Por Lisa Sánchez[1]

La llamada “guerra contra las drogas” que se libra en México desde 2006 ha causado un sinfín de consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad y los Derechos Humanos sin por ello resolver el problema original que pretendía atender: la producción ilícita de sustancias y su consumo. Dados sus altísimos costos sociales, recientemente visibilizados por la sociedad civil y reconocidos por el máximo tribunal del país, la política de drogas enfrenta severos cuestionamientos y parece estar a punto de cambiar con el nuevo gobierno. Pero, aunque debemos celebrar la existencia de una voluntad política que parecería proclive al cambio, preocupa la ausencia de acciones concretas que ayuden a revertir la lógica de abusos que se desató en nombre de la salud pública.

La explosión de violencia causada por la declaración del combate frontal al narcotráfico constituye una demostración irrefutable de la dimensión y el alcance de las llamadas “consecuencias no deseadas” de la guerra contra las drogas. Sin embargo, muchas otras áreas del quehacer nacional se han visto igualmente afectadas sin que se repare adecuadamente en ellas. De acuerdo a las cifras oficiales provistas por el INEGI, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (2006-2018) más de 251,000 personas murieron en episodios de violencia relacionados con el combate al narcotráfico. Las mismas cifras indican que cuando el presidente Calderón asumió el cargo, México vivía la menor violencia de su historia y que, durante su gobierno, la tasa de homicidios se triplicó para alcanzar niveles de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2011. Y aunque la tendencia al alza tuvo dos momentos de reversión, los últimos años han vuelto a registrar un repunte importante de la violencia letal que no parece tener fin. Ninguna prohibición, vale esta masacre.

Pero la violencia no es el único indicador de cómo las políticas de drogas afectan nuestros derechos. La corrupción, por ejemplo, fluye también habilitada por los enormes recursos financieros que actualmente se encuentran a disposición de los principales beneficiarios del tráfico de drogas y les permite asegurar y expandir sus negocios a través del soborno y la compra de autoridades a todos niveles. La efectividad de esta forma de corrupción se ha ido perfeccionando mediante la introducción de otras prácticas nocivas como la extorsión, fenómeno que, a su vez, provoca la paulatina normalización de una cultura de impunidad que debilita aún más a las instituciones y aprovecha la necesidad económica de las comunidades más pobres para concentrar allí el grueso de las actividades ilícitas. El resultado es la erosión de la gobernabilidad y la desestabilización de regiones enteras donde los habitantes, abandonados por el Estado, se ven obligados a emigrar, delinquir o morir.

Irónicamente, la creciente militarización de la lucha anti-drogas que hoy se expande hacia otros delitos sólo ha servido para socavar la seguridad pública gracias a los incentivos perversos que la presencia del ejército en las calles genera. Sólo en 2010, la combinación de inseguridad y violación sistemática de los Derechos Humanos a lo largo de la zona fronteriza México-Estados Unidos condujo a más de 230,000 personas a huir de sus hogares (Norwegian Refugee Council, 2010). Esta migración específica es, a su vez, alimentada por el creciente número de civiles muertos en operaciones militares. De acuerdo a investigaciones de la Dra. Catalina Pérez-Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el índice de letalidad del Ejército mexicano ha alcanzado niveles de 19 civiles muertos por cada herido (Forné, Pérez-Correa, Gutiérrez., 2015); un fenómeno que incluso podría interpretarse como la autorización de facto para aniquilar supuestos criminales sin llevarlos a juicio.

De la misma manera, los últimos años han sido testigos del endurecimiento de las sanciones por delitos relacionados con drogas y el uso excesivo de la detención preventiva, ambos importantes factores que inciden en el aumento del número de personas privadas de su libertad. Otra realidad a resaltar la constituyen la gran mayoría de personas que se encuentran tras las rejas por delitos menores relacionados con drogas. Según datos de la entonces PGR, entre 2006 y 2014 fueron detenidas 453,069 personas en el ámbito federal por delitos contra la salud, de los cuales el 73.27% fueron arrestados por posesión y consumo (Pérez-Correa, 2015). De la misma manera, y de acuerdo a los datos arrojados por la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales de 2012, el 35.9% de los presos sentenciados a nivel federal lo están por delitos relacionados con la mariguana. Por su parte, y aunque las mujeres representan sólo el 5% de la población carcelaria, alrededor del 50% de las procesadas fueron sentenciadas por delitos contra la salud (Azaola, Pérez-Correa., 2012). Semejante realidad pone de manifiesto el gran daño colateral que implica la ruptura del tejido social producto de la desintegración de familias enteras por la detención de alguno de sus miembros.

Finalmente, y según cifras provistas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011 se recibieron 11,680 quejas en contra de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la (extinta) Secretaría de Seguridad Pública y la PGR. Esto sin contar el aumento en el número de personas maltratadas al momento de su detención (que crecieron 37.31% para las patadas, 37.45% para asfixia y 44.85% para toques eléctricos en el caso de los delitos de drogas) (Magaloni, 2015), o las violaciones graves a los DDHH perpetradas por actores estatales en los paradigmáticos casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato.

Al analizar todos estos datos queda claro que el enfoque actual no ha servido. Pero ¿sabemos con qué tipo de política queremos sustituirlo? La respuesta es sí. La guerra contra las drogas no es más que una opción política y por lo tanto, la decisión de ponerle fin también lo es. No por nada, el proceso de exploración de alternativas ya está en marcha en otras partes del mundo con opciones que van desde la no persecución de ciertos delitos de drogas hasta la despenalización efectiva de la tenencia y el consumo, y la regulación legal.

Pero antes de ahondar en los detalles, es importante tener claro lo que se pretende lograr con la reforma. La mayor parte de la política de drogas se ha dedicado a perseguir la sola meta de reducir o eliminar el consumo creando un mundo libre de dichas sustancias. La Historia sugiere, sin embargo, que ésta no es una meta realista y que los intentos de controlar los niveles de consumo mediante la aplicación de medidas punitivas no son eficaces (Murkin, 2012). De ahí que un enfoque más pragmático y efectivo debe aceptar que en toda sociedad existirá siempre un nivel de demanda y que éste siempre será preferible abastecerlo por una vía legal que criminal. De la misma manera, un enfoque sensato hacia las drogas deberá privilegiar la reducción de los daños asociados al consumo y minimizar las externalidades causadas por los esfuerzos de control. En resumen, una política de drogas integral deberá tener como objetivos la protección de la salud pública, el mejoramiento de la seguridad, la protección de los grupos poblacionales más vulnerables y la eficiencia del gasto.

Ahora, sabiendo que el statu quo ha causado tanto daño, quienes defendemos la idea de la reforma argumentamos que ésta no puede ser tímida, y debe intentar, en la medida de lo posible, transitar hacia un modelo de mercados regulados garantizando en el proceso que el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de drogas sean efectivamente despenalizados. Por razones históricas, culturales y pragmáticas, tanto activistas como académicos y especialistas en políticas públicas hemos propuesto que el cambio comience con la mariguana, aunque esto de ninguna manera excluye la necesidad de continuarlo con otras sustancias. De hecho, y aunque en las siguientes páginas me concentraré en el estado del debate mexicano sobre la legalización del cannabis, es preciso mencionar que actualmente existe en el ambiente político un interés particular para regular también la producción de amapola para usos médicos, algo que no se había visto en décadas anteriores.

El debate sobre la necesidad de legalizar el cannabis y reformar las políticas de drogas en México no es algo nuevo. Sin embargo, la proliferación de los esfuerzos orientados a la reforma coincide con dos factores decisivos: la entrada al debate de actores no asociados a la lucha cannábica y la intensificación del sentido de urgencia para detener no sólo la guerra sino sus impactos legales –específicamente el régimen de excepción para la persecución de los delitos de drogas que se habilitó desde 2008 cuando Calderón permitió el arraigo, la puesta a disposición ante un juez en los 4 días subsecuentes a la detención (y no a las 48 horas como estipula el Código Penal para el resto de los delitos), la incomunicación en la cárcel, la reclusión en prisiones especiales y el derecho al anonimato del acusador contra los infractores de las leyes de drogas (Madrazo, 2012).

Es precisamente en respuesta a este régimen que la sociedad civil especializada en política de drogas introdujo al poder legislativo diversas iniciativas de ley con las que se pretendía impedir la excesiva criminalización del usuario de mariguana, y legalizar su producción y comercialización para uso recreativo, medicinal o industrial (dependiendo del proyecto) (Barra, 2015). Sobra decir que ninguna de estas iniciativas ha prosperado y que lo que sigue sucediendo es el endurecimiento sostenido de las respuestas estatales. Sin embargo, como las consecuencias nocivas de este enfoque son también cada vez más visibles, el vigor del movimiento se ha intensificado.

Pero para lograr este crecimiento se necesitó ejercer presión desde muchos lugares y, sobre todo, forzar un debate a través de la exploración de nuevas estrategias de incidencia que incluyeron tanto las vías tradicionales (presión mediática, cabildeo y educación pública) como las no tradicionales (el famoso litigio estratégico). Es precisamente a partir de éste último que las cosas parecerían empezar a cambiar. Iniciado en 2012 por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el litigio estratégico en materia de drogas ha logrado hasta el momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la prohibición administrativa de la mariguana (por considerar que el Estado incurre en una intromisión excesiva en la vida privada de los individuos al prohibir una sustancia cuyo daño relativo es menor al de otras sustancias legales y violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de aquellas personas que, sin dañar a terceros, eligen consumir) y acumulara 5 fallos para constituir la jurisprudencia necesaria para obligar a un cambio legislativo.

Así, hoy en día nos encontramos frente a una cuenta regresiva en la que el Congreso de la Unión deberá legislar de acuerdo al criterio de la Corte y emitir las reglas de un mercado regulado de cannabis que ya no extienda su prohibición. ¿Cuál será el resultado de todos estos esfuerzos? No lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es que el trabajo continuará por mucho tiempo más, pues aún ante la posibilidad de lograr algún tipo de reforma, queda la titánica tarea pendiente de lograr la misma justicia para los usuarios de otras drogas y para las víctimas de una política punitiva que no se restringe al cannabis.

En la antesala de lo que esperamos sea el inicio del cambio legislativo sobre mariguana, un incansable grupo de reformistas seguimos visibilizando la impostergable necesidad de tener una conversación seria sobre el tema y hablar sobre las opciones políticas a futuro. Hoy en día sabemos que la prohibición nos ha sido vendida como una idea de prevención que protege a la humanidad cuando en realidad sólo se preocupa algunos, desconociendo el sufrimiento de otras personas involucradas voluntaria o involuntariamente en el circuito de las drogas.

Sabemos que las políticas punitivas causan más daños que beneficios y que mantenernos ciegamente en esta lógica previene el desarrollo no sólo de mejores políticas de drogas sino de acciones más amplias que pudieran coadyuvar a alcanzar el tan esperado desarrollo y la paz. Tristemente, incluso estas certezas tienen todavía dificultad para instalarse al centro del debate y propiciar un proceso de reforma nacional que asuma el reto de revertir el daño. Sin embargo, las pequeñas batallas ganadas por la sociedad civil en los tribunales podrían ser el inicio de lo que esperamos sea el fin de la prohibición y de sus consecuencias sobre nuestros derechos.

Bibliografía

    1. Aguilar, Rubén y Jorge Castañeda. Los saldos del narco. México, 2012
    1. Azaola, E. y C. Pérez Correa. Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, CIDE, México, 2012.
    1. Barra, A. Después de la guerra perdida ¿qué? El debate sobre la legalización de las drogas en México, FES, México, 2010.
    1. INEGI (2015). Estadísticas de mortalidad: Defunciones por homicidios. [En línea] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy
    1. Internal Displacement Monitoring Centre, Briefing paper by the Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement, Monitoring Centre on forced displacement in Mexico due to drug cartel violence, Diciembre 2010.
    1. Madrazo, A. Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: una primera aproximación. CIDE, México, 2012
    1. Magaloni, Ana Laura (2015). “La arbitrariedad como método de trabajo: la persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón” en Catalina Pérez-Correa (ed.), La justicia penal mexicana: Una evaluación empírica de las instituciones del sistema de justicia penal federal, CIDE, México, 2015.
    1. Murkin, G. ¿Se incrementará el consumo de drogas? Explorando una preocupación clave respecto a descriminalizar o regular las drogas, Transform Drug Policy Foundation, Bristol, 2012.
  1. Pérez-Correa, C. “La marihuana no es importante ¿O sí?” [En línea] Disponible en: http://horizontal.mx/la-marihuana-no-es-importante-o-si/.
  2. Silva, C., Pérez-Correa, C. y R. Gutiérrez. Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad. [En línea] Disponible  en: http://www.juridicas.unam.mx/novedades/letalidad.pdf.

[1] Para Leer más de la autora da clic aquí.

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