PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021

Paridad y acciones afirmativas. Dos retos de la justicia electoral

Las elecciones son fundamentales para que los y las ciudadanas elijamos libremente a quienes habrán de representarnos en la toma de las decisiones públicas. Este año celebraremos en nuestro país las elecciones más grandes de nuestra historia: más de 21 mil cargos públicos estarán en disputa, desde gubernaturas hasta integrantes de los ayuntamientos.

En este contexto, comprometido por la pandemia, el primer desafío de las instituciones electorales será implementar las medidas necesarias para preservar tanto la protección a la salud de las personas, como su derecho al sufragio. Otro desafío fundamental para estas instituciones—tanto administrativas como jurisdiccionales— es revertir la exclusión política que históricamente han sufrido diversos grupos sociales, quienes sistemáticamente han sido marginados e invisibilizados.

Me parece esencial considerar que la democracia es una forma de vida, con valores como la tolerancia y la inclusión, donde es crucial fortalecer la forma en que nos relacionamos las y los integrantes de la sociedad y garantizar la igualdad sustantiva, en este caso a los grupos considerados como vulnerables y las minorías.

Por ello, estimo que lo más trascedente en el actual proceso electoral no es que gane una opción política u otra, sino el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales —que son también Derechos Humanos— de los grupos históricamente marginados, como son las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, entre otros. A largo plazo, la exclusión político-electoral es una de las amenazas a la democracia más importantes que debemos atender.

En este sentido, la justicia electoral —a la que pertenezco— está llamada, por una parte, a impulsar los derechos político-electorales de las mujeres a través del principio de paridad y, por otra parte, a impulsar acciones afirmativas en favor de grupos sociales históricamente marginados. Se trata de una enorme oportunidad para construir una democracia inclusiva, que es la democracia que debemos promover en México.

La implementación efectiva de la paridad

Una forma de avanzar hacia la igualdad sustantiva, entre mujeres y hombres, es mediante el principio de paridad, tanto en la representación política como en la conformación de órganos de toma de decisiones públicas. La paridad política o electoral es un mecanismo para fortalecer y garantizar los derechos de las mujeres y, con ello, redistribuir el ejercicio del poder de manera equilibrada. Desde 1992, la Declaración de Atenas —resultado de la primera Cumbre Europea "Mujeres en el Poder"— estipuló que, si las mujeres somos la mitad de la población, en consecuencia, nos corresponde la mitad de los cargos de toma de decisión pública.

Por eso, es de celebrar que, en 2019, las y los legisladores de nuestro país hayan aprobado la reforma constitucional conocida como “paridad en todo”. Sin duda, ahora, será un gran reto hacer efectivo el mandato constitucional para la participación paritaria en los tres poderes y niveles de gobierno. Particularmente, porque la legislación en materia electoral define a la paridad de género como: la “igualdad política entre mujeres y hombres, la cual es garantizada con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación” (art.3 (d) LGIPE).

En este sentido, una cuestión primordial será interpretar la paridad en órganos con integración impar o en situaciones con número impar de cargos o candidaturas. Esto pues jurídicamente tendrá que determinarse si la paridad debe interpretarse junto con la alternancia del género mayoritario o conforme a la duración que se tiene en el cargo.

Si bien las reformas han permitido que la paridad sea el nuevo criterio fundamental para interpretar las dinámicas político-electorales, aún falta trabajar a profundidad sobre sus alcances y horizontes para que su aplicación realmente cumpla con sus objetivos en favor de la redistribución igualitaria del poder político. Con ello me refiero a que no sólo debe garantizarse la paridad en el acceso a los cargos, sino que también habría de considerarse que las mujeres accedan en las mismas condiciones de duración que los hombres en los cargos de decisión.

Por ejemplo, recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutió el tema de paridad en las candidaturas a gubernaturas, siendo que este año se renovarán 15 ejecutivos locales. Por mayoría de votos, la Sala Superior ordenó vincular directa y obligatoriamente a los partidos políticos nacionales a cumplir el mandato de paridad, con la postulación de al menos 7 mujeres a las gubernaturas. De esta manera, en las campañas electorales veremos a muchas más mujeres plantear sus propuestas políticas para el desarrollo de sus entidades federativas y competir en condiciones más igualitarias por el voto de la ciudadanía.

 

Las acciones afirmativas

De manera paralela, en el TEPJF recientemente tuvimos la oportunidad de refrendar nuestro compromiso con los grupos históricamente marginados en el Recurso de Apelación 21 de 2021. En acatamiento a una sentencia previa emitida por la Sala Superior (SUP-RAP-121-2020 y acumulados), el Consejo General del INE emitió su Acuerdo 18 de 2021, en el que especificó cuáles serían los 21 distritos en los que debían postularse candidaturas indígenas y, además, estableció acciones afirmativas para las candidaturas a diputaciones federales.

Estas medidas son para las personas con discapacidad; las afromexicanas y las de la diversidad sexual y de género. Para las personas residentes en el extranjero, el INE determinó que no existían condiciones a fin de determinar una acción afirmativa, quedando esta medida como un compromiso pendiente para posteriores procesos electorales.

Tras a la emisión de este acuerdo, diversos partidos políticos nacionales promovieron recursos de apelación, con la pretensión de revocarlo. Por otra parte, diversas personas y organizaciones civiles promovieron juicios de la ciudadanía, con el objetivo de incluir acciones afirmativas para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

El proyecto presentado por la ponencia a mi cargo en la Sala Superior del TEPJF, y enriquecida con el trabajo de todas las ponencias, confirmó las acciones afirmativas determinadas por el Consejo General del INE, al declarar infundados e inoperantes los agravios formulados por los partidos políticos. En mi opinión, los partidos políticos deben consolidarse como baluartes de la democracia y de la defensa de los derechos políticos de todos los grupos socialmente marginados, quienes, además, enriquecerán con su visión sus propuestas, estrategias y plataformas.

Por otro lado, respecto de la petición ciudadana de incorporar medidas para personas residentes en el extranjero, la sentencia ordenó al INE diseñar e implementar esa acción afirmativa a fin de que, en el actual proceso electoral, participen en las listas de representación proporcional de cada una de las circunscripciones plurinominales, cumpliendo con el principio de paridad. Además, para colmar este vacío en futuros procesos electorales se vinculó al Congreso de la Unión para que emitiera la normativa respectiva.

En mi opinión, el Derecho y quienes lo aplican e interpretan, deben ser motores del avance hacia sociedades más incluyentes, de lo contrario, en palabras de la Corte Interamericana, se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos.

Así, estas causas democráticas deben salir triunfadoras el próximo 6 de junio, lograrlo es una responsabilidad de todas y todos. La democracia no se acaba con la celebración de elecciones, es un modo de vida en el que debemos perseverar. Por tanto, hay que ser conscientes de que nuestra democracia nunca finaliza, sino que se construye todos los días. Hay que seguirla impulsando diariamente en todos los ámbitos, bajo la premisa de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.

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