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Integridad electoral en tiempos de guardianes

¿De qué hablamos cuando hablamos de integridad electoral? Podemos ubicar el nacimiento de esa noción en mayo de 2011 en un discurso de Kofi Annan, otrora Secretario General de la ONU, al instalar la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, esfuerzo conjunto de la fundación que él mismo presidía y del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Lo dijo así: “Construir democracia es un proceso complejo. Las elecciones son solo el punto de partida, pero si su integridad está en entredicho, también lo estará la legitimidad de la democracia…”

Dieciséis meses después del lanzamiento de la Comisión, el 14 de septiembre de 2012, se publicó su reporte señero y fundacional denominado Profundizando la Democracia: una estrategia para mejorar la integridad de las elecciones en el mundo, en el que se propuso la primera definición del concepto al disponer que una elección con esa cualidad era “aquella basada en los principios democráticos de sufragio universal y equidad política, como lo disponen los estándares e instrumentos internacionales y que es profesional, imparcial y transparente en su preparación y administración a lo largo de todo el ciclo electoral.”

En 2013 la Fundación Kofi Annan creó la Iniciativa por la Integridad Electoral, a partir de una recomendación de la Comisión Global señalada, consistente en una red informal de organizaciones e individuos que comparten una preocupación común por los retos políticos, aún no considerados o abordados, que lesionan las elecciones, especialmente en países que han resentido inestabilidad política prolongada, o que han emergido recientemente de esa coyuntura.

En otra veta explicativa del origen de esta nueva disciplina, la politóloga inglesa Pippa Norris, profesora e investigadora de las Universidades de Harvard y de Sidney, fundó a mediados del 2012 su Proyecto de Integridad Electoral, que trabaja alrededor de tres interrogantes ¿Cuándo cumplen las elecciones los estándares internacionales de esta exigencia? ¿Qué pasa cuando las elecciones fracasan? ¿Qué se puede hacer para atemperar esos problemas? Su objetivo es producir investigación científica innovadora y relevante que genere avances significativos en las capacidades y conocimiento sobre las elecciones, la democracia y la autocracia.

En ese empeño, el Proyecto de Norris creó el Índice de Integridad Electoral, que se estructura a partir de la medición de 49 indicadores agrupados en 11 componentes: Leyes electorales, procedimientos electorales, demarcación geográfica de las unidades electorales, registro de electores, registros de partidos y candidaturas, medios de campaña, financiamiento de campaña, proceso de votación, conteo de votos, resultados y órganos de administración electoral. En dos libros de su autoría de 2014, hoy clásicos, Norris empezó a realizar aportaciones al marco conceptual, quizá más sofisticadas, acogiéndose expresamente a la normativa internacional de los derechos humanos y a otros estándares universales.

A partir estos antecedentes históricos, el instrumental conceptual y de la métrica de la integridad electoral avanzan a paso veloz por el mundo entero elevando los estándares tradicionales del ejercicio de la función comicial, fortaleciendo su credibilidad y garantizando sus componentes necesarios de ética pública.

Debo, sin embargo, regresarme un poco. En su concepto general, integridad es exactamente lo contrario que corrupción; son términos relativamente antiguos de filosofía política que residen en extremos opuestos. En términos médicos: si la enfermedad es la corrupción, la salud es la integridad (y la medicina es la anticorrupción, por cierto). Integridad y ningún otro, es el nombre de la victoria en el combate al carcinoma. En su expresión electoral, empero, la integridad es percibida como indispensable para llevar a un estadio superior de legitimidad social y reconocimiento internacional a los procesos democráticos que dan origen, viabilidad, continuidad y renovación permanente a nuestros regímenes políticos.

Ahora bien, ¿Qué efectos tienen las elecciones sin integridad, según la creciente masa crítica de investigadores en la materia? Generan que políticos y funcionarios e inclusive las instituciones no rindan cuentas al electorado, al que se le niega la oportunidad igualitaria de participar e influir en el proceso político, con lo que la confianza pública en esos comicios será débil y los gobiernos carecerán de legitimidad. En estos casos las instituciones democráticas serán cascarones vacíos, desprovistos de la ética y el espíritu democrático.

En sentido contrario, ¿Cuáles son los beneficios tangibles para la ciudadanía de las elecciones con integridad? Empoderar a las mujeres, luchar contra la corrupción, acercar bienes y servicios necesarios a los grupos más vulnerables, mejorar la gobernabilidad e, inclusive, contribuye a terminar guerras civiles. Todo esto es posible porque la integridad electoral revisa y estudia todo el ciclo electoral y no solo la jornada de votaciones; encima, tampoco se circunscribe a la expresión normativa e institucional de los comicios, pues estudia también los efectos políticos de la responsabilidad, irresponsabilidad y respeto de todos los actores en el proceso electoral, inclusive los medios de comunicación, por las mejores prácticas y usos comunes (y no solo por la norma escrita).

De cualquier modo, hay que aclarar que las elecciones con integridad no pueden por sí mismas desarrollar economías, crear gobernabilidad o hacer la paz, pero investigaciones recientes las señalan como importantes catalizadoras del potencial transformador de la democracia. En esta materia, quizá resulte orientadora esta otra frase de Kofi Annan visible en el prólogo del Informe de septiembre de 2012 de la Comisión Global, que es una muy útil y oportuna reflexión de filosofía y sociología políticas y por ello, supra electoral: “Cuando el electorado cree que las elecciones fueron libres y justas, éstas pueden actuar como potentes catalizadores para mejorar la gobernabilidad e incrementar la seguridad y el desarrollo humano. Sin embargo, cuando las elecciones carecen de credibilidad, los ciudadanos no disponen de recursos que permitan un cambio político pacífico. En tales casos, aumenta el riesgo de que surjan conflictos; la corrupción, la intimidación y el fraude proliferan de manera incontrolada; y el sistema político en su conjunto comienza a descomponerse lentamente desde su propio interior.”

En una manifestación del estado del arte en esta nueva y proactiva disciplina, que está estudiando temas de vanguardia, conviene comentar el informe Protegiendo la integridad electoral en la Era Digital, de la Fundación Kofi Annan, de febrero de 2020, que considero fundamental para entender mejor y atender con mayor eficacia los retos y principios de este nuevo estándar de estándares frente a las ventajas y amenazas que presentan las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

El reporte se articula alrededor de dos objetivos principales: identificar y encuadrar los retos provenientes de la diseminación de las tecnologías digitales y de las redes sociales, así como desarrollar políticas públicas que enfrenten esos retos y subrayen las oportunidades que la innovación tecnológica ofrece para robustecer la integridad electoral y la participación democrática.

Intenta responder 5 preguntas: ¿Qué elementos fundamentales de las tecnologías digitales tendrán un impacto único (positivo o negativo) en la democracia y los procesos electorales? ¿Qué potencial tienen las tecnologías digitales para fortalecer o debilitar la integridad del entorno electoral? ¿Cómo lograr que el uso de la tecnología en las elecciones sea transparente y garantice rendición de cuentas? ¿Qué oportunidades e incentivos ofrecen a los electores jóvenes para involucrarlos en los procesos democráticos? ¿Qué papel e impacto tiene el financiamiento político en el despliegue y uso de las estrategias e instrumentos electorales de base digital?

Los hallazgos del reporte son de entidad superlativa: Que muchos de los daños que se han atribuido al internet y las redes son en realidad anteriores a las nuevas tecnologías y plataformas. Que, aunque las TICs, internet y redes no son la causa de la polarización política a gran escala, la exacerban tornándose útiles para quienes buscan lesionar la deliberación democrática.

Que la vulnerabilidad de las democracias ante la desinformación varía atendiendo a la presencia de medios no imparciales. Que las elecciones de todo el hemisferio sur están en riesgo, pues serán puntos focales de discurso de odio, noticias falsas, interferencia interna y manipulación externa. Finalmente, que estos son los responsables del abuso de TICs, redes e internet al haberlas convertido, por acción u omisión, en amenazas estructurales: 1) Los medios tradicionales de comunicación, que con frecuencia amplifican la información falsa en lugar de combatirla y/o esclarecerla; 2) Los propios candidatos y funcionarios electos, que han usado las redes y el internet para fomentar el odio, diseminar noticias falsas y dañar la confianza ciudadana; 3) Algunos consultores políticos, que han buscado manipular los procesos electorales para hacer ganar a sus clientes a toda costa y que han hecho de esa manipulación un negocio y una amenaza transnacional; 4) Las grandes plataformas, que han permitido la “viralización” del discurso de odio y la desinformación y no quisieron anticipar los efectos perniciosos de sus productos y servicios; dichas plataformas se negaron también a reconocer que esa omisión lesiona la democracia y auspicia la violencia, al permitir campañas sucias.

Como podrá verse, los estudiosos de esta innovadora disciplina están incursionando en el estudio de fenómenos modernos, alertando sobre sus probables consecuencias y proponiendo medidas de ajuste para enfrentarlos de mejor manera. De este modo, como queda claro, provee al proceso electoral entero de información y evaluaciones que enriquecen el ejercicio de tan importante función pública, pero también le permite al ciudadano y ciudadana valorar sus instituciones y procedimientos en la materia, prestigiando el expediente democrático de circulación de las élites y arrojando luz sobre aquellos comportamientos políticos que presentan matices o componentes autocráticos.

¿Qué sigue? El reporte de marras ofrece varias recomendaciones: I) Crear capacidades para fortalecer la integridad electoral, construyendo redes de todos los actores relevantes, públicos y privados, para colaborar y compartir información relativa a las lesiones potenciales o reales a la misma; II) Construir un índice de vulnerabilidad electoral que permita identificar los comicios que merezcan especial atención por injerencias indebidas, discursos de odio y noticias falsas; III) Asistir a los órganos electorales, quizá desde un nuevo órgano internacional permanente, en materia de mejores prácticas en ciberseguridad.

IV) Crear marcos de exigencia ética como la firma pública de compromisos de cumplimiento, promoción y defensa de los estándares de comportamiento por candidatos, partidos, autoridades, jueces electorales y hasta proveedores, en los que rechacen expresamente conductas indebidas. V) Impulsar la adopción de un nuevo tratado o convención internacional para prevenir, disuadir y castigar la injerencia de los gobiernos y de cualquier persona física o moral en los comicios de otros países.

VI) Los gobiernos y congresos deberán crear o refinar las reglas sobre la propaganda política en línea y establecer en ley la obligación de las grandes plataformas mediáticas y sociales de hacer pública toda la información relevante relacionada con la compra de un anuncio, spot o mensaje en general, incluyendo el gasto ejercido en la compra, los criterios de selección de audiencia y hasta la persona creativa autora del mensaje, la identidad real de la persona física contratante y de la organización a la que pertenece o a nombre de la que actúa; además, prohibir anuncios y campañas digitales o en línea en las 48 horas previas al día de la elección.

VII) Las grandes plataformas deberán dar a los usuarios la opción de decidir sobre su inclusión en las listas de destinatarios de propaganda política; comprometerse también a contratar únicamente con candidatos y partidos que hayan firmado los compromisos públicos ya referidos. VII) Las redes sociales deberán desarrollar sistemas de alerta temprana para identificar y detener campañas de desinformación electoral, injerencia del extranjero, crímenes de odio, violencia contra las mujeres y de supresión del derecho al sufragio. VIII) Las redes deberán asociarse obligatoriamente para estos efectos, así como lo han hecho ya para denunciar el terrorismo, el racismo y el tráfico de personas.

Quizá el corazón del reporte reside en una frase más del ex Secretario General de la ONU al crear la Comisión referida: “La tecnología no está inmóvil; la democracia tampoco debería estarlo.”

Como podrá verse, estamos ante una disciplina novedosa y de fundamental importancia para el futuro y viabilidad de las democracias contemporáneas, por lo que resulta necesario explorar con seriedad sus categorías analíticas y ejes articuladores, debido a lo que puede ofrecer a las sociedades, autoridades electorales y actores políticos al inicio de esta tercera década del Siglo XXI.

En esta época de derechos, la integridad electoral es, en consecuencia, resguardo amurallado de nuestros derechos político-electorales, en especial los relativo al sufragio, a la asociación y participación en los asuntos públicos del país. Al acorazar de mejor manera estas prerrogativas ciudadanas, es un bien público imprescindible, aspiración para las democracias y fin último de la lucha por la autenticidad en la materia, que rechazarán por siempre la corrupción, que estos temas se desdobla en la pulsión simuladora y la obsesión autoritaria.

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