martes, mayo 22, 2018

El fraude de Mancera

(20-02-2018).- Aprovechando la omisión que desde 1996 tiene nuestra Constitución, Miguel Ángel Mancera pretende, mediante un burdo fraude a la ley, ser postulado como candidato plurinominal al Senado, en el lugar 2 de la lista del PAN, lo que de consumarse le asegura escaño y fuero para los siguientes seis años.

El problema constitucional se remonta a lo aprobado en 1917 cuando los constituyentes de Querétaro, por economía de texto, decidieron que los requisitos para senador de la República, salvo el de edad, fueran los mismos que para diputado, entre los que se establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno no pueden ser postulados para ese cargo, y por tanto tampoco para senador, aunque se separen definiti- vamente de sus puestos. La reforma de 1996, que estableció los senadores plurinominales, dejó intocado el artículo 58 donde se encuentra dicha remisión.

Desde la primera elección de senadores plurinominales (1997) hubo una interpretación por todos aceptada: la prohibición constitucional debe entenderse que es aplicable también para senadores plurinominales, que son electos en una sola circunscripción, es decir, mediante una lista única por la que se vota en todo el territorio nacional. La interpretación ha sido respetada, por dos décadas ningún gobernador o jefe de Gobierno pretendió burlar la prohibición abusando de la omisión. Eso es lo que ahora pretende hacer en su exclusivo favor el doctor en Derecho, Miguel Ángel Mancera. Es un fraude.

Si ese fraude prospera los gobernadores en funciones podrán hacer lo mismo, lo que se convertirá en un camino para escapar de la rendición de cuentas y enfrentar en su caso la acción de la justicia por actos contrarios a la ley en el ejercicio de su encargo. Cabe augurar que si el fraude que pretende consumar Mancera tiene éxito, de inmediato podríamos ver a más de un gobernador aprovecharse de él para buscar escaño y fuero como senador plurinominal, para escapar del riesgo de ser puestos tras las rejas.

La pretensión del jefe de Gobierno -quien en los próximos días presentará su renuncia para aceptar la candidatura que le otorgó el pasado sábado el PAN- deberá sortear de inmediato la impugnación que ante la Sala Superior del TEPJF presentará el ex senador y ex jefe nacional del PAN, Gustavo Madero, quien con puntualidad y acierto acusa de fraude a la ley tanto al postulado como a los postulantes. El hecho es, además de legalmente impugnable, un ejemplo más de la degradación partidista a que el Frente electoral, pactado entre Ricardo Anaya (PAN) y Alejandra Barrales (PRD) para mutuo beneficio, ha conducido a sus respectivos partidos.

Sin relación política ni identidad previa alguna, Mancera acepta ser candidato del PAN como pago por los favores que otorgó a Ricardo Anaya; confirma así el cambalache que Dante Delgado, de MC, hi- zo público hace varios días al ofrecerle el escaño y la presidencia del Senado a cambio de su declinación a competirle a Anaya la candidatura presidencial. La candidatura depende del TEPJF, que esperemos mantenga incólume el sentido e interpretación de la norma constitucional; pero si así no fuera, la presidencia del Senado, con duración de un año, no podrá ser resuelta por los frentistas, salvo que tuvieran mayoría en esa Cámara, lo que se antoja casi imposible. En ese caso, veremos otro mercadeo legislativo para cumplirle al doctor Mancera el pago completo por sus servicios.

Mancera deja el gobierno capitalino a unos días de un tercer sismo en la ciudad, faltando a su palabra de permanecer en el cargo hasta que el proceso de reconstrucción estuviese encauzado, lo que está lejos de ocurrir. Ahora entendemos la complicidad entre el jefe de Gobierno y los diputados locales Toledo, Luna y Romero, que contra la ley y la razón se apoderaron de la decisión sobre el destino de los recursos para atender a las víctimas de los sismos. Mancera los requiere para apuntalar su clientelismo, como medida para conservar el gobierno capitalino y de paso su propio interés e inconstitucional candidatura.

La prohibición

(27-02-2018).- A propósito de la polémica sobre la postulación del jefe de Gobierno capitalino como candidato a senador plurinominal en la lista del PAN, propuesto por el comité de Chiapas, hago ahora un poco de arqueología electoral para documentar los orígenes y cambios a la norma constitucional que contiene la prohibición de que los gobernadores y el jefe de Gobierno ocupen los cargos de diputado federal o senador (artículo 55 de la Constitución).

La Constitución de 1857, que disponía un Congreso unicameral, no tenía esa prohibición para los diputados; en la de 1917 la fracción V del artículo 55 la estableció, haciéndola extensiva a los secretarios de gobierno estatales, así como a los magistrados y jueces federales y locales, pero permitía superar la prohibición mediante la separación del cargo 90 días antes del de la elección.

En diciembre de 1932, a iniciativa del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el Congreso de la Unión aprobó reformar diversos artículos de la Constitución; en marzo del año siguiente, una vez obtenida la aprobación de las legislaturas estatales, se realizó el cómputo respectivo y la declaratoria de reforma, que fue publicada en el Diario Oficial, el 29 de abril de 1933.

Fue aquélla una reforma trascendente, histórica, que entre otros aspectos contenía la prohibición absoluta de reelección del Ejecutivo federal y de los gobernadores; la de reelección inmediata para diputados, senadores y presidentes municipales, así como la ampliación del mandato de los diputados federales y locales a 3 años y de los senadores a 6; ese fue el cimiento sobre el que hasta hace poco descansó buena parte del sistema político.

Fue así que se modificó la fracción V del artículo 55, para establecerla prohibición, que nunca antes había sido cuestionada y ahora ha quedado a interpretación, por la postulación de Miguel Ángel Mancera. La cito tal y como la redactaron los constituyentes de Querétaro: “Los Gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.

En ese entonces había 64 senadores, electos dos en cada estado y en el DF. Los senadores plurinominales, así como los de primera minoría, fueron introducidos por la reforma de 1996, misma que no modificó ni suprimió la prohibición.

El 19 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial otra reforma al citado artículo 55, para en la fracción V incluir de manera explícita al jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el debate del dictamen respectivo (que en San Lázaro ocurrió en junio de 2005), el diputado Arturo Nahle García (PRD) dijo: “Finalmente también en el Catálogo que se plantea en esta fracción V del artículo 55 constitucional, la Comisión presenta en su dictamen la propuesta de homologar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con los gobernadores en el sentido de que durante el periodo de su encargo no puedan ser postulados a diputados y por ende a senadores, si partimos del principio de que son los mismos, casi los mismos requisitos para ser senador que diputado” (Gaceta Parlamentaria 12/09/05). En enero de 2016 se adecua esa fracción sólo para cambiar la denominación de la ciudad capital.

Hasta donde el registro histórico da cuenta, de 1933 a la fecha ningún gobernador intentó pasar por encima de la prohibición mediante alguna argucia interpretativa, y desde que existe la figura de jefe de Gobierno tampoco, pese a que los senadores plurinominales se establecieron en 1997. Había generalizado consenso en que la prohibición incluye esa vía de acceso a la Cámara Alta.

Cabe un argumento adicional al respecto: si el Constituyente Permanente hubiese querido que la prohibición no se aplicara al caso de gobernadores y jefe de Gobierno capitalino si se postulan como senadores plurinominales, lo hubiese hecho explícito desde la propia Constitución, como una excepción dentro de la tantas veces mencionada fracción V del artículo 55. No ha sido así.

Será el TEPJF quien resuelva.

Jorge Alcocer V.

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