AMÉRICA LATINA

Nicaragua: una democracia aparente

La Constitución Política de la República de Nicaragua establece como forma de gobierno la de una república, en donde la democracia se ejerce de forma directa, participativa y representativa. Los representantes son libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, existiendo un Poder Electoral, encabezado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual organizará, dirigirá y vigilará las elecciones. Establece también como uno de sus principios democráticos el pluralismo político y el derecho de los ciudadanos de formar partidos políticos.[i]

Desde el punto de vista normativo se podría decir que Nicaragua cuenta con los elementos “mínimos” para poder ser considerada una democracia, aquellas reglas del juego democrático que estableció Norberto Bobbio[ii], y que retomó Michelangelo Bovero.[iii] Sin embargo, en la realidad el sistema electoral nicaragüense, hoy en día, se encuentra dentro de las llamadas “democracias aparentes”, las cuales adolecen de una regla fundamental para cualquier sistema democrático, conocida como: la condición de salvaguardia o de supervivencia de la democracia.

Dicha regla consiste en que ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, y que las minorías, jugando bajo las reglas de juego, podrían llegar a ser la mayoría en algún momento, condición que actualmente la democracia ‘Nica’ no cuenta.

Nicaragua en los últimos años pasa por una erosión democrática gradual, con un partido de gobierno hegemónico, un sistema de partidos débil y con falta de equidad en la contienda electoral. La aplicación de la ley de acuerdo con una lógica política y arbitraria; la falta de debido proceso; la falta de deliberación, diálogo y consenso entre las fuerzas vivas del país a través de los canales formales de representación; y la falta de pluralismo por el copamiento de instituciones claves por una fuerza política, explican la gradual erosión democrática en este país.

La normativa electoral actual y su funcionamiento no han permitido que existan alternancias democráticas en el gobierno, ya que desde 2007 se tiene al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como el partido hegemónico de gobierno, encabezado por Daniel Ortega Saavedra (presidente de la República) y por su esposa Rosario Murillo (vicepresidenta), sin que exista una oposición fuerte, ni una autoridad electoral confiable.

Las últimas elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 6 de noviembre de 2016, dieron una victoria contundente al FSLN y a Daniel Ortega con un porcentaje de votación del 72.5%, siendo electo para un cuarto mandato. En el Congreso, el Frente obtuvo 70 de 90 escaños, siendo mayoría absoluta. Los resultados electorales tan aplastadores, podrían traducirse en un sistema democrático que no es competitivo y en el debilitamiento de la oposición, situación que ocasionó que el proceso electoral fuera cuestionado por la oposición derivado, entre otras cosas, a que no existió observación electoral internacional y que hubo un 70% de abstencionismo.

Aunado a lo anterior, la crisis de legitimidad de la democracia nicaragüense se acrecentó y agudizó a partir de abril de 2018 derivado de las protestas en contra de reformas al sistema de seguro social, trayendo como consecuencia un levantamiento, sobre todo estudiantil, en contra del sistema. Desafortunadamente, estos movimientos terminaron en una represión por parte del gobierno, con presos políticos, desaparecidos y numerosos muertos.[iv]

Derivado de las presiones de la sociedad civil, de la oposición y de la comunidad internacional, el gobierno convocó a un “Diálogo Nacional” en mayo de 2018 para enfrentar la crisis. El diálogo fue moderado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y en este espacio, diversos sectores de la sociedad (Academia, estudiantes, sindicatos, empresarios, movimientos campesinos, y OSC) externaron sus preocupaciones al gobierno, para llegar a soluciones democráticas y al cese de la violencia.

Dentro del Diálogo, uno de los puntos principales que se discutió como una necesidad elemental, fue la de realizar una reforma electoral integral, con el objetivo de llegar a las elecciones presidenciales de 2021 con un piso parejo que garantizara equidad en la competencia electoral. Sin embargo, con una mayoría aplastadora en el Congreso por parte del partido del gobierno, una oposición debilitada –sin una representación real y con estructuras endebles–, con un gobierno que ha demostrado ser intolerante ante la protesta social y la disidencia, el panorama luce complicado para lograr la reforma electoral.

A pesar de la situación actual, existen algunos esfuerzos impulsados desde la sociedad civil para lograr dicha reforma. Una alianza conformada por tres Organizaciones de la Sociedad Civil: Alianza Cívica para la Justicia y Democracia, Unidad Nacional Azul y Blanco, y el Grupo Pro-Reforma Electoral, han venido trabajando en diversas propuestas que se consideran como “mínimos” para poder llegar a las elecciones en 2021 bajo estándares más democráticos. En este sentido, se han planteado algunos “irreductibles” que debe incluir una eventual reforma electoral, agrupados en los siguientes ejes:

  1. Autoridad Electoral Confiable.
    1. Situación actual. El Consejo Supremo Electoral (CSE), máxima autoridad electoral de Nicaragua, se conforma por 7 magistrados electos por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, a propuesta del presidente de la República o los propios diputados. En la normativa no existen mayores impedimentos para que los perfiles de magistrados simpaticen con partidos políticos. Lo anterior, ha ocasionado cuestionamientos a la autoridad por actuaciones arbitrarias y por falta de transparencia en su quehacer.
    2. Propuesta de reforma. Se propone “despartidizar” a la autoridad electoral, y toda su estructura, con el nombramiento de nuevos magistrados del CSE con candados normativos para garantizar que no tengan vínculos partidistas que pongan en riesgo la administración del proceso electoral y que su actuación sea independiente, profesional y transparente.
  1. Resultados electorales dotados de certeza.
    1. Padrón electoral.
      1. Situación actual: La Ley Electoral establece que el Padrón Electoral será administrado por el CSE; sin embargo, existen cuestionamientos sobre la transparencia e integridad en su manejo. Además, la misma normativa establece un Padrón Electoral activo y pasivo, lo cual genera incertidumbre al ciudadano sobre su derecho al voto.
      2. Propuesta de reforma: Se propone que el Padrón Electoral sea actualizado de manera permanente y transparente por la autoridad electoral, así mismo que se realicen campañas masivas de empadronamiento y de actualización en todo el territorio. Por otro lado, se busca eliminar el padrón activo y pasivo, a fin de minimizar inconsistencias de datos en el padrón.
    2. Resultados electorales expeditos y confiables.
      1. Situación actual: En procesos electorales anteriores no se han definido los mecanismos de transmisión de resultados, además los resultados de las juntas receptoras de votos (JRV) no son publicadas por la autoridad electoral, generando que existan grandes cuestionamientos a los resultados de las votaciones.
      2. Propuesta de reforma: El CSE deberá publicar la totalidad de los resultados parciales provisionales que provienen de las actas de escrutinio, 24 horas después de la votación, así como publicar los resultados provisionales y finales detallados desde el nivel de las JRV, nivel municipal, departamental y nacional.
  1. Observación electoral nacional e internacional.
    1. Situación actual: Desde las elecciones municipales de 2008 hasta las elecciones presidenciales de 2016 no se contó con observación internacional, lo cual generó dudas respecto a la integridad de las elecciones. Aunque en 2017 sí se logró una observación electoral por parte de la OEA en las elecciones municipales[v], aún no se reconoce en la Ley Electoral el derecho a la observación electoral por parte de los ciudadanos o por organizaciones internacionales.
    2. Propuesta de reforma: Establecer la obligatoriedad de que se regule la observación electoral y el derecho de los ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales a observar los procesos electorales nacionales, municipales y regionales.

Si bien es necesario realizar otras reformas al sistema electoral nicaragüense (justicia electoral, conformación de juntas receptoras de voto, fortalecimiento del sistema de partidos…), se considera que estos tres ejes son los mínimos que se tendrían que garantizar en una reforma electoral hacia las elecciones de 2021.

La tarea es difícil pues hasta hoy no existe voluntad política. Si bien el partido del gobierno anunció una reforma electoral, no ha abierto diálogo para ello; además que los tiempos son muy cortos, sumándole la situación sanitaria que hoy estamos sufriendo en el mundo por el COVID-19 y lo que implica ello.

Empero, la sociedad civil puede jugar un papel importante en el próximo proceso electoral en Nicaragua, impulsando estas reformas mínimas, que no buscan el derrocamiento del gobierno actual, sino la posibilidad de que las fuerzas políticas que hoy son minoría puedan aspirar a llegar a ser mayorías compitiendo en condiciones de equidad, cumpliendo así con la regla de supervivencia de la democracia del juego democrático.

La calidad de este juego democrático dependerá de la oportunidad de que cualquier fuerza política, compitiendo bajo las reglas del juego, pueda llegar a ganar elecciones, así como que las minorías puedan tener voz y voto en la toma de decisiones, condiciones de las que hoy adolece el sistema democrático nicaragüense. El éxito de las elecciones de 2021 y de la democracia nicaragüense dependerá de los cambios que se puedan hacer entorno a la confianza hacia la autoridad electoral y a la equidad en la contienda.


[i] Artículos 2, 7 y 168 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

[ii] Bobbio, Teoría General de la política, p. 381.

[iii] Bovero, Michelangelo, Nuevas Reflexiones sobre Democracia y Constitución en Salazar Ugarte, Pedro, “La Democracia Constitucional: una radiografía téorica” 3ª ed., FCE, México 2013, pg. 17 y sigs. 

[iv] Para más información consultar los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA consultables en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/nicaragua2018-es.pdf

[v] Los informes y recomendaciones de la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA en las elecciones municipales de Nicaragua en 2017 se pueden consultar en: https://www.oas.org/eomdatabase/MoeReport.aspx?Lang=es&Id=395&MissionId=472

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