GÉNERO Y POLÍTICA

¿Son los lineamientos la panacea para la violencia política contra las mujeres en razón de género?

Hasta hace poco tiempo la ausencia de mujeres en la política y en los espacios de toma de decisiones era algo normalizado y aunque esto ha comenzado a cambiar, pues se ha tomado conciencia de la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo social, seguimos teniendo un déficit global. Loa avances que se han logrado en este rubro se deben, en gran parte, a las acciones afirmativas que se han introducido, de diversas formas, para reducir las brechas de desigualdad entre los géneros.

 

Estos mecanismos han sido necesarios en virtud de que las construcciones sociales están generizadas y son, esencialmente, androcéntricas. Existen relaciones jerárquicas de poder que tienen su origen en estereotipos y roles asignados socialmente y que ocasionan que el punto de partida para la participación en los asuntos públicos sea disparejo y que a las mujeres nos cueste más acceder a estos espacios, además de la resistencia y los obstáculos que derivan de la reproducción de dinámicas en las que la mujer ha estado subordinada y la violencia ha sido normalizada.

 

En nuestro país a partir de las reformas constitucionales de 2014[1] y 2019[2], en las que se introdujo el principio de paridad en los cargos públicos y, consecuentemente, aumentó la participación de las mujeres en la política, se han visibilizado en mayor medida los casos de violencia debido a que dicha incursión implica una redistribución del poder político. La violencia es un fenómeno estructural que se reproduce en todas las instituciones privadas y públicas, pues tiene un origen cultural; en el ámbito político es perpetrada con el objetivo de limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, que también son derechos humanos, para excluirlas del espacio público.

 

En este contexto, se aprobó en este año la reforma en materia de violencia política en razón de género[3] cuya finalidad prevenir, sancionar y erradicar estas conductas que impiden que nuestra democracia cumpla con su característica intrínseca de ser igualitaria. En ella se puso énfasis en aspectos preventivos estableciendo obligaciones para los partidos políticos a fin de atender esta problemática, se amplió el catálogo de conductas que se consideran violencia, se establecieron medidas cautelares como la realización de análisis de riesgos y planes de seguridad para las víctimas y medidas de no repetición; en la parte sancionatoria se tipificó como delito y se estableció la posibilidad de negar la participación política de quienes sean sujetos activos del mismo; finalmente, se determinó la elaboración de una base estadística nacional y el registro de personas que cometen violencia política.

 

Uno de los principales retos que se visualizó, en relación con dicha reforma, fue la armonización de las normatividades locales, debido al poco tiempo que quedaba para el inicio de los procesos electorales y a las resistencias, en algunas entidades, para llevarla a cabo; sin embargo, no sin vicisitudes y dificultades, en casi todos los estados se logró aprobar la homologación correspondiente e incluso, en algunos de ellos, fue posible introducir otros elementos adicionales como, por ejemplo, que personas sancionadas por violencia familiar o deudores alimentarios morosos sean inelegibles para cargos de elección popular.

 

No obstante, en la mayoría de los casos el contenido de la reforma local no tuvo un diseño tan robusto e incluso, en varias entidades, no fue publicada a tiempo para ser aplicada al proceso electoral en curso; excepcionalmente, en Nuevo León y Zacatecas, no se realizó, motivo por el cual los organismos públicos locales (OPL) emitieron lineamientos o incorporaron en su normativa interna (Reglamentos de Quejas y denuncias o Protocolos) algunos aspectos que consideraron necesarios para hacer cumplir las leyes generales.

 

En este sentido no todas las mujeres que deseen participar en la política local contarán con el mismo nivel de protección y garantía de sus derechos y es, en este punto, que se ha cuestionado si es necesario o indispensable que las autoridades administrativas electorales de los estados emitan lineamientos para atender los casos de violencia política de género, La respuesta definitivamente es que sí, pues aunque existen legislaciones locales suficientemente fortalecidas para atender este tipo de casos, la mayoría que no son tan robustas y hacen que sea necesario emitirlos para clarificar algunos aspectos en cuanto a las atribuciones de las autoridades y los procedimientos que deberán llevarse a cabo e incluso para ampliar el espectro de protección o introducir una perspectiva de interseccionalidad.[4]

 

Sin embargo, más allá de la regulación que pueda darse desde el ámbito de los OPL, como se ha hecho, por ejemplo, con los lineamientos de paridad, desde mi perspectiva hacer efectivo el marco jurídico señalado y cumplir la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres tiene que ver con un tema de voluntad de todas las instancias involucradas y de los propios actores políticos.

 

Respecto a estos últimos, debe señalarse que el pasado 28 de octubre el INE, en cumplimiento a un mandato contenido en la reforma en materia de violencia política, aprobó los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género[5]en los que establece como obligación de los institutos políticos establecer en su normativa interna mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia política en razón de género, los cuales deben reflejarse en su plan anual de trabajo con acciones concretas que, además de prevenir y atender de manera adecuada dicha problemática, promocionen y desarrollen el liderazgo político de las mujeres, lo que incluye la asignación de recursos, en condiciones de igualdad de los candidatos hombres, para las campañas electorales.

 

Además, se incluye la iniciativa conocida como 3 de 3 contra la violencia consistente en que las personas que sean postuladas por los partidos políticos manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han sido condenadas, en virtud de una sentencia firme, por violencia familiar  y/o doméstica, delitos sexuales o incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, lo que implica que sean los propios partidos quienes, con la voluntad de coadyuvar a la erradicación de la violencia política, verifiquen que sus candidaturas cumplan con los estándares éticos y de responsabilidad pública atinentes.

 

Por otra parte, en virtud de que la experiencia de los recientes procesos electorales en Coahuila e Hidalgo ha evidenciado que existe una cifra negra de mujeres que sufren violencia, sobre todo simbólica consistente en ofensas, humillaciones, amenazas, calumnias y obstaculización en el ejercicio de sus derechos que no denuncian y, en muchos de los casos, desconocen a su agresor, pues las conductas señaladas acontecen en las redes sociales, se requiere también de la suma de voluntades de diversas instancias a través de convenios interinstitucionales para dar apoyo y acompañamiento psicológico, coadyuvar en las investigaciones a través de especialistas en delitos cibernéticos para identificar a los agresores o, incluso de las propias empresas que operan las plataformas para hacer efectivas las medidas cautelares necesarias.

 

También se requiere de la voluntad de los medios de comunicación como aliados y difusores de información para hacer del conocimiento de la ciudadanía qué es la violencia política en razón de género, cuáles son los medios para denunciarla y las autoridades competentes, así como concientizar sobre la necesidad de prevenirla, sancionarla y erradicarla, con el compromiso de los propios medios de evitar este tipo de actos en sus notas y programas.

 

Finalmente, derivado de los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de personas sancionadas en materia e violencia política contra las mujeres en razón de género, resultará indispensable la sinergia y colaboración entre los OPL, el INE y los poderes judiciales o tribunales en materia contenciosa administrativa para poder tener información confiable y oportuna que alimente dicho registro, pues sabemos que los tiempos electorales no son comparables a los tiempos que se lleva un proceso judicial de otra naturaleza, ya sea penal, familiar o administrativo. Sin dejar de mencionar la indispensable incorporación de la perspectiva de género al emitir sus resoluciones.

 

Todo lo anterior no debe soslayar que, con lineamientos o sin ellos, las autoridades electorales deben ser proactivas en la protección y garantía de los derechos de las mujeres, vigilar que los partidos políticos cumplan con las obligaciones que les impone la ley,  atender con eficacia las denuncias que se presenten por esta causa y buscar mecanismos que permitan una reparación integral y oportuna a las víctimas, además de continuar con la labor de promover y difundir la necesidad de una sociedad más igualitaria.

 

Ante este panorama, es importante retomar lo señalado por la Doctora Karolina Gilas en el “Foro sobre Violencia Política contra las mujeres en razón de género ¿Qué pasa en los Estados?” realizado el pasado 12 de noviembre: “No vamos a poder lograr la igualdad, ni erradicar la violencia política de género por decreto; si bien es cierto resulta fundamental tener un marco jurídico integral y robusto para ello, esto no es suficiente porque la violencia  política es sólo una manifestación de un fenómeno mucho más grande y complejo que es la violencia estructural que vivimos las mujeres en la sociedad y en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Necesitamos cambiar las relaciones sociales, romper esa jerarquía de poder en la educación, el aspecto laboral, las tareas de cuidado, en atención a la salud, el acceso a servicios, etc., requerimos políticas publicas que permitan cambios permanentes en la forma como nos relacionamos y que mantengan la paridad como algo estable y natural, derivado de convivir y compartir tanto el espacio público, como el privado.”[6]

 

[1] La reforma electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 estableció la obligación de los partidos políticos de postular sus candidaturas de forma paritaria.

[2] Conocida como “paridad en todo” y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, implica la introducción de dicho principio en todos los cargos de decisión, en los tres niveles de gobierno, sean o no de elección popular.

[3][3] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, en la que se reformaron las siguientes leyes generales: de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de instituciones y procedimientos electorales, del sistema de medios de impugnación en materia electoral, de partidos políticos, en materia de delitos electorales y de responsabilidades administrativas; además de las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación.

[4] La evaluación de la fortaleza de la legislación local puede verse en:

 Freidenberg, Flavia y Gilas, Karolina. 2020. ¿Leyes con dientes?. Revista Nexos, noviembre.

[5] Acuerdo INE/CG517/2020.

[6] Foros realizado por la revista Voz y Voto los días 12 y 19 de noviembre de 2020, disponibles en Voz y Voto - YouTube

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