JUSTICIA

¿Un caso de Violencia Política por razón de Género?

Abril 23, 2020 | Por: María Silva Rojas

[…] Y no es un tema de género, la Constitución que nos rige, habla de diputados no de mujeres […]

[…] Mi compañera Rosalinda y Nadia, pues vienen del gobierno fallido de Graco Ramírez y de la legislatura anterior. Y lamentablemente usadas, usadas sí, por el tema de género, porque sus maridos no pudieron ser diputados y las pusieron a ustedes, las pusieron ustedes para cubrir esa cuota de poder y hoy vienen a destrozar a este estado y a hacer pedazos, lo digo de frente al pueblo de Morelos y sea el pueblo quien me juzgue […]

[…] Si decir la verdad como es, al chile pelón como se dice vulgarmente y le hablo al pueblo, les duele y les lastima; lo siento compañeras pa’ que se meten en esto, desde el momento que ustedes aceptaron una candidatura y estar aquí sabían las responsabilidades que lleva tener un cargo […]

[…] El día de hoy, sí les ha lastimado compañeras, no me importa […]

[…] Porque no se vale escudarse detrás del género cuando sus cochupos no les salen […]

[…] Pueblo de Morelos lamentablemente así son las cosas, tenemos que transitar en este Congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul, es cuanto.

(El resaltado es propio)

 

Este es un extracto de las intervenciones de José Casas González, diputado local de Morelos, durante una sesión del Congreso celebrada el año pasado. Dichas manifestaciones fueron denunciadas ante diversas instancias.

Este artículo se centra en el caso originado con la demanda que presentó Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada de Morelos, contra esas expresiones, señalando entre otras cosas, que constituían violencia política por razón de género (VPG) en su contra y afectaban el desempeño de su cargo[i].

¿Cómo se resolvió la demanda?

El Tribunal Electoral de Morelos se declaró incompetente para conocer el asunto[ii]. Consideró que las manifestaciones habían sido emitidas por un diputado en uso de la tribuna, durante una sesión del Congreso, por lo que formaban parte del Derecho Parlamentario y no podían ser materia de control jurisdiccional electoral. Por ello determinó que era el propio Congreso quien debía revisarlas y, de ser el caso, sancionar al diputado.

La diputada impugnó ese acuerdo ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF que confirmó esa determinación[iii], señalando que dichas expresiones estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria.

Contra esa sentencia, la diputada interpuso un recurso ante la Sala Superior del TEPJF que confirmó la sentencia de la Sala Regional[iv].

Soluciones planteadas

Las tres instancias resolvieron que la demanda debía ser conocida por el Congreso. Sin embargo, en la Sala Regional y la Sala Superior se emitieron votos particulares, lo que evidencia la existencia de posibles soluciones alternas.

Opción Mayoritaria: Respeto a la división de poderes

La solución que prevaleció, enviar la demanda de la diputada al Congreso, atiende a la división de poderes, fundamental en una democracia como la nuestra. Minarla puede socavar el Estado de Derecho, por lo que las autoridades de cualquiera de los poderes debemos cuidar que nuestras actuaciones no pasen los límites de nuestra competencia e invadan el ámbito de facultades de otro poder[v].

Bajo esta óptica, someter las manifestaciones denunciadas al control jurisdiccional electoral implicaría una intromisión de un poder (judicial) en la esfera de otro (legislativo). Por ello, aunque con diversos argumentos, los tres tribunales coincidieron esencialmente que para respetar la separación de poderes, era el propio Congreso quien debía determinar el procedimiento que habría de seguirse en su interior para revisar dichas manifestaciones y, de ser el caso, sancionar al diputado.

Opciones Minoritarias: Procedimiento Sancionador ante un OPLE[vi] y resolución de la controversia por Tribunales Electorales

Las soluciones planteadas en los votos particulares, sostienen que la controversia debía dirimirse por autoridades electorales.

En la Sala Superior, la Magistrada Mónica Soto Fregoso propuso que la demanda fuera enviada al IMPEPAC[vii] para iniciar un procedimiento sancionador en el que se investigaran los actos denunciados y, de ser el caso, se sancionara al diputado. En caso de que decidiera que no existía ninguna irregularidad, la diputada podría impugnar tal determinación ante el Tribunal Electoral de Morelos.

En la Sala Regional, me aparté de la resolución de la mayoría porque estoy convencida de que en el caso había dos competencias concurrentes: el Congreso y la jurisdicción electoral. El Congreso podía seguir un procedimiento para analizar la demanda y, de ser el caso, sancionar al diputado, pero la diputada solicitaba la protección de un derecho político-electoral y constitucionalmente los tribunales electorales somos los órganos encargados de proteger esos derechos.

Análisis

La principal diferencia en las soluciones planteadas consiste en que la mayoría concluyó que la controversia no es competencia de las autoridades electorales, mientras que quienes votamos en contra sostenemos que los casos en que se denuncie la existencia de VPG que afecta el ejercicio de un cargo de elección popular, deben ser conocidos por autoridades electorales.

Este caso es complejo por sus implicaciones en la definición de la frontera entre el Derecho Parlamentario y el Derecho Electoral en ese tipo de asuntos. Las posibles soluciones del asunto ya fueron expuestas -aunque muy sintéticamente-. Ahora, me permito formular algunas interrogantes para invitar a la lectora o lector a buscar respuestas y reflexionar ¿cómo hubieran resuelto ustedes este asunto?

  • ¿Existen límites a la inviolabilidad parlamentaria? en ese caso ¿quién o quiénes y a través de qué mecanismos lo determinan?
  • ¿La revisión de manifestaciones de una persona legisladora por parte de autoridades electorales viola su inviolabilidad parlamentaria -establecida a nivel constitucional-?
  • ¿Viola el acceso a la justicia de la diputada el hecho de que cuando se resolvieron sus demandas, no existía el Código de Ética que según la Ley Orgánica del Congreso regula las medidas disciplinarias que pueden imponerse a los diputados y diputadas que no actúen legal, integral, imparcial, eficaz y éticamente?
  • ¿Tiene facultades un Congreso para reparar la violación a un derecho político-electoral?
  • ¿Puede un OPLE, en un procedimiento sancionador, reparar la violación del derecho a ejercer un cargo de elección popular, o solo tiene facultades para sancionar conductas ilícitas?
  • Si el Congreso o el IMPEPAC concluyeran que las manifestaciones del diputado José Casas González fueron VPG contra la diputada y lo sancionaran ¿repararía esto de manera efectiva e integral el derecho de la diputada a ejercer su cargo?
  • ¿Determinar que los OPLEs deban conocer este tipo de demandas a través de procedimientos sancionadores implica algún riesgo?[viii] ¿es la mejor opción en nuestro sistema electoral?
  • Si los tribunales electorales son competentes para conocer estas demandas ¿tienen competencia para revisar cualquier manifestación realizada por un legislador o legisladora en ejercicio de sus funciones? de no ser así ¿cuáles manifestaciones son objeto de revisión jurisdiccional y cuáles no? ¿esta revisión implica una invasión del poder judicial en el legislativo?
  • ¿Las manifestaciones denunciadas son VPG? ¿afectaron el derecho de la diputada a ejercer su cargo? A pesar de que agotó la cadena impugnativa en la jurisdicción electoral, no hubo pronunciamiento en ese sentido por parte de alguna autoridad electoral[ix].

Conclusiones

Escribir este artículo planteó un reto especial ¿cómo analizar un asunto en cuya resolución participaste y votaste contra la determinación final? Si quien me lee quiere saber qué decidí y las razones para ello, puede ver mi voto, pero ese no era el objetivo de este trabajo.

Les comparto algunas de las interrogantes que tuve al estudiar y resolver este caso. Analicé las posibles soluciones y a mi juicio, ninguna era perfecta. ¿Se debe al diseño de nuestro sistema? ¿a alguna deficiencia en las autoridades que analizamos el caso?

Espero que las dudas planteadas detonen un análisis personal de este asunto, de las complejidades a las que nos enfrentamos en casos frontera entre el Derecho Parlamentario y el Derecho Electoral, pero sobre todo, en casos en los que se denuncia la existencia de violencia política por razón de género contra las mujeres[x].

 


[i] Debido a la longitud sugerida para este artículo no me es posible abordar la totalidad de las pretensiones de la diputada, por lo que me centro en esta temática.

[ii] Juicio TEEM/JDC/94/2019-SG.

[iii] Juicio SCM-JDC-1214/2019.

[iv] Recurso SUP-REC-594/2019.

[v] Esto no implica que un poder no pueda revisar actuaciones de otro. Esta revisión, apegada al diseño constitucional de los contrapesos del poder, es sana en una democracia [P.E. Las acciones de inconstitucionalidad en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Poder Judicial) revisa leyes emitidas por algún Congreso (Poder Legislativo)].

[vi] Organismo Público Local Electoral.

[vii] Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

[viii] Como se ha resaltado en múltiples ocasiones, a pesar de que quienes integran los OPLEs pasan por un proceso de designación que garantiza su independencia y objetividad, los Congresos aprueban sus presupuestos.

[ix] Creo necesario señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos [1] y la Cámara de Diputados (y Diputadas) del Congreso de la Unión [2] condenaron las expresiones del diputado José Casas González. Para mayor información pueden consultarse estas ligas: [1] https://app.box.com/s/
rl7bzmip285e28ea4vqsa0iy9xzctrt6
[2] http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Diciembre/03/3829-Condenan-violencia-politica-de-genero-contra-diputadas-locales-de-Morelos

[x] Estoy segura de que sus comentarios al respecto pueden detonar nuevas reflexiones e interrogantes, si alguien gusta hacérmelos llegar, con gusto los leo en: maria.silva@te.gob.mx ¡Gracias de antemano!

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