BLOG Y VOTO

“I dissent”: Los disensos electorales de Ruth Bader Ginsburg

Octubre 07, 2020 | Por: Georgina de la Fuente

"Cuando una magistrada tiene la firme convicción de que la mayoría

se equivocó, tiene la libertad de disentir. Yo hago uso de esa prerrogativa

cuando la considero importante, y también mis colegas."

- Ruth Bader Ginsburg, 2016.

 

 

La muerte de la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convertida en fenómeno de la cultura pop, Ruth Bader Ginsburg, el pasado mes de septiembre, sacudió al país norteamericano y a la contienda electoral que ha convocado a la ciudadanía estadounidense a las urnas el 3 de noviembre. Más allá de las implicaciones políticas de este acontecimiento, Bader Ginsburg se ganó su lugar en la historia como una de las voces más influyentes del derecho y la opinión pública. Si bien la jurista, oriunda de Brooklyn, Nueva York, es reconocida como un ícono feminista alrededor del mundo y en su trayectoria destacan los casos en que abogó por la no discriminación en razón de género, RBG ̶ como se le conoce popularmente ̶ acumuló en su haber 483 opiniones de mayoría, concurrentes y de disenso en sus 27 años como magistrada del máximo tribunal estadounidense. De notoriedad particular son sus disensos en favor de comunidades privadas de sus derechos civiles y políticos a lo largo y ancho del país, que hicieron célebre su recurrida frase “I dissent”. En el ámbito electoral destacan tres disensos que han recobrado relevancia dado el clima electoral altamente polarizado que ha imperado en los Estados Unidos en los últimos dos años y que se revisarán a continuación.

El disenso electoral más reciente de RBG se dio el pasado mes de abril en el marco de las elecciones locales y primarias en el estado de Wisconsin y la pandemia generada por el Covid-19. Como resultado del aumento sostenido de contagios en la entidad y en el país, el número de solicitudes para emitir el sufragio por correo abrumaron a las autoridades electorales locales. En vista de ello, un tribunal de distrito ordenó aceptar los sufragios enviados por correo en una fecha posterior a la jornada electoral, siempre y cuando fueran recibidos por la autoridad hasta las 16:00 horas del 13 de abril; es decir, casi una semana después de la jornada electoral, establecida el 7 de abril. El tribunal también ordenó aceptar solicitudes para sufragar por correo recibidas hasta las 17:00 horas del 3 de abril. Esta decisión fue impugnada ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, la cual resolvió revertir la orden del tribunal en una decisión dividida de cinco votos a favor y cuatro en contra. La decisión de la Suprema Corte estableció que la ciudadanía de Wisconsin debía enviar su voto por correo a más tardar las 20:00 horas del día de la jornada electoral o emitir el sufragio de manera presencial para ser considerado válido.

Conforme a la sentencia aprobada un día antes de la elección,[1] la cuestión principal a resolver era si las boletas debían ser enviadas por correo a más tardar el día de la jornada electoral, como lo establece la ley local, o si era posible admitir la recepción de boletas enviadas después de la jornada electoral y hasta el 13 de abril, como fue establecido por el tribunal de distrito, en vista de la saturación del servicio postal ante el número inesperado de solicitudes para emitir el voto vía postal. De acuerdo a la argumentación de la mayoría, extender el plazo para la recepción de votos postales seis días después de la jornada electoral alteraba fundamentalmente la naturaleza de la misma, lo que fue determinado como un error del tribunal de distrito, al haber cambiado las reglas del juego a esas alturas del proceso electoral. De esta manera, la Suprema Corte determinó que, para que un voto postal cuente, debía portar sello de envío con fecha a más tardar el día de la elección, con la posibilidad de que fuera recibido por la autoridad hasta el 13 de abril a las 16:00 horas; o enviarlo personalmente a sitios designados para su recepción por la ley local a más tardar el día de la elección a las 20:00 horas. 

En su voto de disenso, Ruth Bader Ginsburg razonó que era erróneo ordenar a la ciudadanía enviar su voto postal portando sello de envío con fecha a más tardar el 7 de abril, al existir una alta probabilidad de que ésta no hubiera recibido el material necesario en ese plazo debido a las cargas excesivas generadas por el alto volumen de solicitudes y los retrasos en el servicio postal con motivo de la contingencia sanitaria, restringiendo así el ejercicio del derecho al sufragio de manera masiva. Datos oficiales reportados por el diario The New York Times indicaron que, de las 1’282,762 solicitudes de voto postal recibidas ̶ cantidad superior en 514% a las solicitudes recibidas en 2016 ̶ sólo se procesaron y enviaron 1’273,374 boletas. Es decir, al menos 9,388 personas nunca recibieron el material electoral para emitir el sufragio por correo. También se reportó que, en la mañana de la elección, la autoridad electoral había recibido solamente 864,750 votos postales.[2]

La opinión de RBG también señaló que la autoridad electoral local ya había establecido procedimientos e informado a la ciudadanía conforme a los plazos establecidos por el tribunal y que la Suprema Corte estaba ordenando revocar, en detrimento de los derechos políticos de la ciudadanía. Entonces, continuó Bader Ginsburg, si una persona se encuentra en la fila después de la hora de cierre de las casillas y se le permite emitir el sufragio, ¿por qué negar el derecho al sufragio a quienes ya lo solicitaron por correo, pero no han recibido el material para hacerlo?

En la elección presidencial de 2000, una de las más controvertidas en la historia de los Estados Unidos y que terminó resuelta en la Suprema Corte, el resultado en el estado de Florida se tornó determinante para la victoria de ambos candidatos. Conforme a los resultados oficiales de la autoridad administrativa local, la diferencia entre George W. Bush y Al Gore en el estado era de apenas 1,784 votos. El caso llegó a la Suprema Corte local, la cual ordenó un recuento manual de 9,000 votos en el condado de Miami-Dade, respecto de los cuales las máquinas contadoras no detectaron una marca en la boleta para la presidencia; cantidad suficiente para poner en duda el resultado final de la elección.

Conforme a la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos,[3] la naturaleza del derecho al voto recae en la igualdad de que gozan las y los electores para emitir el sufragio. En ese sentido, el caso a resolver, continúa la ejecutoria, es si los procedimientos para el recuento de votos establecidos por la Suprema Corte local obedecen a la obligación de evitar un trato desigual o arbitrario entre el electorado. Las marcas en las boletas provenían de máquinas perforadoras. Sin embargo, las perforaciones no necesariamente se hicieron con la precisión requerida para que las máquinas lectoras las identifiquen. El criterio establecido por la ley local para determinar que un voto es válido, o “legal”, es que se pueda identificar la intención de las y los electores. Este criterio fue retomado por la Corte local para ordenar el recuento manual objeto de la controversia, mismo que fue calificado como erróneo, conforme a la opinión mayoritaria, dado que era muy subjetivo y no ofrecía suficientes garantías de igualdad en la examinación de las boletas, revocando así la decisión y asegurando los 25 votos electorales de Florida para George W. Bush.

En una férrea defensa del federalismo, RBG estimó que lo extraordinario del caso había oscurecido el principio ordinario que debe prevalecer para su resolución adecuada: las cortes federales ceden a las interpretaciones de las leyes locales que hacen los tribunales locales. Establecer una revisión de la interpretación de la Suprema Corte local contradice el principio fundacional de que los estados pueden organizarse como lo consideren pertinente, argumentó Bader Ginsburg, citando una serie de precedentes. Asimismo, destacó que no había motivo para dudar del buen juicio de las autoridades locales para determinar la intención de la ciudadanía en los votos controvertidos y, a su vez, determinar su validez. Así, cerró su disenso señalando que, al concluir que un recuento de votos constitucionalmente válido no era posible con el criterio establecido por la Suprema Corte local, era como una profecía que la misma Suprema Corte de los Estados Unidos no estaba permitiendo cumplirse. Por ello, esta profecía no cumplida no debería decidir la elección presidencial.    

Pero su disenso electoral más notable es quizá el de la resolución al caso Shelby County v. Holder en el año 2013.[4] En su opinión de disenso, RBG defendió la Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act), que había sido ratificada por el Congreso de los Estados Unidos en 2006 por 25 años más. Conforme a esta ley, aprobada como resultado del movimiento por los derechos civiles de la época con el objetivo de erradicar la discriminación racial en las elecciones, se prohibió a algunos estados y distritos implementar cambios en sus procedimientos electorales sin haber recibido una autorización federal para ello de manera previa. Los estados objeto de esta prohibición eran aquellos cuyos procedimientos incorporaban exámenes y otros mecanismos como condición para registrarse en el padrón electoral, así como aquellos en los que menos del 50% de las personas en edad de votar estuvieran registradas en el padrón electoral o cuya participación en la elección presidencial de 1964 hubiera sido inferior al 50%.[5]   

En el año 2010, el condado de Shelby, en el estado de Alabama, cuestionó la constitucionalidad de la autorización federal requerida para realizar cambios en sus procedimientos electorales, así como los criterios que establecieron la cobertura geográfica de dicha disposición, solicitando, además, una orden judicial contra su aplicación en el condado. En una votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que los criterios para establecer la cobertura eran inconstitucionales, ordenándole al Congreso a establecer una nueva fórmula para determinarla y así actualizar el listado de jurisdicciones en que esta medida se debía aplicar. En los argumentos ofrecidos por la mayoría, el Congreso de los Estados Unidos había sido omiso en aprobar una fórmula para determinar la cobertura de la prohibición que reflejara la realidad de 2006, fecha en que se ratificó la aplicación de la ley por 25 años más. Con esta omisión, a la mayoría le pareció injustificado el trato diferenciado entre estados para la regulación de sus procesos electorales. De esta manera, la determinación de la Suprema Corte dejó sin efectos la prohibición.

Con un recuento de las condiciones históricas post Guerra Civil que llevaron al país norteamericano a la aprobación del marco constitucional vigente que obliga a los estados a garantizar el derecho al voto de todas las personas sin importar la raza,[6] RBG defendió al poder legislativo como el actor más importante en la garantía de los derechos políticos y civiles. Su opinión de disenso en la resolución de este juicio es una de las defensas más importantes de la Ley de Derecho al Voto como la herramienta legislativa más significativa y eficaz para atacar prácticas discriminatorias y para garantizar condiciones de igualdad a poblaciones minoritarias, advirtiendo, además, respecto a la presencia de “barreras de segunda generación” en el ejercicio del voto, al referirse a prácticas más sutiles para reducir el impacto del voto de las minorías, como por ejemplo la distritación arbitraria con criterios raciales.  

Si bien reconoció los avances en la participación política de las minorías en los últimos 40 años, tanto en el ejercicio del voto como en la ocupación de cargos públicos, también aseguró que ello es un resultado directo de la aplicación de estas normas, que han logrado impedir la implementación de prácticas discriminatorias dirigidas a limitar el derecho al voto. De acuerdo a los datos citados por Bader Ginsburg, entre 1982 y 2006, diversas resoluciones del Departamento de Justicia lograron bloquear más de 700 cambios a los procedimientos electorales de los estados por constituir prácticas discriminatorias. Esta cifra es suficiente para concluir que, de no existir esta disposición, la situación de los derechos políticos en las entidades y distritos cubiertos por esta norma sería abismalmente distinto. Entonces, razonó RBG en un argumento ampliamente reproducido, deshacernos de la prohibición a cambios en los procedimientos electorales en los estados sin autorización federal previa, sería como deshacernos de un paraguas en medio de una tormenta tan sólo porque no nos estamos mojando.

La muerte de Ruth Bader Ginsburg a poco más de un mes de la elección presidencial, no sólo ha generado interrogantes a nivel político y conceptual respecto al futuro de la Suprema Corte de Justicia y el balance ideológico de la misma, sino también a nivel práctico respecto al futuro de los derechos políticos y civiles. RBG a menudo habló en diversos espacios respecto al prejuicio y la discriminación que seguían presentes en todos los ámbitos, aunque en formas más sutiles. No en vano, era sensible a la amenaza bajo la que se encontraba el derecho al voto. El Brennan Center for Justice, una organización dedicada a investigar y dar seguimiento a prácticas electorales restrictivas en los estados, ha documentado limitaciones y condicionamientos al ejercicio del voto en 25 estados desde el año 2010.[7] Estas restricciones van desde la reducción de plazos para el voto anticipado, hasta el endurecimiento de reglas para inscribirse en el padrón electoral.

En este proceso electoral, analistas y especialistas en derecho electoral han advertido respecto a la posibilidad de que un margen estrecho entre ambos candidatos a la presidencia conduzca a un conflicto post-electoral que termine resolviéndose en la Suprema Corte, como hace 20 años. El aumento de solicitudes para emitir el sufragio vía postal en el contexto de la pandemia y los diferentes plazos para su recepción en los estados puede retrasar el conteo de votos y, por consiguiente, la transmisión de los resultados. Asimismo, el propio Presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones su desconfianza hacia el proceso en general. No olvidemos, además, que, en los meses previos a la elección se registraron intentos por reducir el financiamiento del servicio postal a nivel federal, pero, también, intentos por reducir el financiamiento para la instalación de casillas a nivel estatal. Incluso, el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, lanzó una convocatoria para que autoridades electorales pudieran aplicar para la obtención de financiamiento privado para la instalación de casillas en condados y otras jurisdicciones locales que se encontraban enfrentando recortes presupuestales a nivel estatal.[8]  Bader Ginsburg entendía que este tipo de prácticas iban en detrimento del sistema democrático establecido en la Constitución, pues, al final de cuentas, en su visión, buscaban no sólo restringir los derechos políticos, sino, en el largo plazo, disminuir la confianza de la ciudadanía en el sistema, lo cual suponía un riesgo mayor para los procesos democráticos.

Los casos de disenso expuestos constituyen algunas de las defensas más fervientes en la historia moderna de los Estados Unidos de la maximización de derechos políticos y de los principios democráticos que deben regir los procesos electorales. La visión garantista en las opiniones de Bader Ginsburg respecto a la resolución de casos electorales sugiere un temor fundado de que, a pesar de la evolución histórica y normativa en torno a los derechos civiles y políticos en el país, éstos aún requerían ser protegidos y maximizados con cada decisión. Dado que veía el derecho al voto como el derecho fundamental e igualador por excelencia, su defensa y garantía eran indispensables si se quería cumplir con el mandato constitucional de asegurar una protección igualitaria de la ley para toda la ciudadanía. Así, RBG defendió su visión progresista de igualdad, no sólo en el ejercicio del derecho al voto, sino también en la garantía de que todos los votos cuenten por igual. Por ello, hablar de justicia en el ejercicio de derechos políticos en los Estados Unidos es imposible sin hablar del trabajo de Ruth Bader Ginsburg.

 

[1] Republican National Committee ET AL. v. Democratic National Committee ET AL., 589 U.S. (2020). Disponible en https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19a1016_o759.pdf

[2] Wisconsin primary recap: voters forced to choose between their health and their civic duty (7 de abril de 2020). The New York Times. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/04/07/us/politics/wisconsin-primary-election.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

[3] Bush v. Gore, 531 U.S. 298 (2000). Disponible en https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/531bv.pdf

[4] Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013). Disponible en https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf  

[5] En 1965, la prohibición se estableció por sólo cinco años para los estados de Alabama, Georgia, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Arizona y Virginia. Entre los requisitos que estos estados fijaban para la incorporación de la ciudadanía en el padrón electoral se encontraban exámenes de conocimientos, pruebas de buena moral, recomendaciones de otras personas, entre otras. En 1970 y 1975, la prohibición se extendió por otros cinco años y a algunos condados en ocho estados más, así como a otras prácticas discriminatorias como la producción de materiales electorales exclusivamente en inglés. Posteriormente, en 1982 y 2006, el Congreso de los Estados Unidos aprobó extensiones temporales a la prohibición por 25 años, respectivamente, manteniendo intacta la cobertura de estados fijada en la reforma de 1975.   

[6] La décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos se conocen colectivamente como las “enmiendas de la Guerra Civil”, al ser diseñadas para garantizar la igualdad a los esclavos emancipados, particularmente en lo referente a derechos civiles y políticos.

[7] New Voting Restrictions in America (2019). Disponible en https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/new-voting-restrictions-america.

[8] Convocatoria disponible en https://www.pollingaccessgrants.org/.

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