AMÉRICA LATINA

Entre el deseo y la oportunidad

Mayo 07, 2020 | Por: Piero Corvetto

Aplicación de reformas electorales en el Perú en tiempos de pandemia

Eran elecciones que iban a marcar un cambio sustantivo en la historia política del país. El proceso electoral del 2021 no sólo coincidiría con las merecidas celebraciones por el Bicentenario de la Independencia del Perú, sino, también, con la implementación de un conjunto de reformas políticas y electorales, que debían permitir (luego de muchos años de debate y tensiones desbordadas) un proceso electoral con reglas definidas con la debida anticipación, nuevos actores en competencia, partidos políticos fortalecidos y la participación decisiva de la ciudadanía en la definición de los candidatos al interior de las organizaciones políticas.

Este alentador escenario electoral que debíamos vivir en el Bicentenario, ha chocado con la trágica realidad de un país de ingresos medios sin infraestructura hospitalaria suficiente para enfrentar una pandemia para la cual nunca estuvo preparado.

Este nuevo contexto COVID-19 ha reordenado, naturalmente, las prioridades del país, privilegiando la salud y la reactivación económica por sobre las reformas electorales y políticas a implementar, con miras al proceso electoral del 2021.

Por tanto, en el caso peruano, la pandemia no sólo está teniendo efectos nocivos en el ámbito de la salud pública, sino, también, en lo referente a la implementación de las recientes reformas electorales y políticas, y a la organización de las Elecciones Generales.

El COVID-19 se dispersó en el país coincidiendo con el primer gran hito de las Elecciones Generales 2021: el cierre del padrón electoral (365 días antes de la jornada electoral). Este hecho no es menor, si se entiende que el desarrollo de la pandemia va a marcar, necesariamente, el devenir de todo el proceso electoral.

Los primeros impactos

La reforma electoral aprobada exhibía, como parte de sus líneas matrices, el fortalecimiento de los partidos políticos inscritos y la apertura del sistema, incorporando nuevas organizaciones a la competencia electoral.

Para ello, se definió que, por un lado, los partidos políticos con inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones – JNE gocen de un período temporal para adecuarse a los nuevos requisitos, vinculados éstos a la presencia efectiva en territorio nacional (número de comités partidarios al interior del país) y al número de afiliados que debían exhibir.

Y que, por otro lado, se permita que nuevas organizaciones accedan a la posibilidad de competir en un proceso electoral, bajo dos condiciones: la primera, que cumplan con los requisitos definidos para su inscripción (comités partidarios a nivel nacional, número mínimo de afiliados, entre otros, en el intento de generar una militancia activa al interior de los partidos); y, segundo, que compitan en las elecciones primarias y superen la valla del 1.5% de respaldo electoral.

En este contexto, la reforma para el fortalecimiento de los partidos políticos resulta muy difícil de aplicar. Mientras que los partidos políticos que, previamente, no cumplían con los requisitos de la nueva ley, aún no han logrado adecuarse a la norma y resulta materialmente imposible exigirles que lo consigan en plena pandemia, acreditando comités partidarios (que no podrían funcionar y menos ser fiscalizados) y entregando fichas de afiliados (con foto, firma y huella) que no se pueden recabar. Todo ello, cuando la elección tiene como plazo máximo de convocatoria el 15 de julio próximo (270 días antes de la jornada electoral).

Igual suerte corre la reforma que generó la apertura de la competencia electoral, pues resulta muy complejo que, en un contexto de aislamiento social obligatorio (y uno próximo de distanciamiento social), se puedan cumplir con los requisitos impuestos por la norma. Con el agravante que, luego de ello, necesariamente deban superar la valla del 1.5% en las elecciones primarias, las mismas que se encuentran casi descartadas por el avance del cronograma electoral.

La democracia interna como interrogante

Desde el 2003, y luego de 23 años de debate contínuo, se logró aprobar una primera ley de partidos políticos. Desde aquel entonces, la búsqueda de la institucionalidad partidaria, la democracia interna y la transparencia en el manejo de fondos partidarios, han conseguido conquistar espacios normativos en nuestra legislación electoral y partidaria, aunque insuficientes.

Con las últimas reformas del 2019 se creía posible avanzar, cuando menos, en lo que se refiere a la implementación de la democracia interna, con la incorporación de las elecciones primarias. Dado que, la reforma política, gradualmente, otorga mayor protagonismo al ciudadano en la definición de las candidaturas partidarias. De esta manera se fortalecería el vínculo entre partidos y ciudadanía, empezando a reducir la desafección por la política.

Si bien las elecciones primarias estaban previstas para mediados de noviembre del presente año, existe consenso (varios proyectos de ley presentados en el nuevo Parlamento y el propio Presidente de la República se han manifestado en esa línea) que resulta casi imposible de celebrar las primarias, debido a la reducción de los plazos en el cronograma electoral, los costos que ella supone y, principalmente, por la imposibilidad real de congregar a más de 25 millones de ciudadanos en medio de una pandemia de gran magnitud.

En un escenario inminente de suspensión de las elecciones primarias con miras a las Elecciones Generales, la democracia interna vuelve a colocarse en el centro del debate político y académico, pues surge la gran interrogante de cómo reemplazarlas.

Bajo el esquema legal previo a la reforma, los partidos políticos podían decidir entre tres modalidades de elección: con sufragio universal de los ciudadanos que deseen, con el voto sólo de los afiliados (modalidad conocida como un afiliado: un voto) o a través de delegados electos en circunscripciones partidarias previamente definidas. Está ultima modalidad de elección ha sido, tradicionalmente, la más utilizada y la que más crítica generaba, debido a que no necesariamente presentaba múltiples opciones a elegir en el espacio de delegados, ni en la definición final de candidaturas.

Ante la incógnita planteada, surge como una opción interesante que las internas partidarias sean organizadas por los organismos electorales. Esto es, el padrón de electores, de cada partido, elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, en base a la información proporcionada por el Registro de Organizaciones Políticas – ROP; la organización y ejecución del proceso electoral recae en la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE y la justicia electoral es asumida por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE.

Esta opción permitiría que las internas partidarias puedan gozar de los estándares de calidad internacional que sólo los organismos electorales pueden brindar, además de aliviar los gastos partidarios que una elección implica y, sobre todo, brindar aún mayor legitimidad a los resultados que de éstas emanen.

Esta salida merituaría analizar, además, otras dos variables que se insertan en lo particular del contexto: la oportunidad y la modalidad. La oportunidad está vinculada a la interrogante de cuándo realizar las elecciones internas partidarias. Si dicha elección va a reemplazar a las elecciones primarias, sería lógico pensar que ésta pueda celebrarse en noviembre del 2020, tal como estaban programadas las elecciones primarias. Esta fecha permitiría que los organismos electorales puedan desplegar sus actividades con el tiempo necesario que asegure el éxito de las mismas. Bajo el supuesto que los organismos electorales no participen (existen varios proyectos de ley en esa línea), el tiempo requerido para realizar las internas podría ser menor, pero estaría en manos de cada partido político.

Respecto a la segunda variable incorporada, la modalidad de la celebración de internas se ha incluido en el debate. La gran pregunta es si será posible organizar internas partidarias, con decenas de miles de afiliados participando, bajo la modalidad presencial.

Ante esta disyuntiva, surgen dos posiciones: la primera, en favor del voto convencional, aplicando todas las medidas de distanciamiento social, que permitan conciliar el derecho al sufragio y el derecho a la salud en un acto presencial; mientras que, la segunda posición, opta por la incorporación de nuevas tecnologías, como el voto electrónico no presencial.

Mientras que en el primer caso, la celebración de internas requerirán de una coordinación estrecha con la autoridades de salud, un gran despliegue logístico y mayor inversión económica, producto del uso de los equipos de proteccion personal; en el segundo caso, el uso intensivo de la tecnología se presenta muy seductor. Sin embargo, exhibe otros aspectos no menos importantes, como, por ejemplo, la seguridad y procedimientos a implementar para la identificación de los electores, la entrega de credenciales a los afiliados, la garantía de la secrecidad del voto fuera del ámbito de control de la organización electoral (sobre todo en una sociedad como la peruana: con elevados niveles de percepción de la corrupción, desconfiada y sin una tradición previa de voto postal), la ausencia de una aplicación política del voto electrónico no presencial (ha sido utilizada sólo con organizaciones de la sociedad civil y de forma muy acotada), la ausencia de una auditoría sobre su funcionamiento, el tiempo incierto que se tendrá para robustecer el sistema informático actual, entre otros elementos a considerar. Para los críticos del voto electrónico no presencial, es suficiente ya con la pandemia para agregar un posible problema político.

Cómo podemos apreciar, la democracia interna peruana muestra aún más incógnitas que certezas, respecto a cómo se concretaría.

La pandemia como oportunidad

Pero no todas son interrogantes o incertidumbre en el escenario electoral peruano, también existen oportunidades muy positivas que destacar, como la posible implementación de la alternancia y la paridad de género en las próximas elecciones generales.

Con las últimas reformas del 2019, la participación por género se debía incrementar en las Elecciones Generales 2021 de 30% a 40%, para, progresivamente, alcanzar la paridad, recién, en las Elecciones Generales del 2031.

Sin embargo, el nuevo Legislativo ha recibido varias propuestas que permitirían alcanzar la alternancia y la paridad en las elecciones del Bicentenario. En este mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Ejecutivo, parte importante de la sociedad civil y determinados líderes de opinión. Si el tema se aborda en el Parlamento, será altamente probable adelantar la paridad y la alternancia para el próximo proceso electoral nacional.

Cómo podemos apreciar, la aplicación de las reformas electorales peruanas dependen, en gran medida, de los acuerdos políticos que se logren alcanzar en el Legislativo, en dónde se tendrá que conciliar el deseo de aplicarlas (o posponerlas) y la oportunidad de implementarlas en el complejo contexto del COVID-19.

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