En un texto célebre Enrique Krauze reclamaba para México una “democracia sin adjetivos”. Hoy lo mismo puede exigirse para la justicia, sustantivo al que con frecuencia se acompaña de adjetivos que hacen perder el sentido del reclamo social y las asignaturas pendientes que el Estado debe cumplir.

La justicia en México es un ámbito en que las personas enfrentan los mayores agravios

y la sociedad plantea exigencias de impostergable atención. No existe espacio del sistema de justicia que merezca la aprobación social. Cuerpos policíacos penetrados por la  corrupción, ineficaces hasta grados extremos; ministerios públicos que de su tarea hacen fuente de negocio; jueces venales; tribunales morosos que vuelven nugatorio el derecho de las personas a la justicia pronta y expedita.

El incremento de la criminalidad y las oleadas de violencia que sacuden a extensas regiones y a cada día mayor número de ciudades son resultado, entre otros factores, de la crisis imperante desde hace lustros en el sistema de procuración e impartición de justicia. Hay acuerdo en que la reforma de las leyes es insuficiente para detener y revertir tan crítica situación, pero también lo hay en que sin leyes adecuadas la transformación del sistema de justicia penal carecerá del soporte legal indispensable.

Después de un largo proceso de análisis y discusión que incorporó las opiniones y propuestas de especialistas, colegios profesionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, las dos cámaras del Congreso arribaron a los acuerdos que hicieron posible avanzar en la aprobación de importantes cambios a las normas constitucionales en esta delicada materia. El debate sigue abierto y se desplegará con fuerza al iniciarse la tarea de reglamentar lo aprobado en la Carta Magna. Lo que resaltamos es el interés de la sociedad y la disposición de los legisladores para atender las diferentes voces.

Procede someter a un análisis riguroso los cambios constitucionales que aprobó el Congreso de la Unión y que están en revisión en los congresos estatales.

Al efecto, Voz y Voto, con la valiosa colaboración de Emilio Rabasa, quien aporta su propia experiencia, invitó a especialistas y legisladores para ofrecer a nuestros lectores su evaluación de dicha reforma.

Agradecemos especialmente al doctor Sergio García Ramírez su participación en este número; expresamos también nuestro agradecimiento a Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza, y a los legisladores César Camacho, Jesús Murillo y Ruth Zavaleta.

La reforma electoral sigue en curso; en este mes se espera la aprobación de las  adecuaciones a las leyes que rigen al Tribunal Electoral. Dos especialistas en el tema nos aportan su primera evaluación de la iniciativa que publicamos en nuestra edición del mes anterior. El proceso legislativo está por terminar. Vendrá luego la praxis.

Voz y Voto