JUSTICIA

Riesgos en la elección de dirigencia de morena

Hace unas semanas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que la elección de la dirigencia de morena se realice por conducto del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante una encuesta abierta a la militancia y a las personas simpatizantes. La decisión ha generado bastante ruido político, no solo entre los protagonistas de la contienda interna, sino inclusive entre las propias autoridades.

Desde luego la intervención del TEPJF era necesaria y justificada porque morena había violado sus Estatutos en perjuicio de su militancia, dado que debía haber renovado su dirigencia desde el año pasado y por razones de índole política no lo hizo.

El 30 de octubre de 2019 la Sala Superior resolvió el expediente SUP-JDC-1573/2019; dejó sin efectos la Convocatoria para renovar la dirigencia, así como el padrón que el partido había decido utilizar (con corte al 20 de noviembre de 2017), pues se demostró que no era confiable y ordenó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que llevara a cabo todos los actos necesarios para reponer el procedimiento de elección.

Luego, el 26 de febrero, 16 de abril y 1 de julio de este año, la Sala Superior dictó resoluciones incidentales vinculadas con el incumplimiento de la sentencia. En ellas, esencialmente determinó que la renovación de la Presidencia y de la Secretaría General se debían realizar mediante el método de encuesta abierta.

El pasado 20 de agosto, la Sala Superior decidió vincular al INE -en una especie de cumplimiento sustituto- para llevar a cabo la encuesta en un plazo de 45 días. Ello, porque morena reiteradamente ha incumplido la sentencia y las resoluciones incidentales, además de que no había condiciones para que las autoridades internas organizaran la consulta.

Finalmente, el 15 de septiembre emitió otra resolución incidental para modificar la convocatoria que el INE emitió para cumplir con la encomienda.

Llama la atención que para imponer el cumplimiento de la sentencia (el INE en lugar de morena) en la resolución pareciera que subyace un argumento finalista consistente en que de no llevarse a cabo la elección no será posible lograr la cohesión al interior del partido y la funcionalidad de la dirigencia, dado el grado de conflictividad que acontece en el instituto político, esto a pesar de que ya ha arrancado el proceso electoral.

En este punto vale la pena reflexionar si el cuidado de la democracia que se le ha encomendado al INE y al TEPJF pueda justificar que los costos del desorden interno de algún partido los tengan que asumir las instituciones y no el propio partido en las urnas; en todo caso, considero que más bien el único argumento válido para la intervención es el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas militantes; de no ser esta la razón, debiera dejarse que el electorado decida la subsistencia o no de un partido que ni siquiera respeta la democracia interna. Si un partido no es democrático hacia adentro, difícilmente lo será hacia fuera.

La decisión de la Sala Superior es muy interesante estudiarla no porque ordene a un partido político que renueve su dirigencia, eso lo ha hecho cientos de veces y a todos los niveles de organización en todos los partidos, sino porque hay algunos elementos que, en mi opinión replantean algunos criterios que consistentemente venía siguiendo.

Veamos algunos ejemplos.

i) Vincular al INE a cumplir una sentencia cuya obligación le corresponde a morena. No es inédito que el Tribunal vincule a otras autoridades para el eficaz cumplimiento de una sentencia, ello con base en su jurisprudencia 31/2002 que esencialmente establece que para la ejecución de las sentencias electorales, las autoridades están obligadas a acatarlas cuando deban desplegar algún acto, de acuerdo con sus funciones, independientemente que no hayan sido las que emitieron el acto de violación. En el caso, sí es novedoso que se vincule al INE cuando la realización de encuestas o sondeos de opinión no está dentro de sus funciones para que morena cumpla su obligación legal. Ello, a pesar de que tenga facultades para organizar la elección interna en un partido político, puesto aun cuando este fuera el fundamento, su ejercicio está sujeto a los parámetros establecidos en ley.

En efecto, según el artículo 46 de la Ley General de Partidos Políticos, el INE tiene facultades para organizar elecciones internas de los partidos políticos, cuando se lo soliciten con 4 meses de anticipación a que termine el cargo de la dirigencia saliente, según lo que dispongan los estatutos del propio partido, y siempre que ello ocurra fuera de los procesos electorales; inclusive, no está obligada a aceptar a organizar la elección de un partido.

En el caso, se estima que la participación del INE debía ser un acto de colaboración, producto del diálogo entre las instituciones baluartes de nuestra democracia, para desatorar un conflicto jurídico y político.

ii) Procesos electivos simultáneos. El tribunal ha dejado a un lado un criterio de prudencia que sostuvo por muchos años, consistente en que un partido político no podía simultáneamente estar atendiendo un proceso electivo interno por su dirigencia y un proceso electoral constitucional. Por ello, era común que cuando eso pasaba se otorgaran prórrogas para iniciar o concluir un proceso interno para la elección de dirigencia partidista.

Desde luego no era un criterio de oportunidad política sino de prudencia judicial que buscaba, en mi opinión, no entorpecer los procesos de decisión política al interior de un determinado partido, ni tampoco interferir en el diseño de las estrategias electorales de cada partido.

Si bien dicho criterio generó abusos por parte de algunos grupos políticos al interior de algunos partidos, también permitió que, en los hechos, los partidos buscaran acuerdos políticos con su militancia, a fin de que en la contienda electoral no participaran mermados por la división interna.

Ahora morena deberá atender su proceso de selección de dirigencia y las impugnaciones que deriven de él, así como hacerse cargo de los actos inherentes al proceso electoral, entre ellos, sus procesos de selección de candidaturas, probablemente con dirigencias cuestionadas y una militancia segmentada en grupos o corrientes, en otras palabras, no se vislumbra que con el resultado de la encuesta termine el conflicto interno, probablemente ocurra lo contrario.

iii) Padrones de militancia confiables. Un criterio del Tribunal con el que siempre se brindó seguridad jurídica en los procesos internos de selección de dirigencia de los partidos consistió en que ante la falta de certeza de un padrón electoral o cuando éste no fuera confiable, primero se ordenaba su depuración y validación, y solo teniendo ese elemento indispensable de validez de cualquier elección, ésta se pudiera realizar.

En el caso, llama la atención que de manera correcta el propio Tribunal desconoció la confiabilidad del padrón de la militancia de morena, pero a su vez estableció que la encuesta debía aplicarse a aquellas personas afiladas -lo cual presupone la existencia de un padrón o elementos de prueba de militancia para cada militante que se vea afectado-, así como a personas simpatizantes. En mi opinión, esto puede dar lugar a un cierto grado de incertidumbre sobre la calidad de quienes se podrían postular y la autenticidad sobre la simpatía hacia el partido de quienes respondan la encuesta.

En ese sentido, pareciera un acierto del INE establecer lineamientos o directrices (Acuerdo INE/CG278/2020) para realizar el ejercicio que ordenó el Tribunal, entre ellos, tomar al menos como referencia el padrón de militancia que la autoridad tiene registrado, pues con alguno habría que trabajar.

La existencia de un padrón confiable es un elemento mínimo de certeza para el ejercicio que se va a realizar, pues al menos garantiza que las candidaturas recaigan en personas que sí estén afiliadas al partido, y que el grueso de las personas encuestadas sean las que auténticamente les interese el rumbo del partido en el que ejercen sus derechos político-electorales.

iv) Límites al número de candidaturas. Por otro lado, la Sala ordenó que la elección se llevara a cabo mediante el método de encuesta abierta. Asimismo, fue muy deferente con el INE para que tomara las decisiones de organización de un ejercicio inédito, pues no le estableció lineamientos específicos a seguir.

Hoy se tiene noticia de una gran cantidad de personas que aspiran tanto a la Presidencia (35 candidaturas) como a la Secretaría General (36 candidaturas) del partido. Dicho escenario desde luego no podía estar previsto en las resoluciones del Tribunal. Por ello, me parece adecuado que el INE previera que para el caso que más de seis personas se postularan para cada cargo, haría una encuesta previa para que solo aquellas que tuvieran un cierto grado de reconocimiento por parte de la ciudadanía pudieran ser colocadas como candidaturas en la encuesta abierta. Esto lo hizo con base en opinión técnica de expertos en la realización de encuestas y así lo motivó, lo cual es totalmente adecuado si el Tribunal no le indicó cómo hacer la encuesta y el INE no tiene experiencia en hacer dichos ejercicios demoscópicos.

No obstante, el 15 de septiembre el Tribunal revocó esa determinación del INE pues consideró que no motivó -con sus palabras, dijo uno de sus magistrados- esa parte del acuerdo, por lo que ordenó se hiciera de nuevo.

Creo que el INE debe insistir en esa parte del procedimiento, toda vez que es un acierto que se haga una primera encuesta de reconocimiento, pues resultaría muy complicado y habría mucha incertidumbre -y hasta ilegitimidad- en los resultados de una encuesta en la que se preguntara a la militancia o simpatizantes de morena ¿quién quiere que dirija al partido, de entre las siguientes 71 personas? En mi opinión, un ejercicio así de abierto sería totalmente impráctico, solo piense cuánto le llevaría al encuestado o encuestador pasar lista a las 71 opciones.

v) Aplicación del principio de paridad. Un tema de la mayor relevancia y que en un principio se dejó de lado tanto por el Tribunal como por el INE es el cumplimiento del principio de paridad; es decir, la obligación de que en los órganos directivos de los partidos políticos exista paridad de género. Tal aspecto, aun cuando no está en punto alguno de la sentencia o resoluciones interlocutorias previas, en la última resolución citada fue introducido por el Tribunal, a efecto de que el INE se pronuncie y lo prevea.

Un primer punto a considerar es si el principio se cumple con 50% de integrantes mujeres en todo el CEN o si Presidencia y Secretaría General deben ser de diferentes géneros. En mi opinión, en morena debiera aplicarse el principio de alternancia de género, de manera tal que si el partido fue presidido ordinariamente por una mujer, en el presente proceso pudiera presidirla el candidato que mejor posicionado resulte en las encuestas, pero solo si es el número uno, por lo que automáticamente ocuparía la Secretaría General la mujer mejor posicionada, aunque ésta no sea la número uno en la respectiva encuesta.

Pero si en la encuesta para la Presidencia es una mujer la mejor posicionada (número uno) a ella le correspondería ocupar el cargo y en la Secretaría General a quien ocupe también el primer lugar en el resultado de la encuesta, con independencia de su género. Es decir, en la aplicación del principio de paridad podría darse el supuesto de que tanto Presidencia como Secretaría General fueran ocupadas por mujeres, pero no así dos hombres.

Lo anterior son solo algunos de los puntos complejos del proceso electivo interno, de los cuales pueden derivar en nuevos enconos, sea cual sea el resultado de la encuesta. Los participantes se volverán a ver las caras en el Tribunal con nuevas impugnaciones, con pretensiones de nulidad de elección, con mayor coraje y con más sed de responsabilizar a otros de su desorden interno, tal como ya está pasando con los ataques injustificados al INE y al TEPJF.

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