BLOG Y VOTO

Arqueología y lecciones del modelo de comunicación política electoral mexicano

Atinadamente, en esta coyuntura de emergencia sanitaria global, la atención social se ha centrado en las causas, medidas remediales y probables consecuencias humanas y económicas de la diseminación del virus Covid-19. No debemos olvidarnos, empero, del análisis y seguimiento de otros temas que también constituyen referentes fundamentales de la agenda pública.

Uno de ellos, sin duda, es el decreto presidencial publicado el pasado jueves 23 de abril por el que se modificó la estructura de los llamados tiempos fiscales que los concesionarios de estaciones de radio y televisión están obligados a ceder al Estado mexicano en contraprestación por el uso del espectro radio eléctrico para difundir sus señales en todas sus zonas de cobertura a través de sus canales y estaciones.

Por la importancia superlativa de las modificaciones que este decreto dispone y por la estrecha relación que el tema guarda en particular con nuestro Modelo de Comunicación Política Electoral (MCPE), debemos encontrar propicio este momento para asomarnos al proceso de reforma electoral de 2007 que creó este último y reflexionar sobre su pertinencia actual y su prospectiva institucional y política.

El MCPE fue instaurado de manera sustantiva en el artículo 41 constitucional y fue producto a su vez de los pactos parlamentarios correspondientes obligados por las consecuencias políticas de la agitada y controvertida elección presidencial de 2006. La historia de su nacimiento es francamente fascinante. Aquí algunos apuntes.

En el número 170 de Voz y Voto de abril de 2007 (justo hace 13 años), los coordinadores de los grupos parlamentarios más grandes del Senado expusieron sus agendas legislativas para el resto del mes, último de aquel periodo ordinario. En efecto, Beltrones, Creel y Navarrete desahogaron sendas entrevistas en las que enlistaron los grandes temas pendientes, a procesar en el corto y mediano plazos. Los tres coincidieron en que, en el marco de la entonces vigente Ley para la Reforma del Estado, aprobada y promulgada unos meses atrás, había que detonar un rediseño electoral que atendiera los pendientes normativos que la accidentada elección general de 2006 había puesto en evidencia. Uno de ellos era el acceso de los partidos y candidatos a los medios de comunicación, en particular a la radio y la televisión.

Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del PRI, se refirió a una “tercera generación” de reformas electorales atendiendo al interés público por elecciones justas y equitativas. El coordinador del PAN, Santiago Creel, se dolió de un sistema que permitía que la competencia política fuera decidida por las élites a través de los recursos y de los medios de comunicación. Por su parte, Carlos Navarrete, Coordinador del PRD, sentenció que había que terminar con la carrera desenfrenada de gasto y contratación en radio y Tv y que nadie estaba satisfecho con el sistema electoral de medios de comunicación y gasto.

Con tino, los tres habían leído correctamente el contexto post electoral de 2006 y en ejercicio de un liderazgo político que ellos mismos le habían imprimido al Senado, se echaron a cuestas de común acuerdo la empresa de crear una de las reformas constitucionales en la materia más importantes de nuestra historia democrática, cuyo eje central fue, precisamente, acotar el poder del dinero en las campañas y combatir la discriminación en el acceso a los medios de comunicación, sistema que distorsionaba la equidad en la competencia.

La idea central, compartida, se parecía mucho a una propuesta de Alonso Lujambio, ex Consejero del IFE, que había planteado, un par de años antes, instaurar al Instituto como gestor principal de una especie de monopsonio1 en el que nadie más que el órgano electoral podría adquirir tiempo-aire y/o spots en los medios electrónicos para propaganda partidista, en el marco de una franja de precios con parámetros de costo establecidos previamente en la ley o en un reglamento mediante diversas fórmulas matemático-financieras. Adquiridos de esa manera, el IFE podría entonces vendérselos o cedérselos a los candidatos y a sus fuerzas políticas, igualmente dentro de la banda de precios referida, a la que los estudiosos del tema cariñosamente llamábamos la “Banda Lujambio”.

Plasmado el acuerdo político en la iniciativa presentada el 31 de agosto de 2007 por Beltrones a nombre de legisladores de varias fuerzas políticas, el proceso legislativo dio inicio 5 meses después de las entrevistas para Voz y Voto. En ejercicio de sus atribuciones y con acucioso conocimiento del derecho a la libre expresión de las ideas, a la garantía de audiencia, así como el derecho de petición y de asociación para fines políticos, el Senado invitó el martes 11 de septiembre a diversos representantes de las grandes empresas de la comunicación a expresar lo que a su derecho conviniera ante las comisiones dictaminadoras.

La reunión evidenció la pobreza argumentativa de los invitados y mostró, a la vez, la profunda convicción del Senado de someter a dos de los más poderosos poderes fácticos al imperio de la ley. Temerosos del lucro cesante que cernía sobre las empresas de sus patrones, los representantes de los grandes medios de comunicación, en especial radio y Tv, denunciaron que la reforma violentaba la libertad de expresión. Algunos comunicadores llegaron inclusive a agraviar al Congreso y otros, como Pedro Ferriz de Con, profirieron el despropósito de que los medios y el poder legislativo federal procedían de un mismo “sustrato democrático” y que ellos estaban ahí en su calidad de “pares” de los senadores.

El Senador perredista Pablo Gómez, tribuno, retor y debatiente imprescindible, hoy Diputado Federal por Morena, los exhibió, vapuleó y ubicó, con maestría, serenidad y concisión: “Piensen por qué tres partidos tan distintos como el PRD, el PRI y el PAN nos pusimos de acuerdo en este tema” a lo que los quejosos respondieron con un silencio sepulcral.

Horas después, en el pleno, los coordinadores encarnaron desde tribuna el rostro adusto y severo del Estado Mexicano, otrora ausente ante los poderes fácticos. Los tres pronunciaron excepcionales piezas retóricas restañando la dignidad del Senado, del Congreso y del mismísimo Estado mexicano, que con cada frase, con cada voto, se erguían majestuosos regresando a la República por sus quicios y reinsertando a la política en el ámbito de la utilidad pública y social.

Beltrones citó el apotegma de Carpizo: “La libertad de expresión no es el derecho a mentir; no es un sinónimo de difamación y calumnia… no es el derecho a confundir a la audiencia…”.  Mencionó a Brasil, Chile, Francia y Alemania, que regulan la relación entre los medios y los partidos de manera similar, aclaró que la reforma no atentaba contra la libertad de expresión y que a la radio y televisión no se les estaba imponiendo nada a lo que el Estado mexicano no tuviera derecho. Con sentido de República, señaló “…no se equivoquen... podrán doblar a más de un político, pero nunca quebrar al Estado”.

Creel, exultante, dijo: “el que vota manda y no manda el que paga... Sí, queremos una industria (de la radio y TV) fuerte y competitiva… que pueda afrontar los retos de la globalización, de la digitalización; pero también los de la democracia.”

Sin leer, Navarrete, muy articulado, dijo que se trataba de expulsar el dinero de la lucha por el poder; que estaban tocando intereses que asumían que al ser concesionarios o permisionarios de un bien de dominio público (el espectro radioeléctrico), podían imponerse al Estado y a sus órganos, y poner de rodillas a partidos y candidatos porque controlan el acceso al tiempo-aire, “eso es lo que estamos impidiendo con la reforma”. En su cierre expresó sendos reconocimientos al partido en el poder, al PRI opositor y citó al Senador Belisario Domínguez: “¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? ¡No, señores! Todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan de política, que están al corriente de los sucesos del país, y que no pueden ser engañados sobre el particular.”

La adición al artículo 41 constitucional, resultante de aquel proceso, dispuso el advenimiento del MCPE, único en el mundo entero, en el que los ribetes mercantilistas de la propuesta de Lujambio resultaron conservadores, pues el constituyente permanente decidió asignarle al IFE, sin costo alguno para la institución, determinados espacios temporales cotidianos en cada estación de Radio y en cada canal de televisión, designados como tiempos del estado, para asignárselos, también sin gasto ninguno, a los partidos y sus candidaturas en su momento en un sistema de reparto con elementos de ponderación superiores a las prácticas hasta entonces en uso por las grandes corporaciones mediáticas, que durante las campañas habían permitido el acceso a sus frecuencias con criterios comerciales, económicos y, francamente, políticos.

Aprobada y promulgada la reforma, resintió a principios del 2009 sus primeros retos de implementación. A finales de enero y principios de febrero, las televisoras, como pocas veces sincronizadas, desafiaron públicamente la reforma electoral en vivo y a todo color, embestida ante la que el IFE trastabilló penosamente dos veces seguidas. Empero, con el paso del tiempo y luego de muchos episodios más de conflictividad que no han logrado más que fortalecerlo, el MCPE ha resultado resiliente y funcional porque le subyacen principios y encarna fines de justicia electoral en su sentido más amplio y su creación obedece a orientaciones filosóficas de piso y cancha parejos que enriquecen la lucha democrática dentro de la Ley, como característica principal de los regímenes republicanos contemporáneos, en los que los actores económicos tienen la intervención legítima que les marca la Constitución, pero nada más, pues no se les permite ni alterar el flujo o la intensidad de la campaña o de la participación ciudadana, ni obligar a resultados diferentes a los que arrojan las preferencias de los y las electores.

En un informe general sobre la implementación de la reforma electoral elaborado por el IFE (el llamado Libro Blanco), publicado en febrero de 2010, el órgano electoral concluyó que merced al MCPE:

  1. Se había evitado la tradicional e inercial transferencia de casi 3mil millones de pesos por concepto de pagos de propaganda electoral de los partidos a las televisoras y, correlativamente,
  2. El monto de financiamiento publico destinado a los partidos políticos en 2009 había descendido un 45.4% en términos reales. Además,
  3. Las herramientas constitucionales habían satisfecho los objetivos vitales ponderados en su concepción: la equidad en el acceso a los medios de comunicación masiva y la reducción del dinero público destinado a mantener el sistema de competencia; y, finalmente,
  4. El Modelo había funcionado correctamente pues el cumplimiento de las reglas había sido prevaleciente y el incumplimiento, marginal.

Como puede observarse, para enfrentar el presente y otear el futuro en esta materia, conviene reabastecernos de historia, pues la memoria nos recuerda de dónde venimos, todo lo que hemos avanzado y lo que nos falta por hacer, pues, como diría Reyes Heroles, lo que se soslaya estalla y por eso, esta es una historia que nadie debería olvidar, pero fundamentalmente, los que la escribieron, para defenderla, y los que se beneficiaron de ella, para asegurar su viabilidad.


1 De mono- y el gr. ὀψώνιον opsṓnion 'aprovisionamiento de víveres'.

1. m. Econ. Situación comercial en que hay un solo comprador para determinado producto o servicio.
Diccionario de la Academia de la Lengua.

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