JUSTICIA

La inconstitucionalidad de la Ley Bonilla: el fin de la telenovela

Mayo 14, 2020 | Por: Karolina M. Gilas

El lunes 12 de mayo de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México tomó una decisión que pasará a la historia como una de las sentencias más relevantes para la democracia. Ese día, en sesión pública, transmitida por medios digitales y celebrada a distancia en medio de la crisis sanitaria, las y los ministros decidieron, por unanimidad, declarar inconstitucional lo que se ha denominado como la “Ley Bonilla”. Con esta decisión terminó la larga telenovela que contaba una triste historia de vergonzosos intentos de violar la Constitución y socavar los fundamentos de la democracia.

¿Cuáles son los orígenes de esa telenovela?

La reforma constitucional de 2014 estableció que las entidades federativas están obligadas a celebrar al menos una de las elecciones de manera concurrente con alguna de las elecciones federales. Esta obligación derivó en una ola de adecuaciones de las Constituciones y legislaciones locales para empatar los procesos comiciales, usualmente a través de la determinación de un periodo transicional para la gubernatura, más breve de aquel aplicable en condiciones normales para dicho cargo. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Baja California, donde (ese mismo año) el Congreso local aprobó un periodo transitorio de dos años para la gubernatura electa en 2019, lo que permitiría empatar los procesos locales con el federal en 2021.

Conforme a esta reforma, a finales de 2018 dio inicio el proceso electoral para la elección de la gubernatura bajacaliforniana. Las bases de la convocatoria establecieron que el mandato que iba a cubrir la persona electa iba a ser de dos años: del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. La emisión de la convocatoria fue impugnada ante las autoridades electorales, primero a nivel local, y después federal. El Tribunal Electoral Estatal ordenó modificar el periodo de ejercicio del cargo por tres años más, empatándolo con la elección federal de 2024. Sin embargo, esta decisión fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien determinó como válido el mandato de dos años (SUP-JRC-5/2019 y sus acumulados).

Días después, una vez registrado como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura, Jaime Bonilla Valdez impugnó la misma convocatoria, argumentando que la reducción del periodo resultaba violatoria de sus derechos políticos en tanto derechos humanos, al impedirle ejercer el cargo (en caso de resultar electo, por supuesto), por el mandato de seis años previsto constitucionalmente. El Tribunal Electoral local declaró entonces la inaplicación del periodo transitorio y modificó la convocatoria para que la persona ganadora de los comicios pudiera ejercer la gubernatura por seis años. Esta decisión fue, nuevamente, objeto de revisión por parte de la Sala Superior del TEPJF, quien revocó la sentencia de la instancia local y reestableció el mandato transitorio de dos años (SUP-JRC-22/2019 y sus acumulados).

Parecería que una decisión judicial tomada a un mes de la jornada electoral iba a dejar zanjada la controversia sobre el periodo por el que iba a ser electo el gobernador de Baja California, pero no fue así. Primero, el candidato ganador, Jaime Bonilla, impugnó la declaratoria de validez de su propia victoria, buscando nuevamente una extensión del mandato por el que iba a ejercer el cargo. Segundo, el recién electo Congreso estatal, a una semana de su instalación, adoptó su primera reforma constitucional… para ampliar el periodo de la gubernatura hasta octubre de 2024 y cumplir con los caprichos de las élites políticas.

¿Qué pasó después?

Esta controversia generó todo un proceso jurisdiccional que se manifestó en las impugnaciones de la validez de los comicios. Si bien Jaime Bonilla desistió de su impugnación (una vez aprobada la reforma constitucional), las autoridades jurisdiccionales analizaron las demandas presentadas por los demás actores. Esta ruta concluyó en octubre de 2019, cuando la Sala Superior del TEPJF realizó la declaratoria de validez de la elección de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California por el mandato de dos años, 2019-2021 (SUP-JRC-37/2019 y SUP-JRC-39/2019 y sus acumulados).

La reforma constitucional dio pie además al segundo proceso legal culminado apenas este lunes 12 de mayo de 2020. Varios partidos políticos (Partido Acción Nacional, Partido Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional y Partido de Baja California) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de la modificación del periodo de la gubernatura. Los argumentos principales de las acciones de inconstitucionalidad se centraban en la violación del principio de certeza, del de legalidad, el de no retroactividad y el de no reelección, así como en violación de los derechos ciudadanos de libertad en el ejercicio del sufragio y de voto pasivo y activo.

En el inter, el Congreso estatal aprobó la celebración de una consulta ciudadana, a través de la cual se pretendía consultar al electorado acerca de su opinión sobre la ampliación del mandato del gobernador electo. La consulta fue celebrada en octubre de 2019. Su resultado fue un contundente sí a la extensión del periodo expresado por el 84.25% de los 53 mil votantes que representan… el 1.9% del total de las personas inscritas en la lista nominal.2 Respetando la voluntad ciudadana, el Congreso estatal ordenó la publicación de la reforma, emitió el bando solemne y el 1 de noviembre de 2019 le tomó la protesta como gobernador constitucional de Baja California a Jaime Bonilla, por el periodo 2019-2024.

¿Qué decidió la SCJN?

La Suprema Corte, en una decisión unánime, decidió declarar inconstitucional la Ley Bonilla y estableció que el periodo por el cual el gobernador ejercerá sus funciones concluye el 31 de octubre de 2021 (acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas).

En su decisión, la SCJN compartió todos los argumentos de la CNDH y de los partidos que reclamaron. Las y los ministros consideraron que la modificación del periodo de ejercicio de un cargo es una de las reglas fundamentales para los procesos electorales y, por tanto, en cumplimiento con los principios constitucionales, es válida únicamente cuando se realiza por lo menos 90 días antes del inicio del proceso comicial. Una modificación posterior, como en el caso del período de mandato para la Gubernatura de Baja California, es violatoria a la Constitución, al transgredir los principios de certeza, legalidad y retroactividad. Con ello, afecta el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía —pues impide que el electorado conozca con certeza las condiciones bajo las cuales elige a sus representantes y gobernantes— y también de los demás actores participantes en el proceso, quienes actuaron bajo las reglas que posteriormente fueron modificadas en su prejuicio.

La Corte determinó también que la modificación del mandato por parte del Congreso estatal fue violatoria a los derechos ciudadanos de participación política, al alterar las condiciones de ejercicio del sufragio pasivo y activo, y al principio de no reelección, por implicar una extensión del mandato más allá del cual se ha sido electo democráticamente.

La SCJN apuntó a que la toma de protesta por el periodo de cinco años no podía ser impedimento para que este mandato sea modificado. En la opinión de la Corte, el inicio de las funciones del gobernador no implica que se hayan consumado sus efectos, generando una situación definitiva o inmodificable. Por el contrario, la toma de protesta tiene efectos de aceptación del mandato, pero no de definir el periodo por el cual éste deba ser ejercido, por lo que no puede otorgar validez a una norma inconstitucional.

¿Por qué es importante la decisión de la SCJN?

A pesar de todo el galimatías telenovelesco del caso y la obstinación en extender el periodo de gobierno de Bonilla, el asunto que tuvo que resolver la Corte fue realmente muy simple. Se trataba de la validez constitucional de la prolongación del mandato de un Gobernador una vez electo, hecho que, a la luz de todo el marco constitucional y legal, nacional e internacional y también respecto de la teoría jurídica y la política comparada era violatorio de los principios democráticos.

Por eso, precisamente, es tan importante la sentencia emitida por la Corte en este caso. La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Bonilla es vital para la protección de las reglas democráticas y del Estado de Derecho. Decisiones como estas son las que regresan la fe en las instituciones, en la Ley y en la Constitución como fundamentos de la vida política. Con esta declaratoria, la SCJN toma el lugar que le corresponde en el sistema político: el de defensora de la Constitución y de los principios democráticos frente a cualquier intento de transgresión.

La argumentación expuesta en la sesión pública (con más contundencia que en la propia Sentencia) de la Corte desnuda sin piedad la orquestación del fraude a la Constitución. Como lo expresó el ministro presidente Arturo Zaldívar se trató de una serie de decisiones tomadas por órganos del Estado a través de mecanismos constitucionalmente válidos, pero cuyo resultado fue contrario al espíritu y al contenido de la Carta Magna. Este pronunciamiento es, realmente, lo trascendental de la decisión de la Corte.

Frente a estas expresiones, tan claras y tajantes, el texto de la Sentencia aprobada por el Pleno carece de la misma fuerza argumentativa. La sentencia desarrolla a detalle (y hasta de forma redundante) la argumentación relativa a la violación al principio constitucional que impide modificaciones a las reglas electorales al menos 90 días antes del inicio de un proceso comicial, mientras que el análisis de otros conceptos de violación y la aplicación de los precedentes de la propia Corte, en particular sobre la afectación a los derechos de participación política, resulta somero y poco sustancial. A pesar de esta deficiencia argumentativa de la propia Sentencia, que se antojaba aún más contundente en su argumentación, lo más importante y lo que se debe celebrar es el sentido y los efectos de la decisión.

La Corte nos dio el happy ending que desde hace tanto estuvimos esperando: la democracia fue salvada en el último capítulo de la novela.


1 FCPyS-UNAM, Red de Politologas y Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.

2 Martin Vivanco Lira, “La CNDH vs. la Ley Bonilla: lo que está en juego”, El juego de la Suprema Corte, Nexos, 5 de mayo de 2020, https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11367.

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