Viernes 19 de enero de 2018 7:15 am
NOTA DE LA SEMANA

Por esto es el pleito

Intervención de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en el punto único de la sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2017, sobre el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF, respecto de los expedientes relativos a la fiscalización de los gastos de campaña para gobernador en Coahuila.

Se decía ya que con esta resolución, con este acatamiento, se cierra un capítulo de la evolución de la fiscalización.

El nuevo modelo  de  fiscalización  derivado  de la reforma de 2014 tendrá, como se ha mencionado aquí, su prueba de fuego en 2018, cuando tendremos que enfrentar como institución fiscalizadora el desafío más grande en esta materia en la historia de esta institución, por la cantidad de campañas que se van a realizar simultáneamente y, consecuentemente, por la cantidad de campañas que van a tener que ser auditadas en un único ejercicio nacional de fiscalización. Ha sido un tema en el que la construcción no solamente de las normas, sino también de las capacidades de auditoría y de los propios criterios, ha tenido una lógica incremental.

Un ejemplo, solo un ejemplo, evidencia esta lógica incremental que, por cierto, habla de la creciente capacidad de auditoría que ha desplegado el Instituto Nacional Electoral. En 2016, habiéndose realizado 14 elecciones locales, el INE logró detectar en campo poco más de 17 mil 500 testigos de gasto, lo que, compulsando con la información que entregaron los partidos políticos, nos permitió determinar un monto de cerca de 77 millones de pesos de gasto no reportado por el conjunto de fuerzas políticas, que en su momento fueron no solamente señalados, sino debidamente sancionados.

En 2017, con solo cuatro elecciones en lugar de 14, la capacidad de identificar el gasto en campo aumentó sustancialmente. Son más de 75 mil testigos de gasto los que el sistema de monitoreo logró detectar y reportar. Y esto nos llevó a determinar que en las cuatro elecciones que se realizaron en este año, el monto de gastos no reportados por el conjunto de partidos políticos ascendió a más de 250 millones de pesos, que también fueron debidamente identificados y sancionados.

Esto habla de una lógica incremental tanto en las capacidades de auditoría como, insisto, en la lógica de la misma reglamentación que regula esta materia. Paulatinamente, a lo largo de estos tres años y medio el INE no solo emitió un nuevo Reglamento de Fiscalización, sino que el mismo ha sido sometido a una serie de revisiones, de actualizaciones, de modificaciones, para hacer que la pinza fiscalizadora, el músculo fiscalizador de la autoridad electoral, se fuera robusteciendo frente a las irregularidades y los intentos de evasión de la auditoría que los actores po-

líticos han tenido.

Es cierto –lo reconocí aquí la semana pasada cuando se aprobaron los dictámenes del gasto ordinario 2016– que los propios partidos políticos han ido mejorando sus capacidades de control, de presentación, de reporte del gasto a la autoridad electoral.

Hoy, al cerrarse este capítulo, tenemos ya, como se mencionaba, todos los elementos y los criterios para enfrentar el desafío de la fiscalización de 2018.

Coincido en que, como decía el consejero Nacif, este ejercicio ha ido planteándole a la autoridad electoral nuevos elementos, desafíos que a partir de los criterios y las resoluciones del Tribunal Electoral tenemos no solo que acatar, sino que instrumentar.

Se han incrementado los estándares de comprobación en la lógica del Tribunal Electoral, que vamos a instrumentar y en los que desde ahora estamos avanzando. Los criterios –esta exigencia, digamos, de formalidades que el Tribunal Electoral nos ha venido planteando–, no van a hacer de la próxima una fiscalización menos robusta, sino todo lo contrario. Nosotros nos estamos adaptando y justamente hemos entrado ya en contactos, en pláticas, próximamente firmaremos convenios con administradores globales de redes sociales, para evitar que con formalismos se impida la determinación de los gastos que en redes sociales se están haciendo.

Vamos  a acatar y a cumplir los estándares que   el Tribunal Electoral nos ha planteado, pero vamos  a hacer una fiscalización todavía más robusta que la que hicimos este año.

No quiero obviar un hecho: así como ha habido una lógica incremental, también en las campañas de este año vimos el mayor retraso que hasta ahora se ha presentado, de parte de todos los partidos políticos, en los reportes de sus ingresos y gastos en el Sistema de Fiscalización.

Eso en su momento fue detectado y sancionado, pero me parece –y eso puede ser entendible pero no es justificable– que no solamente evidencia una mala administración de las cuentas de las distintas campañas en el reporte, sino eventualmente también una lógica de complicar la propia fiscalización. Lo señalamos en su momento, apenas un par de días antes de que terminaran las campañas, cerca del 60 por ciento de los candidatos no habían reportado operaciones en el Sistema de Fiscalización y el 40 por ciento de las operaciones se reportaron al responder el oficio de errores y omisiones, con lo cual se acotó la capacidad de fiscalización.

Sí, vamos a la fiscalización más grande de la historia, pero también a la más exhaustiva, y eso va a implicar una responsabilidad que desde la institución les vamos a exigir a todos y cada uno de los actores que participen en las precampañas y en las campañas electorales por venir.

Vamos a incrementar los mecanismos de transparencia para evidenciar en tiempo real, y que la ciudadanía tenga un elemento de juicio adicional de quiénes son aquellos candidatos que no están cumpliendo con su obligación de reportar en tiempo real, porque eso nos complica como autoridad la fiscalización. Y con independencia de que sean errores contables o haya un dolo, es la propia ciudadanía la que tiene que formarse un juicio, de cara a la emisión de su voto, sobre cómo están actuando quienes aspiran a gobernar este país.

Sí, tenemos una experiencia que tenemos que traducir en las pautas, en los propios criterios que tendrán que ajustarse y que, como lo hemos hecho siempre, van a retomar estos parámetros que el Tribunal Electoral haya planteado. Pero eso también se va a traducir en una exigencia nunca antes vista a los partidos políticos, porque al final del día la fiscalización no es solo una responsabilidad de la autoridad electoral, sino que es una responsabilidad compartida en donde los sujetos fiscalizados, partidos y candidatos, tienen una obligación que cumplir. Y la historia revela que, tal como lo ha señalado el Tribunal Electoral, así como la autoridad electoral tiene que mejorar sus estándares de fiscalización y los procedimientos, también los partidos políticos tienen que tener una responsabilidad incremental.

La buena llegada a puerto de la democracia mexicana en estas elecciones también pasa por que los partidos políticos mejoren su compromiso democrático, que, como lo ha enseñado la fiscalización, hasta ahora no ha estado necesariamente a la altura de las expectativas.

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