GÉNERO Y POLÍTICA

La paridad no es una opción.

Septiembre 21, 2020 | Por: Dania Paola Ravel Cuevas

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal. Mientras que, el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece que forma parte de los asuntos internos de los partidos políticos, la elección de los integrantes de sus órganos internos, en este mismo sentido el artículo 39 prevé que los partidos políticos establecerán en sus estatutos las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos, es decir que, es competencia exclusiva de los partidos políticos establecer la manera a través de la cual deberán renovar periódicamente sus órganos internos.

Sin embargo, en el marco de la renovación de la integración del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se señalaron inconsistencias en el proceso de elección de la dirigencia del partido, relacionadas con la integración del padrón de afiliados y la celebración de congresos distritales, entre otras cuestiones, eso propició que se interpusieran sendos medios de impugnación, no obstante, el más relevante para el Instituto Nacional Electoral (INE) fue el que dio origen al SUP-JDC-1573/2020, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)   al resolverlo ordenó al partido que repusiera el procedimiento de elección y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolver todos los medios intrapartidistas relativos a la conformación del padrón y a la militancia de los miembros de MORENA,  pero cuando las autoridades partidistas no dieron cabal cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior, ésta consideró que el INE debía encargarse de la renovación de la Presidencia y Secretaría General de MORENA.

Para ello, el INE   debía aplicar un método de selección que no prevén los Estatutos del partido: una encuesta abierta a la ciudadanía en la que participaran personas que se auto adscriban como simpatizantes y militantes de dicho instituto político. Además, la Sala Superior del TEPJF también señaló que la encuesta sería abierta por cuanto hace a quienes pretendieran ser candidatas o candidatos para la Presidencia o Secretaría General del partido, cargos que serían electos en lo individual y no por fórmula.

Esta resolución de la Sala Superior resulta trascendente por diversos motivos, uno de ellos es que, de acuerdo con la normativa aplicable, el INE puede participar en la organización de las elecciones internas de los partidos políticos cuando éstos lo soliciten expresamente y estemos fuera de periodos electorales, sin embargo, en esta ocasión nos haremos cargo excepcionalmente por mandato jurisdiccional, no a petición del partido y dentro del Proceso Electoral Federal. Por otra parte, en la sentencia emitida por el TEPJF no se estableció ninguna directriz acerca de la forma en la que se debía garantizar el principio de paridad de género, no obstante, ese principio se debe considerar en la integración de los órganos de dirección por lo que, desde mi perspectiva, el INE tenía que determinar de qué forma se aplicaría la paridad en este caso.

Ello dado que la garantía del principio de paridad no es optativa; al ser un mandato Convencional y Constitucional se debe observar de manera transversal como un eje rector del Estado Mexicano y por lo tanto del actuar público y de la ocupación de los espacios de gobierno y toma de decisiones. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en los artículos 30 y 32 como fin y atribución del Instituto garantizar su cumplimiento; en el 35 particularizan las obligaciones del Consejo General de velar  porque el principio de paridad guíe todas las actividades que se realicen y de aplicar en su desempeño la perspectiva de género e incluso los propios Estatutos del partido disponen que el Comité Ejecutivo Nacional estará integrado garantizando el principio de mérito.

Así, en los considerandos del Acuerdo INE/CG251/2020 a través del cual se aprobaron los lineamientos rectores para la elección de la Presidencia y la Secretaría General del CEN de MORENA se incorporaron diversos artículos de la LGPP en los que se establece fundamentalmente la obligación de los partidos políticos de garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones. De igual manera, en el artículo 16 de los lineamientos se dispuso expresamente que la convocatoria contendría, entre otros elementos, las disposiciones aplicables en materia de paridad género.

A pesar de lo anterior, en la convocatoria no se incluyó ninguna disposición ni propuesta específica para la implementación del principio de paridad por lo que, desde mi perspectiva, el Instituto fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones y de sus propias determinaciones. Por este motivo, durante la sesión del Consejo General del 4 de septiembre de 2020, en la que se votó la Convocatoria, señalé que aunque en el Incidente de incumplimiento de la Sentencia SUP-JDC-1573/2019 no se estableció ninguna directriz acerca de la forma en la que debía  garantizarse la paridad de género en la elección de la Presidencia y la Secretaría General de MORENA, el INE se encontraba obligado por el parámetro de regularidad constitucional a garantizar el principio de paridad, independientemente de si en actos concretos se establecía o no, dado que la observancia de un principio Constitucional no es opcional para las autoridades y en el caso concreto del Consejo General del INE  tiene la obligación legal de velar  porque se cumpla el principio de paridad en TODAS las actividades del Instituto.

Sin embargo, la mayoría de las y los integrantes del Consejo General consideraron que no existían las condiciones para adoptar una acción de esta naturaleza sin interferir con la vida interna del partido, argumentando además que, implementar el principio de paridad resultaría complicado.

Eso propició que el pasado 15 de septiembre, la Sala Superior al resolver el SUP-JDC-1903/2020 y acumulados señalara, que el INE debía velar por la integración paritaria en la Presidencia y Secretaría General del CEN de MORENA.

Frente a este escenario es necesario recordar la razón por la que la paridad es indispensable en los espacios de toma de decisiones y particularmente al interior de los partidos políticos, así como la obligación de las instituciones por garantizarla. El reclamo por la paridad surge de la subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder, pues, aunque los derechos político-electorales ya les han sido reconocidos en gran parte de los sistemas democráticos, las mujeres todavía se enfrentan a diversos obstáculos derivados de los roles y estereotipos de género que las colocan en una posición de subordinación ante los varones.

En 1992, durante la Cumbre Europea en Atenas, “Mujeres en el poder”, por primera vez se articuló la importancia de la noción de paridad aplicada a la democracia a través de la llamada Declaración de Atenas, en donde se señaló que: “(…) la igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano. PORQUE las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones”. Dejando en claro que, a las mujeres nos corresponde por derecho y justicia, la mitad de los espacios de una sociedad y un mundo del que también somos parte.

Así, no podemos olvidar que los partidos políticos son un reflejo de la sociedad y de sus dinámicas por lo cual es evidente que desempeñan un papel relevante en la inclusión de las mujeres en los espacios políticos, sobre todo en cargos de elección popular, pues son los responsables de reclutar y seleccionar a las personas que habrán de ocupar las candidaturas a las diversas posiciones de toma de decisiones, no obstante históricamente han reproducido dinámicas patriarcales excluyendo a las mujeres de los espacios directivos.

De forma que, la mayor presencia de mujeres en los órganos de dirección de los partidos políticos no sólo responde a la deuda histórica con las mujeres, sino que también representa una posibilidad para los partidos de abarcar los intereses de un sector más amplio de la ciudadanía, lo que en definitiva constituye su rol fundamental.

Es necesario entender que la paridad es una exigencia de la democracia representativa y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, por lo que busca lograr una situación permanente en la que el poder político sea compartido por hombres y mujeres en igualdad.

EDICIÓN IMPRESA
Blog y Voto

fallida

Por: Jorge Alcocer V.

Octubre 13, 2020

Justicia

El mito de la apatía de las juventudes.

Por: Víctor Humberto Mejía Naranjo

Octubre 20, 2020

América Latina

democracias covid

Por: Lisandro M. Devoto

Septiembre 22, 2020

Proceso de renovación INE

Consejeras y consejeros del INE. ¿En qué nos quedamos? ¿A dónde vamos?

Por: Fernando Díaz Naranjo

Junio 10, 2020

Proceso electoral 2020 - 2021

campañas en tiempo

Por: Karolina M. Gilas

Septiembre 07, 2020

SÍGUENOS EN TWITTER
SÍGUENOS EN FACEBOOK