JUSTICIA

Saldos judiciales: El Tribunal Electoral y las cuestiones políticas no justiciables.

Una justicia pronta, completa y eficaz es un principio sobre el que se construye una relación de confianza entre los ciudadanos y sus juzgadores. En la actualidad esto cobra vigencia si tomamos en cuenta la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo.

Pero estos ideales de impartición de justicia no sólo pasan por la implementación de una justicia en línea como una ventana que abre oportunidades, experiencias y desafíos, sino también una plena eficacia de nuestro sistema judicial debe tener como finalidad la resolución de todos los asuntos que se le plantean, sin dejar una rendija para las cuestiones políticas no justiciables y, así evitar una denegación de acceso a la justicia.

Pero ¿qué son las cuestiones políticas no justiciables? Son aquellos asuntos sobre los cuales los jueces deciden no resolver sobre determinadas temáticas, como un mecanismo de autocontrol para evitar la judicialización de la política y tener una deferencia con el legislador o determinados actores o autoridades que, en la mayoría de las ocasiones, los confronta con la opinión pública o la clase política en turno.

Postura que contrasta con un activismo judicial que pone en escena a un juez constitucional que busca limitar el ejercicio del poder público y, al mismo tiempo, promover la defensa de los derechos fundamentales, a través de la aplicación de la Constitución.

Casos de estudio

Si trasladamos estas posturas al ámbito electoral, por extraño que parezca, durante los últimos meses el Tribunal Electoral ha emitido dos sentencias que resultan un claro ejemplo de una denegación de acceso a la justicia, ya sea:

  1. Por considerar que la integración de las quintetas de Consejeras y Consejeros del INE por parte del Comité Técnico Evaluador, era un acto agotado y, por tanto no revisable (SUP-JDC-1605/2020 y acumulados y SUP-JDC-1606/2020)

  2. Por considerar que el Tribunal Electoral carece de competencia constitucional y legal para revisar el Acuerdo 11/2020 de la Corte, por el que se establece los requisitos para elegir a las y los magistrados de la Sala Regional Especializada, entre los que destaca la exigencia de ser ciudadano mexicano por nacimiento, en desmedro de los mexicanos naturalizados (SUP-JDC-1084/2020)

Análisis

  1. Integración de las quintetas del INE por parte del Comité Técnico Evaluador. Quienes se inconformaron en su momento con el acuerdo de integración de las quintetas de consejeras y consejeros del INE, lo hicieron en contra del procedimiento de evaluación, así como por considerar que contaban con mejores perfiles.

Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió cerrar la puerta a estos reclamos, señalando que el Comité Técnico Evaluador desaparece una vez que se proponen las quintetas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO)

Esto es, se entendió que los actos del Comité no son revisables porque ha dejado de existir, pero la pregunta de fondo es: ¿un órgano puede dejar de hacerse responsable de sus actos y escapar de la revisión de un tercero?

Con independencia de la postura que se guarde sobre el tema, habrá que decir que la falta de revisión judicial sobre este tipo de actos, lejos de abonar a fortalecer la confianza en el proceso de selección, genera incertidumbre para los participantes y la sociedad.

Más si se toma en cuenta que negar una revisión de las actuaciones del Comité cancela la posibilidad de contar con un acceso a la justicia, a través de un recurso judicial efectivo, en acompañamiento de una fiscalización de la ciudadanía de la función pública.

  1. Revisión del acuerdo emitido por la Corte para la selección de autoridades electorales. Una mayoría del Tribunal Electoral determinó que este órgano jurisdiccional carece de facultades para revisar las convocatorias emitidas por la Corte para la selección de autoridades electorales, entre ellas las magistraturas de la Sala Regional Especializada, por considerar que no son impugnables al provenir de un órgano terminal.

Con lo cual se excluyó la posibilidad de estudiar la pertinencia o no del requisito de ser mexicano por nacimiento para acceder a este tipo de cargos, en contraste con los derechos de participación política de los mexicanos naturalizados.

Esta resolución resulta por demás paradigmática porque el Tribunal Electoral, se aleja de una línea jurisprudencial encaminada a la defensa de los derechos político electorales.

Ello porque parte de una premisa de que la Corte actúa como un órgano terminal y poder soberano, lo cual contrasta con el criterio del Tribunal Electoral de revisar los actos de la Cámara de Diputados en la selección de Consejeras y Consejeros del INE que, como órgano soberano y terminal también, decide la integración del árbitro electoral.

Por tal motivo si el máximo Tribunal del país simplemente emite una convocatoria que impacta sobre los procesos de integración de autoridades electorales, no estamos en presencia de un asunto electoral que debe ser resuelto por la máxima autoridad para la revisión de asuntos político electorales que es el Tribunal Electoral.

Sin embargo, esta situación no fue vista así por una mayoría de magistrados electorales y negó, una vez más, una revisión judicial que se encuentra lejos de otorgar un recurso efectivo para saber si se justifica o no la restricción para que los ciudadanos naturalizados accedan a este tipo de cargos.

Esto tomando en cuenta que precisamente los mexicanos naturalizados, al igual que cualquier otro ciudadano no cuentan con la vía del amparo para controvertir asuntos electorales, ni mucho menos se advirtió una remisión del caso del Tribunal Electoral a la Corte para que esta decidiera lo que en derecho corresponda. En pocas palabras un callejón sin salida.

Reflexiones

Estos casos nos hacen prender focos rojos sobre el grado de revisión judicial de los derechos político electorales, los cuales sin duda en todo momento deben garantizar una triada de acceso a la justicia, tutela judicial y recurso efectivo.

De lo contrario, las brechas entre los ciudadanos y sus autoridades crecerá porque siempre una resolución no importando en el sentido en el que se dicte, clausura los espacios para la incertidumbre y la desconfianza por parte de la ciudadanía.

Hoy más que nunca, en una etapa de polarización, se requiere de la actitud de un juez constitucional que hable por sus sentencias, las cuales tienen la encomienda de empoderar a los ciudadanos bajo la certeza que el acceso a la justicia mediante un recurso efectivo, es la mejor forma de defender la función pública en México y de enriquecer el debate legislativo hacia una próxima reforma electoral que debe necesariamente llenar estos vacíos.

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