El día de hoy, 6 de noviembre de 2018, entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por la que se reglamenta la norma del artículo 127 de la Constitución, conforme a la cual ningún servidor público podrá tener una remuneración superior a la del Presidente de la República.

La citada Ley, que el presidente Enrique Peña Nieto no publicó y por tanto motivó que, en uso de una disposición constitucional, el presidente de la Mesa Directiva del Senado ordenara al Diario Oficial su publicación, ha generado dudas, confusiones y alarmas, unas justificadas, otras no.

Como el parámetro de referencia para aplicar la Ley es la remuneración total anual del Presidente, lo primero es saber cuánto gana éste, dato que se muestra en el cuadro siguiente, tomado del PEF de este año.

El Presidente Peña Nieto tiene asignada, por la Cámara de Diputados, que es la que aprueba los tabuladores de sueldos del gobierno federal y los órganos autónomos, una remuneración bruta anual de $4’452,601 Por tanto ningún servidor público federal puede ganar más de esa cantidad, salvo que la propia Constitución lo haya exceptuado, como son los casos de los Ministros de la Corte que ocupan el cargo con anterioridad a 2011 y los funcionarios y empleados de PEMEX y CFE, que por ser empresas productivas del Estado no están regulados por la norma del 127 de la Constitución.

De la revisión de los tabuladores de remuneraciones para 2018 (PEF) encontramos que son contados los casos de servidores públicos que hoy en día ganan más que el Presidente. Por tanto la entrada en vigor de la citada Ley no afectará a casi nadie, en lo inmediato y hasta el 31 de diciembre de 2018, ya que las remuneraciones se determinan anualmente.

El problema está en que a partir del 1º  de enero de 2019 el futuro Presidente ha decidido que ganará el 40 por ciento de la remuneración actual, es decir, que se bajará el sueldo, si así lo autoriza la Cámara de Diputados, a $1’781,040.40 al año.

Por tanto, todos los servidores públicos, salvo los antes mencionados que están exceptuados por la Constitución,  tendrán que sufrir la reducción de su remuneración de tal forma que no obtengan una cantidad mayor a la anterior, así sea por un peso.

Tal medida afectará, principalmente, a los mandos superiores y medios de la Administración Pública Federal, como secretarios, subsecretarios, directores generales, asesores, y en general a todo aquel que gané, al año, más de la remuneración que recibirá el presidente López Obrador. Afectará también a los consejeros, comisionados, directivos, funcionarios y empleados de los órganos autónomos (INE, Banco de México, CNDH, INAI, UNAM, Etc.) así como de los órganos reguladores y demás entes públicos federales.

Será hasta que el nuevo gobierno entregue a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019 (15 de diciembre de este año) que conoceremos el efecto integral de la decisión del hoy Presidente electo de bajarse el sueldo.

Cabe la pregunta de qué pasaría si, para atender al pueblo, López Obrador decidiera acatar la consigna popular que dice “salario mínimo al Presidente, para que vea lo que se siente”.

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