Que ningún empleado del gobierno gane más que el presidente de la República parece una regla sensata.

De hecho, las excepciones son muy pocas si consideramos el universo de la burocracia mexicana. Una revisión de los tabuladores de sueldos 2018 muestra que las excepciones se encuentran en el Poder Judicial, los bancos estatales, los órganos autónomos y las empresas públicas, como Pemex y la CFE.

La norma constitucional mexicana (artículo 127) fue creada en 2009 y a partir de ese año provocó una consecuencia no prevista por sus autores ya que desde 2010 y hasta 2015 el sueldo del Presidente se mantuvo prácticamente congelado lo que se tradujo en el deterioro de los sueldos de los funcionarios públicos federales de mando medio y superior.

Nadie ha puesto sobre la mesa del debate lo realmente importante en este asunto, que es cuánto debe ganar el Presidente de México.

El problema estalla no por la mal hecha Ley de Remuneraciones, aprobada a troche y moche, sino por la unilateral decisión del nuevo Presidente de reducir su sueldo al 40 por ciento del que ganaba Peña Nieto, decisión que colapsa la pirámide salarial de todo el sector público federal y vulnera los derechos de miles de servidores públicos a los que, sin más razón que la arbitrariedad, ahora se les quiere imponer la reducciónde su salario, a pesar de que nunca han ganado más de lo que López Obrador decidió cobrar por su trabajo de Presidente.

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