Viernes 19 de enero de 2018 7:16 am
NOTA DE LA SEMANA

Fracaso institucional

Baltasar Garzón Real*

La corrupción puede tener muchas definiciones, Rolando Cordera enunció algunas, pero para mí es el síntoma de un gran fracaso institucional. Lo que en el título [del Seminario] se pone, “Democracia vs corrupción”, son dos fenómenos que conviven. Además, en la democracia se favorece el fenómeno de la corrupción, porque es sencillo. Si hubiese un sistema autoritario, una dictadura, en sí mismo todo sería corrupción, aunque formalmente hubiera unas instituciones; en una dictadura no hay control, no hay más que el límite de la voluntad de quien dirige a ese país.

En un sistema democrático la corrupción se puede expandir, de hecho se expande, y de ahí surge la necesidad de establecer controles.

Pero, junto a esa corrupción clásica de la que hablamos siempre, tenemos una corrupción legalizada; hay una especie de privatización de la función pública, o del propio Estado en definitiva. De lo que se ha hablado aquí yo extraigo esa conclusión; por tanto, frente a eso creo que es fundamental el cambio de paradigmas. Por ejemplo, el paradigma de que contra la corrupción no se puede hacer nada y que con la corrupción sacamos más rentabilidad, tendríamos que cambiarlo por el de la cultura de la legalidad y de que cumpliendo la legalidad extraemos más beneficio tanto para las corporaciones como para la ciudadanía, y eso es constatable.

Si se estableciera un sistema de cumplimiento de la legalidad, sería mayor el beneficio definitivo para muchos más actores que intervienen como  sectores productivos en un país determinado, habría más igualdad de oportunidades, habría menos desequilibrio, habría más igualdad en todos y cada uno de los estamentos y en la propia sociedad.

Un segundo paradigma que habría que cambiar es que cuando se establece un sistema de corrupción generalizado sufrimos las consecuencias porque no podemos hacer nada contra el mismo, porque es el Estado el que eventualmente lo potencia.

Si recordamos la enumeración que se hacía [de gobernantes de América Latina implicados en casos de corrupción], tendríamos que llegar a una conclusión tremenda: que todo lo que estamos hablando en democracia, por lo menos en estos países, es mentira; es decir, quienes han estado al frente de la máxima responsabilidad del Estado y han propiciado sistemas de transparencia, de lucha contra la corrupción, han sido cooptados por la propia corrupción, tanto, que hay un contrasentido muy grave, donde no vale siquiera la justicia, porque también forma parte del mismo sistema y puede generar impunidad y corrupción. Bastaría simplemente con echar la vista atrás en lo que recién Lorenzo Córdova mencionaba, el caso Pinochet y otros casos; la justicia no siempre ha sido el ejemplo de lucha contra la impunidad y mucho menos de lucha contra la corrupción, pero es verdad, estoy de acuerdo, es fundamental tener un Poder Judicial imparcial, independiente y con algunas calificaciones más, a las que después nos referiremos como un elemento indispensable. Pero no olvidemos que cuando el Poder Judicial interviene, ya se ha escenificado el fracaso institucional del Estado, de todas las otras instituciones del Estado.

La acción del Poder Judicial es posterior, no es previa porque si lo fuera se nos tildaría de que actuamos preventivamente sin un objetivo claro que sancionar, aunque discrepo de ese planteamiento en un sentido: la justicia sí tiene una labor importantísima de prevención general, no tanto cuando no haya un comportamiento delictivo, pero sí cuando lo hay, no solo la justicia tiene la obligación de dar una respuesta, de sancionar, al hecho punible cometido, sino de dar una enseñanza a toda la sociedad, y es así que se convierte en la labor preventiva del Poder Judicial, pero para que sea eficaz requiere otros componentes mucho más importantes que generen la confianza en los ciudadanos.

El Poder Judicial, al fin y a la postre, es el último baluarte que garantiza una paz social o que garantiza una retribución de derechos violentados a los ciudadanos, es decir, es el último recurso. Por tanto, si posteriormente se desvela que este Poder Judicial o que sus funcionarios [son corruptos] –y con sistema judicial me refiero tanto a la procuración como a la administración de justicia–, el resultado es terrible, doblemente nefasto, porque no solamente se produce el comportamiento de corrupción, sino que se quebranta la expectativa de protección que teníamos en ese Poder Judicial y en los funcionarios y funcionarias que lo representan.

Por tanto, cuando hablamos del Poder Judicial hay que atender bien a las exigencias y a los mecanismos para prevenir la propia contaminación de ese poder, y aquí nos vamos a algo que en México actualmente está en las conversaciones político-jurídicas de la ciudadanía, de todos y cada uno de los presentes: el nombramiento de un fiscal anticorrupción. Decidme vosotros con más seguridad que yo, ¿cuántos meses llevamos esperando ese nombramiento?

La pregunta es por qué no se produce, ¿acaso la política es un negocio? ¿El negocio político se extiende a la designación de cargos judiciales? ¿Tenemos que provocar un nombramiento para asegurarnos nuestra propia tranquilidad por la responsabilidad precedente en cargos públicos?

Es muy grave, todo lo que estamos hablando no nos vale nada si no se solucionan estas cuestiones y si no somos capaces de llegar al núcleo, porque se volverían a producir posteriormente.

Por eso digo que es fundamental el cambio de paradigmas, y aquí hay un actor fundamental, que es la sociedad civil, el empoderamiento de la sociedad en el combate contra la corrupción.

La corrupción que, como digo, es el síntoma del gran fracaso institucional. No es solo una obligación del Estado combatirla, por supuesto, en todos y cada uno de sus organismos, sino además hacerlo de forma integral, coordinada, no compartimentando acciones porque el Estado es uno aunque esté  diversificado  en sus distintos poderes, no puede cada uno disparar para donde le dé la gana, porque entonces es fracaso absoluto.

La sociedad civil en los últimos años se ha empoderado precisamente por el fracaso; la desafección política de los ciudadanos y ciudadanas ha motivado que quieran tomar parte en forma mucho más proactiva que antes, que eran espectadores, que se indignaban, si no eran indiferentes se indignaban pero no hacían nada más porque era algo que no iba con ellos. Cuando la corrupción se ha convertido en sistémica, cuando de ser simplemente un mecanismo de aprovechamiento de algunos políticos ha pasado a afectar directamente el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, con una incidencia clara en las crisis económicas que estamos padeciendo; cuando se ha evidenciado  a  través  de  medios  de  comunicación –y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, hay que profundizar en ese tema, pero en la labor de difusión de los comportamientos de corrupción con todas las alertas y principios de presunción de inocencia que se precisan–, ahí se ha visto la necesidad de la propia sociedad para participar.

Ese ha sido el desarrollo de mecanismos de participación de los que ya tenemos algunos ejemplos en algunos países, más bien pequeños, pero el hecho de ser pequeño no impide que se extienda a espacios mucho más amplios, o a países con muchos más habitantes que Hong Kong, Estonia o Singapur, donde se han ensayado mecanismos de participación ciudadana, de gobierno abierto, de interacción telemática y virtual entre los organismos legislativos, donde no solo se puede ver cómo está sucediendo, qué se está haciendo, sino someter o cuestionar a los propios legisladores lo que se está haciendo o que expliquen lo que van a hacer.

Imagínense ese sistema de aproximación; haría mucho más clara la labor de corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros para luchar frente a la corrupción.

Se ha hablado de incentivos, claro que sí, por qué no va a haber incentivos para combatir la corrupción cuando los hay para delatar o coadyuvar a las investigaciones judiciales de quienes han participado en comportamientos delictivos. Hagamos incentivos también a favor de los que sí combaten la corrupción. Establezcamos unos sistemas de contratación de funcionarios públicos que les den garantías de permanencia, porque está acreditado que la estabilidad funcionarial genera colaboración para evitar comportamientos de corrupción, y no así para participar en procesos de corrupción.

Siempre decimos que es imposible cambiar las actuaciones corruptas de cuerpos como la policía, ¿por qué? ¿Por qué va a ser imposible? Si decimos que es imposible aceptamos el fracaso y sobramos todos los que estamos aquí; no puede aceptarse ese fracaso institucional, habrá que desarrollar los mecanismos necesarios con un estudio profundo, con unos sistemas de capacitación, con unos sistemas de contratación efectivos, porque vuelvo a decirlo, ya hay experiencias en ese sentido que establecen claramente el camino que hay que seguir. Los países que menos corrupción padecen establecen esos mecanismos. ¿Por qué un policía mexicano o un político español o quien sea va a ser menos receptivo a esos mecanismos?

En definitiva, ese cambio de paradigmas afecta no solo a los políticos y a las personas, sino también a las corporaciones y a las empresas. Tenemos que cambiar el paradigma de la coima, del soborno, de la cooptación de grandes corporaciones dentro del país o fuera del país, en otros países en vías de desarrollo, que a la par en los muy desarrollados es donde más se producen los hechos de corrupción.

Exigir, por ejemplo, no solo las normas de compliance que se están desarrollando en la mayoría de los sistemas jurídico-penales de diferentes países, sino las auditorías de derechos humanos. El cumplimiento de estándares de derechos humanos de las corporaciones, los mecanismos de comercio justo, es decir, hay infinidad de mecanismos que si se ponen en marcha pueden ayudar a ese cambio de paradigmas; pero resulta fundamental que erradiquemos aquella vieja afirmación de la doble moral.

Lo decía con el ejemplo de los altos dirigentes, lo digo también con los dirigentes que no cometen hechos delictivos pero se dedican a la innoble actividad del “lobismo”. Se convierten en asesores de grandes corporaciones, y yo me pregunto ¿cómo es posible que alguien que ha dirigido los destinos de un país se pueda convertir después en asesor de intereses muy particulares que pueden ir en contra de ese propio país?

Falta una regulación exhaustiva, falta un compromiso real. Hablamos de la financiación de campañas electorales y de las precampañas. ¿Alguien se cree que las grandes corporaciones no financian a los grupos y a determinados políticos durante todo el devenir de una Legislatura y de la siguiente y de la que haya a continuación? Ya sabemos que hay un sistema rigurosísimo de control de la financiación en periodo electoral, pero quizá no lo sea tanto en los periodos anteriores, y por tanto ahí es donde tenemos que fijar la actividad de prevención para erradicar esos comportamientos.

Yo no soy partidario de las sanciones penales grandes, sino que sean proporcionadas, pero ahora a quien comete un comportamiento de corrupción, el sentir popular lo percibe como que le está sustrayendo su propio futuro y sus oportunidades; por tanto, tiene que cumplir con esa extinción de dominio pero también con la sanción de no volver a participar en el sistema productivo, por lo menos en los sistemas de contratación pública, mientras no cumpla y demuestre que ese cumplimiento va a ser firme, permanente y a futuro.

Por tanto, la doble moral de quienes nos dirigen y de nosotros mismos a la hora de afrontar el combate a la corrupción tiene que desaparecer. La reserva mental de los gobernantes tiene que desaparecer. En definitiva, tenemos que conseguir entre todos y todas devolverle a la política su noble condición de servicio público, y que el mérito sea el que se instale ahí.

Nosotros queremos reflejarnos en quienes nos representan pero siempre que sean los mejores, siempre que aporten ese mérito, siempre que nos muestren un camino por el que hay que continuar, y si no, efectivamente habrá que sancionar, pero con seriedad, con proporción y, sobre todo, previendo cambiar el mecanismo o los mecanismos hacia futuro.

* Presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Versión de la conferencia impartida en el Panel 6, Antídotos y anticuerpos de la democracia contra la corrupción, en el marco del Seminario internacional política y dinero: democracia vs corrupción, auditorio del Instituto Nacional Electoral, 6 de diciembre de 2017.

 

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