Oswaldo Chacón Rojas
Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas

El pasado 13 de abril en Oxchuc, municipio indígena tseltal de la región de los Altos de Chiapas, se llevó a cabo una elección de autoridades municipales con base en sistemas normativos propios, de gran significado histórico y relevancia para el sistema democrático en el país. Más de once mil personas se congregaron en la plaza pública de la cabecera municipal para elegir a sus autoridades municipales a mano alzada y de manera libre en una Asamblea General Comunitaria Única, sin campañas previas, sin presencia de partidos políticos, y en un ambiente en donde predominó la civilidad.

Esta sui generis elección representó la consolidación de un largo proceso que inició en el último trimestre de 2018 con la Consulta Indígena, organizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), que concluyó el pasado 5 de enero, a través de la Asamblea Plenaria de Resultados, en la que representantes de las 120 localidades del municipio dieron a conocer la decisión tomada en cada localidad, resultando que el 59.18% de ellas optó por el Sistema Normativo Interno con base a lo establecido en los artículos 2º de la Constitución federal y 7º de la Constitución local; mientras que sólo 38.40% optó por continuar con el Sistema de Partidos Políticos.

Derivado del resultado de la consulta, el Congreso del Estado emitió el Decreto 135, en el cual facultó al IEPC para convocar a elecciones con base a los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Oxchuc. También reconoció a la Asamblea General de representantes como la autoridad máxima de deliberación y toma de decisiones en este proceso electivo, integrada por las y los representantes de las 120 localidades del municipio. A su vez, la Asamblea designó a un grupo de individuos para constituirse en la Mesa de Debates quienes tendrían la responsabilidad de conducir la titánica logística de la Asamblea, y garantizar el derecho de participación de los miles de ciudadanas y ciudadanos que asistirían a la elección.

El día 25 de marzo la Asamblea aprobó las normas a las que habría de sujetarse la elección, las cuales fueron validadas por el IEPC el 29 de marzo a través del Acuerdo IEPC/CG/A/016/2019. La validación implicaba la verificación del respeto de ese sistema normativo indígena con los derechos fundamentales de las personas, en particular, los de participación política en el contexto comunitario. La premisa fundamental del Decreto, fue el interés del legislador de alejar la amenaza del autoritarismo en elecciones bajo sistemas normativos propios. El decreto no facultó a la mayoría étnica a dominar a los demás grupos. La democracia no es un simple juego de triunfo de mayorías sobre minorías. En todo estado democrático, que se reconozca como tal, los derechos individuales ciudadanos y los derechos de las minorías deben ser respetados. En particular, en la Constitución mexicana encontramos reglas explícitas de preferencia entre el derecho estatal y el derecho indígena. Su enunciado implica la prioridad que da la Constitución a uno o más insumos jurídicos sobre otros, comenzando, generalmente, por ella misma, de ahí que en artículo 2 se identifique el siguiente bloque de superioridad normativa sobre el derecho indígena: la Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos, y, de manera relevante, “la dignidad e integridad de las mujeres” (apartado 2, fracción II), adhiriéndose así́, en esta temática, una perspectiva de género.

La complejidad de validar las normas de Oxchuc radicaba en que, de acuerdo a los criterios establecidos por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su análisis habría de realizarse a la luz de este bloque de constitucionalidad, pero además considerando la perspectiva intercultural. Es decir, la validación requería aproximarse a paradigmas, conceptos y criterios a los que no estamos acostumbrados, extraños en algunos a casos a la democracia liberal arraigada en nuestra normativa. Requería superar la idea de primacía del sistema electoral de partidos políticos con su legislación electoral, ya sea federal o local, sobre los sistemas normativos indígenas de elección de autoridades. Para este propósito, el IEPC contó con los antecedentes de diversos asuntos relacionados a elecciones con base a usos y costumbres en Oaxaca, que ha venido conociendo el TEPJF, y en particular de la Sala Regional Xalapa. De ahí se han generado criterios que han quedado plasmados en las sentencias así emitidas o los votos particulares correspondientes en torno a los problemas entre el ejercicio de autodeterminacion y derechos fundamentales, y que sirvieron de parámetro para evaluar las normas de Oxchuc.

Tomando en consideración dichos criterios, el IEPC validó que la fecha de la toma de protesta del cargo fuese al otro día de la calificación de la elección, sin que ello supusiera cancelar el acceso a la justicia de los inconformes con el resultado; validó que se condicionara la participación a “ser oriundo (a) con residencia ininterrumpida en el municipio”, aunque atendiendo la observación del IEPC, la Asamblea acordó como salvedad a esa obligación, “los casos en que habiéndose ausentado la persona no haya perdido vínculo con la comunidad, a juicio de la propia Asamblea”; validó que se condicionara la participación a la necesidad de “ser cooperante”, una actividad tradicionalmente reservada para los hombres, pero atendiendo la observación del IEPC, la Asamblea acordó establecer la salvedad “del caso de las mujeres que estuvieran imposibilitadas de cumplir con esa condición”; validó la decisión de la Asamblea de establecer la cabecera municipal como único lugar de votación, a pesar de que ello podría suponer una restricción para la participación de ciertos sectores que viven en comunidades lejanas a la cabecera municipal o que simplemente no estaban en condiciones físicas de trasladarse como personas de la tercera edad o mujeres embarazadas, toda vez que dicha decisión fue adoptada por la Asamblea de representantes de las 120 comunidades; entre otras reglas.

En este ejercicio democrático pudieron emitir su voto, las ciudadanas y ciudadanos que contaban con credencial de elector con la que se identificaron en las mesas de registro, las cuales estuvieron abiertas a partir de la 8 de la mañana; sin que haya sido excluida localidad alguna. Participaron 115 de las 120 localidades. En el éxito de la participación mucho tuvo que ver el gran esfuerzo de la Mesa de Debates, órgano comunitario en coadyuvancia con el IEPC, de informar oportunamente en las semanas previas todo lo relacionado al desarrollo de la Asamblea y la votación en las distintas localidades. La Mesa también sorteó satisfactoriamente las tareas logísticas y de seguridad de la Asamblea, contando para ello con la coadyuvancia de las autoridades estatales y tradicionales, con quienes establecieron medidas y procedimientos necesarios que salvaguardaron la integridad física de quienes asistieron a la Asamblea para ejercer sus derechos.

La Mesa de Debates fue la encargada de conducir la Asamblea General Comunitaria Única, desde su instalación y hasta su clausura. Una vez instalada, se realizó la presentación de las y los candidatos, quienes habían sido postulados previamente por “los principales” (autoridades tradicionales con prestigio público en Oxchuc), y validados por la Asamblea General. Posteriormente, la Mesa dió paso a la sanción de las candidaturas (votación a mano alzada). Al respecto, la Asamblea General había determinado que no sería necesario el conteo individualizado de los votos si la votación fuera visible y marcadamente mayoritaria o de unanimidad. En caso contrario, la Mesa de Debates tomaría las decisiones que fueran necesarias para organizar a los asistentes y proceder al conteo de la votación con el auxilio de las autoridades de cada comunidad. Ello no fue necesario pues hubo una votación visiblemente mayoritaria a favor de un candidato, lo cual resultó sumamente relevante, pues el proceso electivo en una asamblea única con la utilización del método de mano alzada no rompe con los principios democráticos constitucionales de certeza y seguridad jurídica, en tanto sea posible determinar con precisión el sentido del voto de quienes se congregan a expresar su voluntad.

Culminada la elección, la Mesa de Debates elaboró el Acta de Asamblea firmada por las y los integrantes de dicha mesa, en la que se acreditó el control de los asistentes, de los participantes, de la localidad de origen, de los incidentes, la manera en que se realizó la votación, cómo se contaron los votos, quiénes fueron electos, el cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas (una o un presidente municipal, una o un síndico con su suplente, y 6 regidores y regidoras propietarias con las suplencias respectivas), y el principio de paridad vertical en la integración del Ayuntamiento (que dependiendo de si el candidato a presidente es hombre o mujer las demás candidaturas se vayan alternando por género). Con base a la información contenida en dichas actas, el IEPC calificó la elección y expidió la constancia de mayoría el pasado 22 de abril en sesión extraordinaria del Consejo General.

Contrariamente a lo que presagiaban algunos agoreros, la Asamblea se desarrolló de manera pacífica y ordenada. El IEPC participó en la jornada electiva únicamente en calidad de observador y de acompañamiento a los trabajos de la Mesa, en respuesta a la coadyuvancia solicitada por la Asamblea General. Corresponderá ahora al nuevo gobierno municipal actuar con inclusión y responsabilidad para saber si este ejercicio se constituye en un modelo que contribuya a la pacificación de los municipios mayoritariamente indigenas del pais, o no.


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