Por Arturo Ramos Sobarzo

En estos días, un tema central en la vida pública del país ha sido la actual vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto, resulta muy positivo que la terna esté integrada en su totalidad por mujeres en aras de buscar una mayor paridad en la composición del tribunal cúspide. Si de verdad queremos tomarnos en serio el principio de paridad en todo y cumplir con la reforma constitucional de este año en esa materia, indudablemente este tipo de acciones se dirigen en una línea congruente con los propósitos de esa enmienda.

Paridad en todo, hasta en la SCJN.

El texto constitucional vigente busca precisamente que la paridad de género se vea reflejada no sólo en los cargos de elección popular, sino en todos los órganos del Estado. La propuesta que hoy tenemos probablemente sea uno de los resultados más inmediatos de esa reforma, pues más allá del mero cumplimiento de la norma constitucional, más bien estamos ante la presencia del efecto creado al producir en el imaginario colectivo, la idea de la necesidad de postular a tres mujeres para que una de ellas ocupe finalmente el sitial en la Corte. Lo interesante de esto es la concepción de que la terna es correcta porque es necesaria.

La aceptación prácticamente unánime en cuanto a la conformación del género de la terna se debe a que tiene que ver con una idea de ética pública compartida, es decir, se relaciona con la convicción social de que estas medidas se apoyan porque parten de una razonabilidad común, un consenso amplio relativo a la idoneidad de dicha medida. Esa acción a su vez contrasta con las fuertes manifestaciones de muchos grupos de mujeres que demandan, de manera plenamente justificada, mayor justicia y seguridad en todos los órdenes. Cada vez se vuelve vital y urgente, no solo dar señales, sino brindar acciones efectivas en aras de eliminar la violencia, en sus múltiples facetas, contra las mujeres. Aunque los problemas más graves están en otros ámbitos, como en la violencia política de género, con esta decisión se busca lograr una mayor representatividad de las mujeres.

Por un mejor proceso de designación.

Esta ocasión es una nueva oportunidad para que el Senado ejerza con compromiso constitucional, una de las decisiones más importantes que tiene encomendadas, dado que implica conformar, en parte, a otro de los poderes federales.

En ese sentido el procedimiento de designación, si bien es cierto que se han tratado de lograr avances, no siempre se ha convencido a todos. En efecto, hemos podido contemplar el intento de un escrutinio más o menos a fondo a través de la incorporación de preguntas sobre el ideario constitucional de quien comparece en temas complejos como aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, uso lúdico y terapéutico de la marihuana, por solo mencionar algunos. Otras veces también se han incluido algunas preguntas provenientes de organizaciones no gubernamentales. A pesar de ello, muchos sectores de la crítica en estos temas se han manifestados insatisfechos.

Así, cada vez que surge la ocasión para la designación de integrantes del máximo tribunal del país, la comentocracia de estos temas suele fustigar en contra del diseño normativo en este tipo de nombramientos, al calificarlo como un sistema obsoleto y agotado porque no permite una adecuada revisión parlamentaria de las propuestas del ejecutivo federal, además de que muchas veces, históricamente, pareciera que los dados estarían cargados en favor de una de las tres opciones.

Sin embargo, habrá que señalar que ningún sistema o diseño institucional en materia de nombramientos puede ser inmune a las críticas, sesgos y tendencias que pueden tener lugar. Por supuesto que determinadas reglas pueden optimizar al modelo actual, pero al final, la materia primordial recae en los perfiles propuestos.

Algunos aspectos que podrían optimizar el procedimiento en la integración de supremas cortes o tribunales constitucionales incluyen la participación/colaboración de facultades de derecho o de barras y colegidos de abogados, entre otras formas, pero igualmente, en los países que tienen reglas equivalentes en la conformación de la decisión no escapan a las críticas sobre la práctica en ese nombramiento.

Así, más allá de los posibles ajustes que desde luego pueden realizarse, al final del día, el tema fundamental redunda en las personas propuestas y la forma de ser auscultados. De esta manera, con el sistema que tenemos, se pueden realizar nombramientos adecuados en ese cargo fundamental para la justicia y democracia mexicana en la medida que se busque lograr ese propósito. Seguir insistiendo en el cambio del procedimiento en pleno proceso de designación, sin preocuparnos por las formas y maneras en cómo se ejecutan es más ingenuo que pensar ser lastimado en un boxeo de sombra. Habría que estudiar los incentivos y desincentivos antes de modificar las normas atinentes y crear un sistema distinto en todo caso.

Se podrá argumentar en contra de lo anterior, en el sentido de que en los procesos de designación son el momento adecuado para señalar sus limitaciones porque precisamente ahí se denotan defectos, malas prácticas o la falta de optimización. Se ve difícil que ello cambie en un futuro inmediato sobre todo porque reformular el método de designación de integrantes de la Suprema Corte ha desaparecido como tema de la agenda reformista.

En paralelo a lo anterior, desde una perspectiva que podríamos ubicar en una coordenada realista por dotarle un cierto nombre, habrá que aceptar que las personas en quienes recaiga la designación, en principio compartirán un determinado ideario constitucional de quienes participan en el nombramiento. Es decir, sería ingenuo pensar que tanto el Presidente como el Senado se inclinarán por personas que no compartieran una cierta idea de la Constitución, así como el papel y función de los jueces constitucionales.

Por mencionar algún ejemplo, Roosevelt nombró a varios justices o ministros de la Corte norteamericana con los que compartía cierta visión de su New Deal. En efecto, Felix Frankfurter o William Douglas, integrantes de la Suprema Corte en la época de Roosevelt, por mencionar algunos, eran claras nominaciones que se identificaban con el pensamiento del entonces presidente. De igual forma, quienes conformaron a la entonces nueva Corte Constitucional de Sudáfrica en la década de los noventas del siglo pasado eran congruentes con la era Mandela.

Así, parte de la discusión pública me parece se encuentra un tanto extraviada en el sentido de aspirar a conseguir ministras o ministros prístinamente puros, ajenas a cualquier visión del derecho y de la política. Como si tal cosa pudiera existir. Me parece que, por el contrario, indudablemente se buscará aspirantes que tengan aspectos comunes con quienes participan y colaboran en la designación. El problema en anteriores designaciones es que en muchas veces no se explicita de una forma clara y contundente, qué aspectos, elementos, experiencias o trayectorias se tornan relevantes para ocupar las vacantes.

Si en algo queremos avanzar en materia de designaciones es transparentar de forma efectiva, cuál es el ideario constitucional perseguido. Si concebimos que cada vez que se nomine a un(a) integrante a la Suprema Corte, debería en teoría, decirse qué casos resueltos por aquéllos resultaron congruentes con la visión compartida (judicial o litigiosamente), que libros (si se han hecho) pueden rastrear una línea de lo que se haría en caso de ocupar el cargo, qué políticas públicas pueden tener un impacto positivo en la función judicial constitucional si se proviene de la administración pública.

El Senado tendría que hacer hincapié en eso. Solicitar cuáles serían sus posturas en determinada tipología de casos relativos a la tutela de derechos humanos. Ello sería una de las principales aportaciones que podrían brindarse en el actual proceso. El arte, en todo caso, radica en buscar respuestas que no comprometan la posible resolución de un caso en trámite o un asunto a resolverse en el futuro.

Así, no debería asustarnos en todo caso, el planteamiento de postulaciones técnico-constitucionales que sean compatibles con un determinado ideario político-constitucional siempre y cuando se combinen con las condiciones de independencia y capacidad técnica. Ese trinomio no debería ser algo infranqueable o imposible de superar. Por el contrario, la compatibilidad en la forma de pensar y las condiciones señaladas en las personas propuestas desde luego que pueden conjuntarse.

La terna propuesta, en cierta medida reúne varios de los elementos señalados. El gran reto por parte del Senado será articular estas piezas en aras de lograr un consenso lo suficientemente óptimo para blindar y dotar de legitimidad a la función desde el origen mismo.

De reunir esas condiciones será una celebrable señal de avance.

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