JUSTICIA

Espectros procesales y violencia política

Dos espectros procesales recorren los pasillos –virtuales y reales– de los tribunales electorales: la reversión de cargas probatorias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) y la lista de personas sancionadas por la comisión de tal conducta. Ambas figuras se suman a una forma de política de “tolerancia cero” ante el flagelo de la VPG y tienen por objeto prevenirla, sancionarla y, además, garantizar a las víctimas una reparación integral, con miras a su erradicación. No obstante su noble finalidad, ambas están envueltas en velos blancos y negros que impiden determinar –con facilidad y certeza– su naturaleza, causas y consecuencias. Rodeadas de misterio, avanzan en la coyuntura política previa a la elección más grande en la historia patria.

La relevancia de las medidas, así como la razón del interés y la preocupación que suscitan, está en sus efectos frente al proceso judicial y, posteriormente, frente a los registros de candidaturas en los que se deberán acreditar y satisfacer, entre otros requisitos, el tener un modo honesto de vida, aunado a “no estar condenada o condenado por el delito” de VPG, en términos del artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El requisito de tener un modo honesto de vivir está contemplado en el artículo 34 de la Constitución –junto con la nacionalidad mexicana y la edad mínima de dieciocho años– como condición de ciudadanía y se traduce en un requisito de elegibilidad, por lo que su pérdida implica una limitación del derecho a ser votado. Así lo estimó la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), años atrás, cuando confirmó la sentencia de una sala regional, donde se consideró que un presidente municipal –que pretendía su reelección– había incurrido en actos de VPG en contra de una regidora y, no obstante haber sido declarado responsable, no cesó de acosar a la víctima. Tal situación justificó que se considerara inelegible por haberse desvirtuado la presunción de tener un modo honesto de vida, atendiendo al desacato reiterado y a la gravedad de las conductas (SUP-REC-531/2018).

Así, el TEPJF le dio nuevas alas a un anacronismo constitucional que hunde sus raíces en Cádiz y Apatzingán; se traslada a las leyes constitucionales y bases orgánicas conservadoras del siglo XIX, para ser rehabilitado por Mariano Otero en su Voto al Acta de Reforma de 1847 y brincar a los textos constitucionales de 1857 y 1917, como un condicionante basado muchas veces en prejuicios propio de un idealismo modernista y moralizante que sirvió para privar de ciudadanía a quienes, a los ojos de las autoridades, no tuvieran “buena reputación”, entre ellos a indígenas, desempleados y excluidos. Ese requisito pasaría a ser sinónimo de “buen mexicano” con “una vida decente, decorosa, razonable y justa” (Jurisprudencia 18/2001) y, en cuanto tal, una presunción de la que goza toda persona que –como la buena fe– sólo puede ser desvirtuada a través de elementos objetivos (llama la atención que algunos gobiernos expiden certificados). Incluso se afirma que tal presunción, iuris tantum, no se desvirtúa por el mero hecho de ser sancionado, es preciso analizar la gravedad de la falta, si se ha cumplido la pena y el tiempo transcurrido desde la condena (jurisprudencias 17/2001 y 20/2002). Así, esta rémora de la historia constitucional adopta en estos tiempos nuevos bríos y quizá también nuevas connotaciones sobre lo que es una “forma de vida honesta”, asociada a no cometer determinadas conductas especialmente reprochables.

En este contexto, el TEPJF, hurgando en el arcón de las reliquias procesales, dio nueva cuerda a la institución de la reversión de cargas probatorias: otra figura marcada por los signos de la duda y la cautela.[1] Así, bajo la afirmación de que en los casos de VPG “la prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados”, la Sala Superior señaló que al momento de valorar las pruebas se debe aplicar la reversión de las cargas probatorias. Esto implica –para el TEPJF– que no se traslade a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, a fin de impedir que se dictan resoluciones carentes de consideraciones de género y se obstaculice el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de VPG, abonando a una visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a denunciar (SUP-REC-91/2020, SUP-REC-164/2020 y SUP-REC-185/2020).

En su fundamento están los casos de agresión y acoso sexual y laboral, y la violencia intrafamiliar, en los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales, dada la realización oculta de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas, han considerado que su declaración constituye una prueba fundamental.[2] Así lo ha hecho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, al resolver contra el Estado mexicano los casos Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, en los cuales consideró que, dado que las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y su agresor o agresores, y por su naturaleza no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Un criterio similar se aplica cuando se trata de violaciones a derechos humanos (vida e integridad personal principalmente) que ocurren bajo la custodia de agentes estatales, en los cuales la falta de toda justificación razonable por parte del Estado genera la presunción de que los hechos han sido su responsabilidad. Aunque la finalidad sea común, la proyección de estos criterios a la materia electoral no es del todo precisa, si se piensa que no todos los supuestos de VPG se realizan de forma oculta o implican una dificultad o imposibilidad probatoria por causa de los responsables; por ejemplo, la falta de pago de dietas o el uso de propaganda misógina.

En cualquier caso, tal “presunción de veracidad” no podría –ni debería– ser absoluta. Esto es, no basta con la declaración de la víctima para desvirtuar los elementos existentes en el expediente, con independencia de quién los aportó o si fueron requeridos por la propia autoridad judicial, pues, atendiendo al principio de adquisición procesal, el juez está obligado a valorar el conjunto del material probatorio para a partir de ahí y del adecuado ejercicio de sus poderes de instrucción resolver lo conducente. De esta forma, se reconoce ampliamente que, a partir del principio de presunción de inocencia, no resulta admisible que el inculpado tenga la “carga” de demostrar su propia inculpabilidad.

Ahora bien, nada de lo dicho niega la importancia de las presunciones que pueden generarse a partir de la conducta procesal de las partes en el marco del proceso. Lo único es que las cargas son eso (costos o consecuencias que han de asumirse) y no imperativos indiscutibles y determinantes del juicio. En modo alguno las reglas de la distribución de cargas desplazan los deberes probatorios del juez y, mucho menos, el deber de garantizar las reglas del debido proceso a todas las partes en una controversia. De ahí que se considere generalmente que una imputación sólo merezca credibilidad en proporción al apoyo que demuestren otras pruebas. Esto es, para dictar una condena no basta la aseveración de la persona afectada, se requiere de otros elementos de convicción que la corroboren. Esto nos lleva a otros debates, paralelos al de la reversión, como aquellos en torno a la noción de “cargas dinámicas” o a la distribución de las consecuencias de un actuar pasivo de las partes o del juez. Para efectos de este comentario basta citar a un connotado procesalista, Michele Taruffo –quien partió recientemente hacia otras realidades– y que afirmó, con sentido de autocrítica, que la institución de la carga de la prueba no parece ser un medio particularmente eficaz frente a la necesidad de fortalecer y asumir los poderes de instrucción del juez para garantizar en mayor medida una decisión justa basada en la correcta valoración de todas las pruebas disponibles. Esto implica trascender la dimensión subjetiva de la carga probatoria, dado que en el marco del derecho procesal contemporáneo “no constituye el criterio fundamental para la obtención de una decisión basada en la prueba –o en la falta de ella– de los hechos que tienen una relevancia jurídica sustancial”.[3]

Recientemente, la propia Sala Superior precisó algunos de los alcances de su formulación inicial al señalar que, si bien, durante la fase de instrucción del procedimiento sancionador, “el dicho de la víctima cobra especial preponderancia” pues ello permite agotar todas las líneas de investigación que lleven a esclarecer los hechos denunciados, concluida la investigación y a la luz de las pruebas del expediente, “la valoración del testimonio de la víctima deberá llevarse a cabo en adminiculación con el resto de las probanzas” (SUP-JDC-299/2021). Tales matices, presentes desde la primera sentencia y sus votos disidentes, dejan todavía dudas sobre el alcance de la reversión de cargas probatorios y, principalmente, sobre los deberes de instrucción de las instancias resolutoras, dudas que deberán irse aclarando.

Pasemos al segundo espectro procesal. El TEPJF consideró válido ordenar la integración de una lista de personas sancionadas por VPG, pues con ello se cumple un “mandato constitucional” al establecer un “instrumento que permita verificar si una persona cumple el requisito de modo honesto de vivir y en consecuencia pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular”. De esta forma, las autoridades “podrán conocer de manera puntal quiénes han infringido los derechos políticos de las mujeres” cumpliendo con los deberes de protección y erradicación de la VPG que tienen todas las autoridades (SUP-REC-91/2020). Con ello resurge la exigencia constitucional de la honestidad en el vivir, sin plena claridad en sus alcances y de la mano del temor al estigma inhabilitante.

En su propia sentencia, el TEPJF precisa –una y otra vez– que “el registro es únicamente para efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos; lo que significa que el hecho de que una persona esté en el registro “no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias firmes emitidas por la autoridad electoral competente.” No obstante, ello es insuficiente para aclarar el efecto de la lista frente a los registros de candidaturas y el proceder de las autoridades sancionatorias. ¿Si la mera inclusión en la lista es insuficiente para considerar que se ha perdido el modo honesto de vivir por qué cumple con el mandato constitucional de ser un instrumento para verificar si se cumple con dicho requisito? ¿Es suficiente con ser infractor o se requiere haber sido sancionado? Recuérdese que hay diversos tipos de VPG cometidos por funcionarios públicos que no pueden ser sancionados directamente por las autoridades electorales, sino que deben ser sancionados por sus superiores jerárquicos ¿Habrá que esperar esa sanción o bastará la resolución inculpatoria?

Al momento, 19 personas están inscritas en la lista nacional. 4 mujeres. Sólo en un caso el órgano resolutor analizó el modo honesto de vivir.[4] Otros más están a la espera de que se resuelva la impugnación respectiva. ¿Ello supone que los otros 18 registros no tendrán ningún efecto? ¿Por qué incluirlos entonces? ¿Todos los responsables tendrán su lugar en la lista? ¿El registro está subordinado a lo que ordene la autoridad? ¿Puede un responsable no ser inscrito en la lista? En principio, los casos anteriores a la configuración de la lista (29/07/2020) no deben ser inscritos (SUP-REC-165/2020), aunque no se advierte que ello imposibilite que casos previos se consideren para efectos de inelegibilidad. Además, es posible que, si se cumplen los deberes de reparación y satisfacción ordenados en la sentencia, no se inscriba a la persona responsable en la lista. En el SUP-RAP-20/2021 el TEPJF confirmó las medidas de reparación ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al infractor, y lo apercibió que de no cumplirlas podría ser incluido en el registro. Ello implica que, de cumplir con las medidas, el registro no sería procedente. Así sucedió.

El INE emitió unos lineamientos para la integración y funcionamiento del registro (INE/CG269/2020). En ellos se establecen plazos de permanencia en caso de no haberlo hecho la autoridad sancionadora, atendiendo a la gravedad de la falta: tres años si es leve, hasta cuatro si es ordinaria, y hasta cinco si es especial. Si la persona infractora es funcionario, aspirante, candidata o se “dedica a los medios de comunicación” aumentará en un tercio su permanencia; si la VPG se cometió contra mujeres pertenecientes a grupos en situación de discriminación, se incrementará en una mitad. En caso de reincidencia, serán seis años. ¿Durante ese tiempo se entenderá como “perdido” el modo honesto de vida?

En suma, hay dudas que aclarar. Entre luces y sombras hay un amplio espectro de grises que deberán irse definiendo. En el inter, la VPG representa una verdadera amenaza a la convivencia democrática y plantea un escenario complejo que obliga a caminar entre la incertidumbre de espectros procesales, hasta en tanto no se generen las políticas que transformen –no por medio de una amenazante lista, sino por una convicción de respeto– las formas de la competencia electoral y el ejercicio de la política. En tanto, los espectros serán al tiempo ángeles guardianes, espejismos funcionales o fantasmas aterradores, dependiendo a quién se le atribuya la carga de asumir el peso y el costo de hacer justicia.



[1] En general Nieva Ferrel, Jordi, et al., Contra la carga de la prueba, Marcial Pons, 2019.

[2] Entre otras las siguientes tesis: 1a. CLXXXIV/2017 (10a.); II.4o.P.14 P (10a.), III.2o.P.157 P (10a.), III.2o.T.210 L (9a.), VI.1o.P.90 P y XXII.1 P.

[3] Taruffo, M., “Casi una introducción”, Contra la carga de la prueba, cit., p. 21.

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