En semanas pasadas Facebook anunció que fortalecería la transparencia en sus plataformas para fines comiciales. Quienes publiquen propaganda electoral o política en dicha red social o en Instagram deberán contar con la autorización de la plataforma en el país.

Estos avisos que se harán, servirán para identificar con una etiqueta quien pagó el anuncio, cuánto costo y a quienes fue dirigido. Se podrá limitar la injerencia de agentes extranjeros en los procesos electorales –recordemos lo ocurrido con Cambridge Analítica y las elecciones de Estados Unidos-. En caso de generarse fuera del territorio nacional se podrá suspender su difusión. Además, la información será almacenada durante siete años en un archivo público, donde podrán ser revisados por investigadores, periodistas o la sociedad civil.

Esto servirá para la fiscalización de los recursos y para erradicar de alguna manera la falsedad en la información. Ojalá las demás plataformas se sumaran a esfuerzos de este tipo.

Esta decisión llegó en un buen momento. En la primera semana de septiembre comienza el proceso electoral federal y alrededor de estas fechas han comenzado y comenzaran lo propio los 30 estados llamados a las urnas. Aunado a la limitación de las actividades multitudinarias con motivo de la pandemia, tendremos un incremento importante de la actividad electoral en las redes sociales. Vigilarlas será fundamental en estos comicios.

La etapa de precampañas y campañas será un reto inusual tanto para el INE como para el Tribunal Electoral. Será la primera vez que se renueve la Cámara de Diputados junto con 15 gubernaturas. Además, serán renovados 30 congresos locales, es decir, 1,063 diputaciones estatales; así como 1,926 ayuntamientos y juntas municipales.

¡Habrá que administrar y fiscalizar recursos de más de 15 mil campañas!

El enemigo a erradicar

Son muchos los intentos mundiales por regular las redes sociales, sin embargo, todos han fracasado. En el siglo XXI, podemos decir que las redes sociales son -en esencia- el vehículo por excelencia de la libertad de expresión. No hay mejor vía para potencializar este derecho que las redes. Aunque en muchas ocasiones se llega al extremo contrario. Es decir, son los mejores medios para propiciar el ciberbullying, los delitos, el discurso de odio y otras lamentables conductas.

De ahí la necesidad de recurrir a las políticas internacionales de uso con las que se rigen las redes. En su gran mayoría tiene como sanciones la suspensión o cancelación de la cuenta cuando no se siguen las reglas de uso. Aunque queda en el ideario colectivo la percepción de que no es suficiente. Se necesitan esfuerzos para combatir todas las malas prácticas que caracterizan la “Dark Web” (el lado obscuro de la red).

No debemos olvidar que el principal obstáculo del uso de las redes en los procesos electorales es “la desinformación”. La peor conducta es la propagación de información falsa o mal intencionada. No solo daña a los oponentes políticos, sino que, también lo hace con la ciudadanía y, en gran medida, desalienta la participación ciudadana.

¡Será el principal enemigo de las campañas en 2021!

Para combatir estas malas prácticas, las autoridades deben identificar los tipos de desinformación que existen: 1) respecto de las propuestas y actividades de las y los candidatos y 2) de las labores de las autoridades electorales. Las primeras buscan descalificar a las y los oponentes, mientras que las segundas buscan dañar la labor de las autoridades y descalificar las elecciones. En la lógica del mayor daño colectivo, resultan más perjudiciales los ataques a las autoridades y su labor.

La desinformación al calor del debate entre los candidatos es tan añeja como las propias elecciones. Mientras que, la descalificación y desinformación de la labor de las autoridades se ha gestado junto con la creación de las mismas. Sin embargo, esta última puede tener efectos catastróficos para la confianza en las instituciones y en la propia democracia.

Según lo declarado por miembros de “Verificado”, encargados de contrarrestar las fake news en el proceso 2018 –en coordinación con el INE-, los temas dónde más desinformación se da entre candidatos es respecto al ejercicio de derechos humanos. Estos tienen la cualidad de polarizar a los países. Por ejemplo, se inventan declaraciones o propuestas entre los candidatos para generar apoyo o rechazo a temas como el aborto, matrimonio igualitario, eutanasia, pena de muerte, etcétera. Incluso, se llegan a montar páginas y perfiles falsos que se les atribuyen a sus contrincantes.

Respecto a la labor de las instituciones la situación es más delicada. En ese año vimos dos notas preocupantes: la primera sobre la circulación de boletas ya marcadas que se mandarían a las casillas para rellenarlas las urnas con ellas; y otra donde se dijo que el INE mandó lápices borrables, en lugar de plumas o crayones, para así facilitar el fraude electoral. Notas complemente falsas y desmentidas en momento oportuno por la autoridad nacional.

Llama la atención los efectos que pueden tener estas notas. No solo siembran la duda en la ciudadanía respecto a la labor de las autoridades electorales, sino que fomentan el abstencionismo. Dada la naturaleza de las mismas pueden crear la percepción de que no importa lo que pase, los resultados ya están definidos, por ejemplo.

De ahí la urgente necesidad de actuación, frente a la falta de regulación. Es necesario generar prácticas y acciones institucionales -y de Estado- que puedan en primer lugar evitarlas y, posteriormente, desmentirlas y, en su caso, sancionarlas.

 ¿Cómo combatirlas?

Algunas de los practicas que debemos tener en estas campañas –antes y después- pasan por el compromiso de los partidos políticos, candidaturas, gobiernos, autoridades electorales y plataformas electorales.

Algunas de las acciones para erradicarlas pueden ser:

• Convenios de colaboración con las plataformas. Es necesario que las autoridades electorales se acerquen a las plataformas digitales para trabajar en conjunto y evitar las fake news. Una colaboración cercana hará fluida la desactivación de la desinformación e, incluso, permitirá sancionar cuando así lo amerite. Si las redes sociales detectan algún movimiento de información relacionada con procesos electorales que pudiera no ser cierto, podría acercarse a las autoridades para evitar su propagación.

•  Campañas de difusión de las fact-cheking (páginas de verificación): Las autoridades electorales y gubernamentales deberían pautar spots en radio y televisión que difundan las páginas de verificación de la información difundida (cierta o falsa) como Verificado. Se trata de hacer de conocimiento público las aplicaciones y páginas web que te ayudan a identificar la veracidad de una afirmación, en particular, cuando se trate de información político-electoral en plena precampaña o campaña.

• Facilitar la presentación de la denuncia. Los convenios de colaboración deben establecer la cooperación para la presentación de las denuncias. Si bien es cierto que ya hay vías en las plataformas para denunciar, estas no tienen vinculación con las denuncias en materia electoral. Un camino para facilitar esto es la denuncia en línea que permita el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes.

• Obligaciones para los medios de comunicación. Conforme la Comisión de Venecia lo ha señalado en su opinión CDL-AD(2016)011 es permisible establecer obligaciones específicas para las paginas o cuentas que difundan estas notas. En ese sentido, se deben ser capaces de corregir una declaración falsa, dar al demandante el derecho de respuesta o desmentir una declaración falsa.

• Medidas de reparación en las cuentas o páginas que las difundan. La rectificación o un comentario adicional en el sitio web puede ser un remedio suficiente y adecuado conforme al criterio de la citada Comisión en la opinión CDL-AD(2016)011.

• Obligaciones para las transmisiones en vivo. Si bien es cierto que no se pueden controlar los eventos en vivo que se difunden ya sea en Periscope, Facebook y otras, si debe existir testigos de que, cuando se entreviste a los candidatos o representantes de los partidos políticos, el responsable de las cuentas trate de evitar que se hagan declaraciones difamatorias ilegales en las transmisiones en vivo, por ejemplo, dando advertencias a los ciudadanos antes de la sección en vivo de las técnicas de cuestionamiento de los entrevistadores; o, si se hacen, buscar de inmediato proporcionar contexto y equilibrio (Opinión de la Comisión de Venecia en la CDL-AD(2013)024).

El reto es grande, pero la preparación y experiencia de las autoridades electorales dan muestra de que se puede avanzar.