JUSTICIA

La "notificación y retirada" sus efectos en lo electoral

Julio 06, 2020 | Por: José Ramón Narváez

En esta semana vía fast track se aprobaron reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA), y al Código Penal Federal (CPF) en materia de delitos contra la propiedad intelectual, la razón de la rapidez fue incluso señalada por los propios legisladores, era urgente armonizar nuestro derecho con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

¿En qué consistió la reforma? La legislación norteamericana tiene unas limitaciones específicas a la libertad de expresión digital en aras de supuestamente proteger los intereses de los derechohabientes sobre la autoría de imágenes y materiales audiovisuales.

Cuando nosotros compartimos imágenes e información a través de nuestros dispositivos hay una serie de empresas involucradas en estos procesos, quienes alojan la información, quienes sirven para compartirla, e incluso quienes administran su uso, estos intermediarios en internet como es el caso de Google, Facebook y Twitter por mencionar algunos, no querían tener problemas de demanda por uso de esta información, así que para no meterse en problemas, los estadounidenses optaron por un mecanismo muy pragmático, como es su estilo, una norma que obligara a estos intermediarios a bajar dichos contenidos cuando hubiera una solicitud en ese sentido.

La solicitud de “notificación y retirada” no requiere de ninguna formalidad, ni pruebas y en muchos casos no se ajusta al debido proceso, por lo que puede vulnerar el derecho a la información, muchos de los contenidos que compartimos ni si quieran son violatorios en términos de la misma ley, el artículo 151 de la LFDA permite el uso de una obra protegida por derechos de autor sin un permiso previo cuando no existe un beneficio económico directo, para fines de enseñanza, investigación o se trate de “sucesos de actualidad”.

La solicitud de retirar un contenido al no tener requisitos ni rendición de pruebas, en la mayoría de las ocasiones recae en información que ni siquiera es ilegal; no sólo eso, en varias ocasiones este recurso digital se ha utilizado para censurar críticas al sistema político.

Es claro que esta reforma tendrá efectos directos en las próximas campañas electorales, que parece tendrán mucha más injerencia de los recursos digitales. La comunicación política en nuestros días es gran medida digital, a través de nuestros dispositivos compartimos pareceres, críticas y noticias sobre candidatos y candidatas, partidos políticos y actividad electoral variopinta; es una manera de generar opinión pública, además es información inmediata y fluida que contrarresta los monopolios informativos y genera la polémica propia de toda sociedad democrática.

Ciertamente hay una intensión importante de evitar el abuso del derecho a la información generando noticias falsas (fake news), difamando a personas o creando discurso de odio; pero el camino no puede ser la restricción sino promoviendo una cultura cívica más responsable con los contenidos.

El tema es delicado para quien es creador de contenidos e incluso para quien de manera ingenua los compartimos. El creador que considere que la retirada fue injusta podrá solicitar al intermediario la recolocación de la información, ojo, si el tercero, supuestamente autor de parte de ese contenido insiste en que se retire, el contraviso podría ser sancionable con multas que van de los 85 mil pesos hasta 1.7 millones de pesos.

Para quien comparte contenidos y se encuentra con algún “candado digital” y decide saltarlo – por ejemplo, a través del denominado ripeo o conversión de formato de los materiales- porque considera que es una forma de ejercer sus derechos, podría ser merecedor hasta 6 años de prisión. Lo cual supone una paradoja: para ejercer mi derecho a informar debo violar la ley, por ello la reforma sería, en opinión de expertas y expertos una restricción.

Además, la falta de excepciones a la ruptura de “candados digitales”, como sí existen en el sistema norteamericano, implica también, someterse a las condiciones que programadores y empresas impongan a los usuarios de tecnologías, descargar o quitar alguna aplicación que tiene un candado podría llevar a incurrir en un delito, supongamos que cierta propaganda política es difundida a través de un proveedor de servicios digitales al cual se contrató para desarrollar una aplicación que esté encadenada a otra de mucho consumo y a la cual se le ponga un candado digital, yo estaría obligado a recibir dicha propaganda y no podría eliminar el candado para no incurrir en un delito.

La velocidad y recurrencia con la que compartimos contenidos e información nos hace muy vulnerables y susceptibles de incurrir, incluso por error, en algunas de estas faltas, el efecto entonces podría ser contraproducente, terminaremos por no compartir o ser tan cautelosos y nos impondríamos una autocensura.

El problema de la reforma es que favorece a quien tiene las posibilidades económicas para utilizar a su favor tecnologías de la información, la brecha digital que existe en nuestro país hace vulnerable a un gran sector de usuarios que no tienen los recursos para evitar estar sujetos a los administradores de estas tecnologías, criminaliza acciones tan comunes como la compartición de contenidos. Nuestras democracias han apostado a la transparencia y el acceso a la información, estamos creando la sociedad del conocimiento, esto podría ser contraproducente.

Es verdad que aún falta discutir mucho acerca de los derechos digitales y el derecho al acceso a la tecnología; pero lo que sí está claro es que, si queremos lograr una sociedad con mayor equidad, es necesario esforzarnos por lograr tener más igualdad en los recursos que nos mantienen informados y no permiten comunicar nuestras ideas, es una manera de participar políticamente, y en estos tiempos parece cada vez más necesario que la tecnología llegue a más personas pero sin trabas, ni candados.

Estamos a punto de entrar de lleno a una era digital, donde seguramente muchas actividades electorales se llevarán a cabo a través de recursos digitales: votaciones, reuniones de asambleas, medios de impugnación electoral, recursos administrativos varios; ahora ¿imaginemos que estos procesos podrían estar sujetos a candados que ni si quiera están al alcance de las instituciones del Estado sino de empresas transnacionales con intereses eminentemente económicos y, que, además, tienen nuestros datos personales y la constante tentación de condicionar nuestras acciones a través de dicha tecnología?

El riesgo es mucho, pero ojalá pueda ajustarse mejor esta reforma, regular más detalladamente la figura de la “notificación y retirada” y agregar excepciones a la ruptura de los “candados digitales”, también queda latente la posible revisión que la justicia constitucional pudiera hacer de la misma, y de ese modo lograr un uso más democrático y responsable de las tecnologías de la información.

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