Viernes 19 de enero de 2018 7:18 am
NOTA DE LA SEMANA

Las razones del INE

Ciro Murayama*

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la tarea, ante impugnaciones, de revisar las decisiones del INE y decir la última palabra, y sus resoluciones no pueden ser controvertidas jurídicamente. El INE, en todos los casos, acata de forma puntual las decisiones judiciales. Así ha ocurrido con las sentencias que revocan conclusiones del INE como autoridad fiscalizadora y así seguirá siendo.

A su vez, el INE como autoridad tiene el deber de explicar sus decisiones y dar a conocer sus razones. En este texto se ofrece un breve recuento de las principales conclusiones del INE en la fiscalización a la campaña por la gubernatura de la coalición electoral “Por un Coahuila Seguro”, la cual obtuvo 38.89 por ciento de los votos contra 36.41 por ciento de su adversario más cercano.

En Coahuila, el tope de gastos de campaña al cargo de gobernador fue fijado por la autoridad electoral local en 19,242,478.57 pesos. Los gastos reportados por los dos principales contendientes estaban muy cerca de dicho límite. Así, de la revisión realizada por el INE y que se resume en el dictamen aprobado por el Consejo General el 17 de julio, se determinó el rebase en los gastos del candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro” por un monto de 1,521,905.97 pesos, es decir 7.91 por ciento. Por primera vez, una elección de gobernador estaría dentro del supuesto de nulidad por exceder los gastos, incorporado en la Constitución en 2014.

Gastos no reportados en Facebook

Uno de los grandes desafíos en materia de fiscalización es detectar el gasto en propaganda de los actores políticos durante las campañas. El avance de internet y la expansión de teléfonos inteligentes han propiciado el desarrollo de novedosas formas de comunicación a través de las cuales los actores políticos se posicionan en tiempo real frente al electorado.

El uso de redes sociales y medios digitales por los actores políticos en las campañas electorales es legítimo, siempre y cuando los gastos por estos conceptos sean reportados oportunamente a la autoridad. Cuando los actores políticos pagan por mensajes o por posicionarse en las redes sociales, deben reportar esos gastos, pues de otra forma afectan la equidad de las contiendas electorales.

Como parte de sus tareas, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) solicitó información de pagos por publicidad y promoción a distintas redes sociales. En respuesta a la solicitud del INE, Facebook Ireland Limited dio cuenta de haber recibido pagos por 993,013.96 pesos por concepto de publicidad a favor del candidato a gobernador de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, en el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2016 y el 5 de junio de 2017.

Por esa razón, en el oficio de errores y omisiones la UTF solicitó a la coalición presentar la documentación que acreditara el pago en esa red social, ya que en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) no se identificaba el registro contable ni la documentación soporte del pago a Facebook.

En su respuesta, la coalición indicó que contrató servicios de marketing digital en redes sociales y sitio web en beneficio del candidato a la gubernatura  a través del proveedor Atelier Espora y que el pago quedó registrado en dos pólizas, por 300 mil y 348 mil pesos, respectivamente.

No obstante, la revisión documental permitió determinar que en ninguna de esas pólizas se acreditaba el pago a Facebook por el proveedor Atelier Espora, pues en las facturas y contratos solo se daba cuenta del pago de la coalición al proveedor. Así, el 4 de julio se realizó una diligencia específica para pedir al proveedor que especificara las redes sociales que utilizó, el monto pagado desglosado por red social, así como los cheques o transferencias de los pagos hechos respecto a las operaciones con Facebook.

En su respuesta, Atelier se limitó a señalar que para la campaña había pagado a Facebook 653 mil pesos; sin embargo, no presentó, como expresamente le había pedido el INE, ningún comprobante de   la forma de pago. La respuesta del proveedor se circunscribió a presentar una relación de links en redes sociales, pero en ningún momento exhibió los comprobantes de las transacciones y pagos hechos   a Facebook. De tal forma que, al no haber acreditado el pago como expresamente lo requiere el Reglamento de Fiscalización –además de que las cantidades reportadas no coincidían con lo señalado por Facebook–, el Consejo General del INE determinó acumular el gasto en Facebook al tope de gasto de campaña del candidato a gobernador y sancionar a la coalición por la omisión.

La coalición y su candidato impugnaron la decisión del Consejo General ante el Tribunal Electoral. En el juicio ciudadano SUP-JDC-545/2017, el 5 de octubre de 2017, el TEPJF determinó revocar de manera lisa y llana la determinación del INE por considerar que se había extralimitado al pedir información de un periodo distinto al de campaña.

El argumento del Tribunal fue que la información que Facebook había proporcionado era de un periodo distinto al de la campaña que se estaba sancionando (del 1º de diciembre de 2016 al 5 de junio de 2017), y como las campañas fueron del 2 de abril al 31 de mayo de 2017, simplemente se decidió no considerar el gasto.

De esta manera el TEPJF desconoció, en favor de Miguel Ángel Riquelme, el gasto de Facebook realizado por la coalición que lo postuló, e impidió que el INE hiciera, en todo caso, una nueva solicitud para precisar el periodo y los pagos realizados. El hecho es que el candidato se vio beneficiado con promoción y publicidad en Facebook por 993,013.96 pesos y ni la coalición, el candidato o la empresa Atelier Espora pudieron acreditar o presentar ni un solo comprobante de pago.

Si se hubiera permitido al INE solicitar información a Facebook correspondiente a los pagos recibidos a favor de la candidatura al gobierno de Coahuila por la coalición durante los días de desarrollo de la campaña, se habría tenido plena claridad del monto pagado a la red social y cuyas transferencias no se presentaron ante la autoridad. Se tuvo una oportunidad de honrar el principio constitucional de certeza, pero la revocación lisa y llana no dio lugar a ello.

Producción de videos no reportada

El ine realiza trabajo de campo para verificar si los candidatos reportan la totalidad de sus egresos durante las campañas. Además, los partidos pueden presentar quejas respecto a sus contendientes. Este fue el caso en Coahuila, cuando el PAN denunció al candidato a gobernador de la coalición encabezada por el pri por no haber reportado los gastos de producción de 151 videos colocados en la página de Facebook del ahora gobernador electo.

Estos videos fueron publicados en la página https://www.facebook.com/mriquelmesi/ durante toda la campaña, y si bien ya existía un pronunciamiento del Tribunal respecto a los gastos del manejo de redes así como de publicidad, el concepto de producción de videos no había sido abordado en lo que concierne a los videos denunciados.

De un análisis del contenido de cada una de las muestras presentadas por el PAN, así como de las operaciones registradas en el SIF, el INE determinó que 84 videos no estaban respaldados por el concepto mencionado en ninguna factura (con su documentación comprobatoria, muestras, contratos y relaciones de propaganda), así que al utilizar el costo valuado para producción de videos para redes sociales de 17,400 pesos, el Consejo General del INE determinó sumar a los gastos del candidato 1,461,600 pesos (84 videos por 17,400).

El INE fue claro al señalar que, si bien esos videos se incluyeron en el SIF por lo que tocaba al pago por su exhibición en Facebook (el partido afirmó que la que hizo el pago fue Atelier Espora), no se incluyeron en la documentación presentada como respaldo a los gastos de producción. Si todo lo que hizo Atelier Espora fue pagar a Facebook (como en su momento alegó el partido al cuestionar la sanción relatada en el inciso anterior), entonces no pudo haber cobrado por producir videos. El razonamiento del INE fue que si un peso fue pagado a una empresa en Irlanda por exponenciar el alcance de los videos, ese mismo peso no pudo ser pagado a la vez en México para producir el video.

Esta decisión fue impugnada por el partido al considerar, entre otros agravios, que el INE no otorgó garantía de audiencia de forma debida, ya que no se le especificaron los 84 videos que se tomaron como no reportados y únicamente se le dieron a conocer las constancias que integraban el expediente.

El TEPJF, en la sentencia SUP-RAP-719/2017, le concedió la razón al partido, y aunque lo habitual habría sido devolver la resolución al INE para reponer el procedimiento, dado lo cercano a la fecha de toma de posesión del cargo de gobernador, en plenitud de jurisdicción, analizó la documentación y argumentos del partido. Los resultados de este estudio retomaron la explicación del PRI, esto es, que de los 84 videos en debate, 82 estaban reportados en las facturas del proveedor Atelier Espora por 300 mil y 348 mil pesos. Por lo tanto, en la visión del Tribunal debían sancionarse como gasto no reportado dos videos, y por ello acumular únicamente 34,800 pesos al gasto del candidato.

No obstante, los 648,000 pesos reportados por   el proveedor Atelier Espora sirvieron para justificar los pagos realizados por el candidato a la plataforma Facebook, esto, por el concepto de manejo de redes sociales y colocación de publicidad; como se mencionó, dicho gasto ya no fue analizado por la autoridad fiscalizadora, al haber acatado la sentencia del Tribunal. Adicionalmente, tanto el proveedor como el partido en reiteradas ocasiones aseguraron al INE que los servicios de Atelier Espora fueron únicamente por colocación de publicidad y no por producción de propaganda, pues esa tarea la llevó a cabo Arte y Comunicación Asociados, S.A. de C.V. (ARCA).

De esta forma, en el SIF se puede constatar que las muestras de los servicios ofrecidos por Atelier Espora refieren a la colocación de propaganda en Facebook –a través de capturas de pantalla relacionadas con direcciones web– y no se puede encontrar un solo video en las mismas, mientras que las facturas pagadas a ARCA no contienen los 82 videos que el Tribunal consideró reportados.

Comprobación de gastos por representantes de casilla

Con la finalidad de tener certeza respecto de los gastos realizados por los partidos políticos el 4 de junio, día de la jornada de votación, el Consejo General del INE determinó la instauración de un procedimiento oficioso en materia de fiscalización. A cada partido político se le requirió, en un lapso de 24 horas, la evidencia documental que mostrara la participación voluntaria y gratuita de cada uno de sus representantes de casilla durante la jornada.

El Consejo General consideró válidos los formatos entregados por los partidos cuando contenían al menos nombre y firma del representante de casilla, su clave de elector y fecha de elaboración de los formatos no posterior al 7 de junio, que era el día en que por norma los partidos políticos debían haber entregado los formatos requisitados.

En la revisión del cumplimiento de los requisitos mencionados, en los formatos entregados por el PRI se detectó que tenían el 20 de junio de 2017 como fecha de elaboración, por lo que no podían ser tomados en cuenta. Por ello, al no comprobar que el trabajo de los representantes fue gratuito, se consideró la existencia de gastos no reportados.

El TEPJF calificó como una falta formal la fecha de elaboración de los formatos (posterior a la jornada), toda vez que lo que debía prevalecer era la expresa manifestación de voluntad de los representantes de partido, consideración suficiente para revocar lisa y llanamente los gastos acreditados por el INE a la coalición “Por un Coahuila Seguro” por más de medio millón de pesos.

Uno de los principios de los juzgadores es medir con la misma vara, es decir, ser imparcial; sin embargo, en el procedimiento instaurado por el INE en contra de Morena, la Sala Superior confirmó la sanción impuesta de 700 mil pesos, al considerar que este partido entregó de forma extemporánea los formatos de sus representantes de casilla.

Entrega de tarjetas y monederos

Como corolario a los tres temas previos de revocación, vale señalar el caso de las tarjetas y monederos rosas. La coalición “Por un Coahuila Seguro” fue denunciada por la entrega de tres tarjetas, “Mi monedero rosa”, “Mi monedero” y “Mi tarjeta de inscripción”, con la promesa de que mensualmente se depositarían recursos –sin especificar el monto– a aquellos electores que fueron empadronados (pues el partido recabó sus datos personales) al entregarles la tarjeta de cartón.

El INE, al resolver esta denuncia, determinó que la entrega de esas tarjetas era contraria a la ley, pues los actores políticos no pueden solicitarle a la ciudadanía en general sus datos personales, al no encontrarse dentro de sus atribuciones ni de sus fines, sobre todo a cambio de prometer beneficios a la población.

El Tribunal Electoral no lo vio así y juzgó que esta estrategia de campaña no es contraria a derecho, pues se trata de propaganda electoral legalmente permitida. Esta decisión puede dar lugar a que se extienda la práctica de que los partidos políticos, sus candidatos, así como los candidatos independientes, puedan solicitar datos al electorado con  intenciones de conformar padrones de futuros beneficiarios, como si se tratara de actos de un gobierno legalmente constituido.

El INE, con su resolución, pretendió reducir el espacio para prácticas cercanas a la entrega de dádivas. Esa intención, sin embargo, fue frenada por decisión jurisdiccional.

* Economista. Consejero electoral y presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.
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