GÉNERO Y POLÍTICA

La reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres y los alcances de su armonización desde el impulso de las redes en Jalisco.

La paridad de género en las candidaturas, establecido en el artículo 41 constitucional a partir de 2014, trajo como consecuencia un incremento sustantivo de la representación política de las mujeres en México -tanto a nivel federal como local-, al tiempo que estableció un nuevo paradigma de democracia inclusiva, permeando al resto de los poderes y órganos del Estado en su integración, robustecida mediante una nueva reforma constitucional de #ParidadEnTodo en el año 2019.

Sin embargo, aún quedaba pendiente el establecimiento de mecanismos legales para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género (VPMG), identificada como reacción adversa a su creciente empoderamiento político tanto en su modalidad de aspirantes, precandidatas y candidatas a los cargos de elección como en el desempeño de cargos de designación.

En ese camino se debe reconocer la histórica decisión de la LXIV Legislatura de la Paridad de Género, por aprobar la reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si bien es preciso reconocer, que esta reforma fue planteada en sucesivas legislaturas previas, a través de muy diversas iniciativas de mujeres -de todos los partidos políticos-, y que fue muchas veces pospuesta, obstaculizada, inclusive banalizada, es de celebrar que haya sido ésta legislatura la que tomara acción, logrando su aprobación en favor de la consolidación de la democracia paritaria.

Una vez aprobada la reforma, habría de traducirse en procesos de armonización en las entidades del país hacia las elecciones del año 2021 y Jalisco no fue la excepción.

Desde la sociedad civil, mujeres de diversos colectivos, en coordinación con consejeras y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se realizaron diversos foros y conversatorios a los que fueron invitadas legisladoras del Congreso local y federal, autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, fiscalía de delitos electorales y medios de comunicación, pues se consideraba preciso hacer sinergia para lograr primero, la edificación de un robusto corpus legal para el nuevo modelo institucional local de reglas y procedimientos en la materia, que mínimamente adoptara los términos de la reforma federal; y segundo, que fuera punto de partida para avanzar hacia otros aspectos que atendieran la realidad del Estado y profundizaran en lo posible los alcances de aquella.

Lo más importante, fue poner en el centro a las jaliscienses y como máximo bien jurídico a tutelar, su derecho a la participación libre de violencia política, pues evocando el proceso electoral 2017-2018, aun cuando se logró una alta participación de candidatas y que un gran número de ellas resultaron electas, esta mayor inclusión no garantizó la erradicación situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres.

Para ello se vería como necesario que la reforma tuviera una perspectiva integral, armonizando todos los ordenamientos estatales necesarios, a partir de la definición del concepto de violencia política en contra de las mujeres en razón de género de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), considerando todo el catálogo de conductas del artículo 20 Ter, en la LAMVLVJ (Ley estatal).

Otro aspecto importante se referiría a que le fueran conferidas atribuciones al organismo electoral del Estado para la promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres, estableciendo como premisa que todas sus actuaciones tuvieran perspectiva de género; así como el funcionamiento permanente de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación. Llevar a cabo programas de educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral y también campañas institucionales de prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género, de manera intersectorial y con los distintos niveles de gobierno.

En cuanto a los esquemas competenciales para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género por la vía administrativa, que fuera a través del Procedimiento Especial Sancionador, con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como instancia instructora a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, para resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fuere necesario otorgar y el Tribunal Electoral del Estado como resolutora, respectivamente.

La introducción en la reforma de la perspectiva intercultural y de no discriminación fue también un aspecto que se planteó desde Las Otras Voces, un conversatorio organizado por Rosselvy Domínguez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejera Estatales Electorales y Gloria Alcocer, de Fuerza Ciudadana, para que en el ámbito administrativo y jurisdiccional se contemplara como agravante no solo la violencia política cometida contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena sino también a otras comunidades de mujeres socialmente discriminadas por edad, discapacidad, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Por otra parte, ampliar facultades a la Fiscalía General del Estado, para otorgar las órdenes de protección y reparación para las víctimas de VPMG que solicite el IEPC Jalisco y el Tribunal Electoral del Estado e integrar las carpetas de investigación de los delitos denunciados en la materia con perspectiva de género.

Sobre la estadística estatal de la VPMG, fijar las bases para la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de VPMG, por ser el análisis de datos recopilados un factor indispensable para la transversalización de la políticas públicas que atiendan y prevengan factores de riesgo para las mujeres.

Establecer sanciones con carácter de grave en caso de falta administrativa provocada por un servidor público cuando se trate de un caso de VPMG.

Las propuestas señaladas fueron recogidas en las iniciativas que presentaron las distintas fracciones parlamentarias con algunos avances más respecto del marco federal, por ejemplo, además de las 22 conductas previstas en el artículo 20 Ter de la ley general, en la de Jalisco se establece también como violencia política contra las mujeres el uso indebido del derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las activistas, periodistas y defensoras de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen, así como las amenazas, agresiones o incitaciones a la violencia contra éstas; y, el feminicidio en razón de la participación o actividad política.

Se establece también que se deberá incluir en el Plan Estatal de Desarrollo la violencia política contra las mujeres en razón de género, bajo enfoques de interseccionalidad, interculturalidad e intesectorialidad y establecer un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la VPMG.

Adoptar una metodología que permita evaluar el riesgo particular que pueden enfrentar las mujeres de sufrir violencia política contra las mujeres en razón de género, con enfoque interseccional e intercultural, estableciendo un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la VPMG.

Tratándose de las órdenes de protección para la protección de las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, que éstas serán de emergencia, preventivas y de naturaleza civil

En cuanto a las elegibilidades para ser Gobernador, Diputado o Munícipe además de no tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios

En cuanto a las multas por VPMG las sanciones se incrementarán en una mitad si fuese contra mujeres no solo por ser indígenas sino además por ser discapacitadas, afrodescendientes, o por su preferencia, identidad u orientación sexual.

Como medidas de reparación integral se estableció la disculpa pública y que se utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político de la persona infractora.

El primero de julio se publicó en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” la reforma armonizatoria de las disposiciones contenidas en la reforma federal en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género en los términos expuestos.

La armonización en cuestión contempló reformas a la Constitución Política y a las leyes secundarias siguientes: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Electoral, Ley para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas y Ley Orgánica de la Fiscalía, todas del Estado de Jalisco.

La armonización de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres fue aprobada en tiempo, respondiendo al legítimo reclamo de las jaliscienses de asegurar respeto y garantías para ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales para participar en los asuntos públicos de todos los órdenes y a ser parte de todas las instancias de decisión en la entidad. Al cierre de esta colaboración ya se ha resuelto el primer Procedimiento Especial Sancionador en el caso de una servidora pública de elección en el expediente PSE-TEJ-001/20202, desplegando sus efectos tutelares y transformadores de la injusta cultura patriarcal por una de paridad. Esa es la apuesta.


1 @BeatrizRangelJ

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