPJF o, en su caso, el acuse de recibo correspondiente; y
  • La Sala Superior del TEPJF emitirá los acuerdos y lineamientos que regulen la expedición, uso y vigencia de los certificados de firma electrónica avanzada, así como de la cuenta de correo electrónico.

Con ese marco legal, el 6 de septiembre de 2010, la Sala Superior del TEPJF emitió el Acuerdo General número 3/2010, relativo a la implementación de las notificaciones por correo electrónico, en el cual, esencialmente se estableció:

  • La creación, integración y atribuciones de la Unidad de Certificación Electrónica del TEPJF;
  • Las reglas para expedición y uso del certificado de firma electrónica avanzada, así como de las cuentas institucionales de correo electrónico, y
  • El procedimiento para llevar a cabo las notificaciones por correo electrónico

Y de manera posterior, el 27 de octubre de 2010, aprobó las prácticas de certificación de la unidad de certificación electrónica y el manual de operación de las notificaciones por correo electrónico.

La implementación de las notificaciones electrónicas en materia electoral estableció el origen de las comunicaciones procesales vía remota, rápida, eficaz, fiable, segura, económica y de fácil acceso para las partes, que maximizaría la observancia de la garantía de audiencia, así como del principio de justicia pronta y expedita.

Y es que, con el certificado de firma electrónica avanzada del TEPJF, incluso antes del nacimiento de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), se tuvo la esperanza de que, en el corto plazo, dado que ya se contaba con la infraestructura tecnológica necesaria, podía implementarse el juicio electoral en línea en beneficio de los justiciables y no solo de la actividad propia del órgano jurisdiccional.

La oportunidad de implementar el Juicio Electoral el Línea volvió a resurgir cuando el TEPJF, de manera conjunta con la SCJN y el CJF, suscribió el Acuerdo General Conjunto 1/2013, en el cual se establecieron las bases para:

  • La creación, otorgamiento y uso de la FIREL;
  • La integración, consulta y almacenamiento del Expediente Electrónico en los órganos del PJF, y
  • Los módulos de intercomunicación y notificaciones de los órganos del PJF.

Bases a partir de las cuales dichos órganos se obligaron a expedir la normativa aplicable, en el ámbito de su competencia, relacionada con los certificados digitales que emitan, así como con los expedientes electrónicos que debían de integrar.

No obstante la obligatoriedad de dicho acuerdo, la materia electoral ha tenido que esperar la instrumentación del juicio electoral en línea, sin motivo ni razón, desaprovechando la infraestructura con que se cuenta, como la FIREL y las cuentas institucionales de correo electrónico, así como las nuevas TIC, puesto que se han usado solo para beneficio directo del TEPJF; es decir, con el objeto de facilitar y agilizar las comunicaciones procesales o intra o interinstitucionales , entre las Salas del propio órgano jurisdiccional federal o con otras autoridades, y no en beneficio directo de las y los justiciables.

Muestra de lo anterior, son los procedimientos de notificación y tramitación electrónica siguientes:

  • Notificación por correo electrónico de tesis y jurisprudencias;
  • Comunicaciones procesales entre el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral y a las autoridades electorales locales en los medios de impugnación en materia electoral o en los procedimientos especiales sancionadores;
  • Trámite electrónico de los medios de impugnación que reciben las salas regionales en contra de sus propias determinaciones; y
  • Despacho de asuntos recibidos en salas regionales que se remiten a Sala Superior y de la tramitación electrónica de los auxilios de notificación entre Salas del TEPJF.

Las anteriores herramientas o aplicativos, no obstante constituyen un avance indiscutible en la implementación de las TIC, no son suficientes, ni idóneas para garantizar el acceso de los ciudadanos a una justicia pronta, expedita y eficaz en materia electoral, pues si bien es cierto que todo ello abona y beneficia a la función jurisdiccional que desempeña el TEPJF, también lo es que quienes demandan no han sido beneficiado de manera proporcional, solidaria sensible y empática con el uso de las TIC, con el propósito de aligerar las cargas procesales desiguales e inequitativas que tienen con respecto a las autoridades electorales.

Ejemplo de ello, resultan los anacrónicos requisitos de la demanda de presentarse por escrito, firmada autógrafamente, ante la autoridad responsable dentro del plazo de impugnación, el cual, por regla general es de 4 días siguientes a los que se tuvo conocimiento o notificó el acto impugnado, sino de 3 días, o en su caso de 48 horas. En ese tenor, se encuentran también los plazos que en algunas ocasiones se conceden para desahogar requerimientos o vistas, los cuales suelen ser de 12, 24 o 48 horas.

Ello aunado al hecho de que, en todo el país únicamente existen 7 salas del TEPJF, de las cuales 3 están en la CDMX y las otras 4 en las ciudades de Xalapa, Toluca, Monterrey y Guadalajara, lo cual dificulta enormemente presentar una impugnación o cumplir con un requerimiento en aquellos casos en los que se está en otra entidad federativa diferente a en la que se ubican dichas salas.

Las anteriores circunstancias, hacen patente la urgencia de implementar el juicio electoral en línea a fin de garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos y que estos no tengan la necesidad, entre otros aspectos, de:

  • Presentar sus demandas, promociones, desahogo de requerimiento de manera física;
  • Consultar de manera presencial el expediente, y
  • Consultar los estrados físicos.

Lo cual conlleva traslados largos, costosos y desgastantes, así como el riesgo de no cumplir con los plazos tan breves de impugnación o contestación que se tienen, puesto que, en muchas ocasiones, las autoridades responsables se niegan a recibir las demandas o promociones, retrasan el trámite del medio de impugnación o no lo remiten a la Sala competente.

Esas y otras circunstancias como la actual emergencia sanitaria derivada del COVID-19, la cual ha hecho patente las deficiencias que tiene la administración de justicia electoral, deben ser tomadas en cuenta para que, de manera urgente se implemente el Juicio Electoral en Línea y las y los justiciables puedan, vía electrónica, presentar sus demandas y promociones con el uso de la FIREL y, de esta forma, se les garantice su derecho humano de acceder a una tutela judicial efectiva.

Si hay actuaciones y sentencias no presenciales, debe haber demandas y promociones no presenciales.

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