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Democracia

Por: Jorge Alcocer V.*

A finales de mayo pasado, el Consejo General del ine decidió reanudar el procedimiento de verificación de requisitos a siete organizaciones que solicitan registro como nuevos partidos políticos. La pandemia motivó la suspensión de los procedimientos de una forma que ahora se revela como precipitada e improvisada.

En las líneas siguientes se plantean consideraciones de orden político-pragmático sobre los efectos que el registro y participación electoral de siete nuevos partidos podría tener sobre la participación de la ciudadanía en la jornada comicial del primer domingo de junio de 2021, así como sobre sus posibles resultados, y respecto de la configuración de la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados.

El análisis de los efectos de esos posibles siete nuevos partidos en las elecciones locales para gobernador en 15 estados y en las elecciones de legislaturas locales y/o ayuntamientos en las 32 entidades federativas debe considerar la existencia de 53 partidos locales, distribuidos en los 31 estados de la República. Trataré ese asunto en una próxima edición de Voz y Voto.

Efectos sobre la participación ciudadana y la fragmentación del voto

Bajo la hipótesis de que las siete organizaciones solicitantes alcanzarán registro, en las próximas elecciones 2020-2021 (tanto federal como estatales) veríamos en competencia el mayor número de partidos políticos nacionales desde la reforma política de 1979. Tendríamos 14. (El mayor número previo se registró en las elecciones de 2003, con 11 partidos).

Cada uno de esos partidos nuevos tendrá derecho a recibir financiamiento público –ordinario y para la campaña federal– y en cada una de las 32 entidades federativas a partir de septiembre de 2020 y al menos hasta diciembre de 2021 (según el criterio establecido por la anterior Sala Superior del TEPJF1). Con datos de 2020, estimo que cada nuevo partido recibiría un total de recursos públicos, en el periodo septiembre 2020 a diciembre 2021, de alrededor de 163 millones de pesos. Si 7 organizaciones obtienen registro, la erogación total sería de alrededor de 1,141 millones de pesos, solo por el ámbito federal. Falta considerar la erogación estatal y la de la CDMX.2 Es previsible una fuerte reacción de rechazo social al aumento del gasto público destinado a financiar partidos políticos, lo que será un factor adicional de desaliento para la participación ciudadana en las urnas el primer domingo de junio de 2021.

Es una realidad que –en elecciones federales intermedias– la participación ciudadana total disminuye respecto de lo alcanzado tres años antes en la elección presidencial; la excepción a ese comportamiento suelen ser los estados con elección de gobernador que generalmente registran una participación por arriba de la media nacional. El próximo año 15 estados tendrán elección de gobernador, lo que quizá estimule la participación ciudadana en ellos, pero no parece suficiente como para revertir lo que se ha observado en el pasado.

La experiencia indica que, en condiciones de elevada abstención, los partidos con mejores capacidades de usar el clientelismo y la movilización de electores resultan menos perjudicados, mientras que para los partidos minoritarios y para los de nuevo registro, el panorama se torna muy complicado. Si revisamos el resultado de los nuevos partidos en su primera incursión electoral veremos que, en elecciones intermedias, aumenta la «mortandad» de tales partidos pues, al no alcanzar el porcentaje mínimo de la votación nacional que exige la Constitución, pierden registro.

En adición a lo anterior cabe apuntar que –por sus resultados en 2018 y 2019– es posible que, de los siete partidos que ya cuentan con registro, cuatro deberán hacer un enorme esfuerzo para alcanzar al menos el 3 por ciento de la votación nacional emitida (es decir, la total depositada en las urnas). Esos partidos son el PT, PVEM, PRD y MC.3 En tanto que tres partidos ya existentes parecen tener asegurada, por ahora, su sobrevivencia (Morena, PAN y PRI).4 Sin embargo, hay que esperar a conocer las primeras encuestas que consideren a la totalidad de partidos con registro para trazar una prospectiva con mayores elementos de juicio.

Debido a las reglas aplicables a nuevos partidos, éstos no podrán realizar alianza alguna ni entre ellos ni con los de registro previo. Lo anterior se traduce en que en la boleta electoral podríamos tener siete recuadros para igual número de nuevos partidos, más los recuadros que correspondan a los siete partidos que ya cuentan con registro, con independencia de las alianzas entre ellos. Es decir, debido a la regla constitucional que desde 2009 impide la transferencia administrativa de votos entre partidos –lo que obliga a cada partido a validar su registro, apareciendo en la boleta con su propio emblema–, en la boleta electoral de 2021 podríamos tener 14 recuadros, algo no visto antes.

Un efecto, casi inevitable, será la fragmentación del voto. La dimensión y efectos de esa fragmentación dependerán, en primer lugar, de la votación de cada uno de los siete nuevos partidos.

En un cálculo simplificado vemos que, si cada uno de los 7 nuevos partidos obtiene el 3 por ciento requerido para conservar registro, ocuparán 21 puntos del total, dejando para distribuir entre los otros siete partidos los 79 puntos restantes. Si a lo anterior agregamos la hipótesis de que los siete partidos con registro vigente refrendan esa condición y a cada uno asignamos otros tres puntos porcentuales, ello significaría otros 21 puntos, para tener ocupados 42 puntos de 100. En ese escenario, quedan 58 puntos por distribuir. Parece cuesta arriba que algún partido alcance, por sí mismo, el porcentaje de votación mínimo requerido (42.3%) para, cumplida la otra condición (162 constancias de mayoría en igual número de distritos), beneficiarse de la cláusula constitucional de sobrerrepresentación y alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (251 curules).

Siempre queda abierta la posibilidad de que un partido obtenga la mayoría de votos en 251 o más distritos para que, con independencia de su porcentaje de votación nacional, obtenga la mayoría absoluta en San Lázaro. Nunca ha ocurrido, pero la posibilidad existe. Sin embargo, en 2018, año en que la avalancha lopezobradorista proyectó a Morena y sus aliados a la mayoría absoluta, el hoy partido del gobierno no la alcanzó por sí mismo. En un escenario de menor votación total, mayor fragmentación del voto y desgaste del gobierno, el partido gobernante paga los costos de esa combinación negativa. Así ocurrió, para no ir más lejos, en 1997, 2003, 2009 y 2015. Nada hay que apunte a algo diferente en 2021.

Dejo hasta aquí esta aproximación cuantitativa al escenario de 14 partidos en la boleta electoral del 2021 para diputados, con los 14 refrendando registro. La conclusión a que es plausible arribar es que se presentará una abstención elevada, acorde a lo observado en elecciones intermedias anteriores, aunque matizada por las 15 elecciones de gobernador; habrá, en el escenario de 14 partidos en la boleta, una fragmentación del voto aún mayor a la observada entre 2003 y 2015 y, en consecuencia, la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados sería, en su composición original, semejante a las que vimos entre 1997 y 2018, sin mayoría absoluta de ningún partido.

La forma en que el electorado distribuya –en ese escenario– los 58 puntos porcentuales de la votación nacional es la incógnita que las encuestas irán despejando y las urnas definirán el primer domingo de junio de 2021. De esa distribución dependerá, en buena medida, la integración de los grupos parlamentarios en la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados y que, en la segunda parte de su mandato, el presidente López Obrador conserve una mayoría como la que obtuvo, por votos y alianzas, en 2018, o que esté marcada por el retorno al gobierno dividido, con la posibilidad de un bloque legislativo mayoritario de oposición.

A la caza de candidatos

Siete nuevos partidos con registro legal conllevan, grosso modo, a que cada uno de ellos deba encontrar, en un breve tiempo, 500 candidatos propietarios y 500 suplentes. Suman 7 mil personas que acepten dar su nombre y algo de su tiempo para que un nuevo partido vea impreso su emblema en las boletas electorales de los 300 distritos y complete su lista de 200 candidatos plurinominales, distribuidos en cinco circunscripciones, con 40 fórmulas (propietario y suplente) en cada una de ellas.

¿Cuál es la cantera de la que pueden salir de manera rápida y sin necesidad de trabajar para pulir la piedra, siete mil aspirantes a candidatos, propietarios y suplentes? La respuesta es obvia: de los que no obtengan candidatura en los partidos ya existentes.

Cada nuevo partido con registro es una opción de fuga para los precandidatos que no obtengan candidatura en el partido de «sus amores». En estos tiempos en que las identidades ideológicas o las lealtades a programas o principios son piezas de museo, cambiar de camiseta partidista es algo que a nadie ruboriza y de lo que ya muy pocos se escandalizan. Hace años (1990) mi amigo Gilberto Rincón Gallardo me anticipó que había una nueva criatura en el zoológico de la política mexicana: «los candidatos profesionales». No tienen ideología, principios o programa; tienen intereses, los suyos propios, me advirtió quien fuera el último secretario general de un partido de izquierda socialista, el Partido Mexicano Socialista (PMS).

La novedad de la reelección inmediata de diputados, que no es un derecho del legislador sino potestad de su partido, abre una inédita veta de lo que llamaré «diputados en fuga»: en busca de la reelección pero limitados por la norma constitucional de que solo pueden ser postulados a la reelección por el partido –o uno de los partidos, en caso de haber existido coalición– que los postuló la ocasión anterior. De esa veta se nutrirá el PT, único aliado de Morena en 2018, que puede aprovechar esa condición; el nuevo partido heredero del Partido Encuentro Social (PES) –de obtener registro– no podrá aprovecharla, incluso para sus actuales diputados que, si son rechazados por Morena, solo tendrían como opción al PT.

La cantera de mayor potencial para estos efectos es, por elemental cálculo de los votos que pueden aportar los fugados, la del partido mayoritario, es decir, Morena. Así lo aprendió el pri conforme la pluralidad dio paso a la competencia y luego a las derrotas y las alternancias. Así lo aprenderá en 2021 el partido hoy mayoritario. También lo padecerán los otros seis partidos con registro previo, operando para cada uno de ellos, a su escala de votos, la misma regla. Fugarse de Morena a una candidatura de nuevo partido es una temeridad, pero hacerlo de Morena al pan o al pri, más aún si se concreta una alianza opositora, puede ser atractivo al despertar expectativas de triunfo.


La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados (2021-2024)

La mayoría absoluta de que Morena dispone en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados es producto del convenio de coalición que ese partido celebró en 2018 con el pt y el pes –que los consejeros del ine aprobaron por unanimidad–, y de la decisión de los diputados que, debiendo haber quedado formalmente adscritos a los grupos parlamentarios de esos dos partidos decidieron, en uso de su «libertad», adscribirse al de Morena. De hecho, desde septiembre de 2018, en San Lázaro se vive una permanente violación a la Constitución al permitir la existencia y funcionamiento de un grupo parlamentario que no representa a un partido político con registro legal. Me refiero al del pes.

Cabe suponer que para Morena será difícil repetir el modelo de 2018; en primer lugar, porque las expectativas de sus dos potenciales aliados (PT y PVEM) son diferentes a las que tenían en 2018. En segundo lugar, un convenio de coalición para diputados federales como el que Morena suscribió en la anterior elección federal con el pt y el pes se antoja de difícil aprobación por el Consejo General y, si así pasara, el tema llegaría al TEPJF. Siempre será posible que, pasada la elección y concluida la calificación de la misma, diputados que fueron postulados bajo las siglas de un partido –sea de manera real o simulada– decidan adscribirse al grupo parlamentario de otro partido.

Abro una primera interrogante: ¿cuántos grupos parlamentarios integrarán la LXV Legislatura en San Lázaro?

Potencialmente, si todos los partidos con registro actual lo refrendan, tendríamos siete. Y por cada nuevo partido que supere la barrera de votos requeridos, uno más. Siguiendo con el escenario de 14 partidos que participan y confirman registro tendríamos 14 grupos parlamentarios, al menos en potencia.

Conforme lo que hoy tenemos a la vista, de los siete que corresponden a los partidos con registro actual, el alineamiento previsible dentro de San Lázaro sería en torno a Morena, con el pvem y el pt a su lado, y enfrente un grupo opositor similar al G-4 que se forjó en 1997, con los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC. Como apunté antes, ese nuevo G-4 podría contar con mayoría absoluta en San Lázaro si, como apuntan algunas encuestas recientes, Morena y sus aliados sufren una pérdida de votos que conserve a Morena como partido de mayor votación, pero en la condición de primera minoría.

Para seguir con nuestro escenario de siete nuevos partidos y que los 7 confirman registro, ello implica que –en una previsión mínima de que cada uno tendría 5 diputados (que es el mínimo para formar grupo parlamentario)– habría 35 potenciales aliados a sumar a uno de los dos polos que podrían distinguir a la siguiente legislatura en San Lázaro.

Dejo a la imaginación de las y los lectores de Voz y Voto decidir con quién consideran que harían alianza en San Lázaro los posibles grupos parlamentarios que, de concretarse nuestro escenario, tendrían como líder visible, respectivamente, a: Margarita Zavala (LRD), Elba Esther Gordillo (RSP), Luis Castro (PANAL), Hugo Erick Flores (PES), Pedro Haces (FSM), Cesar Augusto Santiago (FA) y Manuel Espino Barrientos (SN).

En el cuadro siguiente se muestran los nombres de las siete organizaciones que siguen esperando registro como partido político nacional, indicando el nombre de su dirigente más conocido, o el antecedente cuando se trata de organizaciones que ya tuvieron registro legal como partido político.


­

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2 Ciudad de México.


Director fundador de Voz y Voto. Las opiniones vertidas en este artículo son de la exclusiva responsabilidad del autor.

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