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Candidatas y redes sociales: un llamado de alerta hacia el 6 de junio

Abril 07, 2021 | Por: Georgina de la Fuente

Conforme se ha generalizado la utilización de redes sociales en el ámbito de las campañas electorales y de la comunicación política, y las mujeres ocupan cada vez más espacios públicos, se ha evidenciado que éstas concentran una cantidad desproporcionada del acoso y los ataques de desinformación en dichas plataformas. Si bien tanto hombres como mujeres son sujetos de ataques en línea, a diferencia de los hombres, los ataques que enfrentan las mujeres políticas en el ámbito de las redes sociales se encuadran en elementos de misoginia y sexismo, que resaltan roles de género tradicionales sobre “lo femenino”, su apariencia física y su vida sexual. Por ello, las mujeres sufren un impacto diferenciado, pues no solamente estos ataques de desinformación afectan la percepción del electorado sobre ellas, mermando su efectividad y su posicionamiento en encuestas, sino que, además, se afecta su seguridad física y su salud emocional y psicológica. Ello repercute directamente en la integridad de nuestras elecciones y en la calidad de nuestra democracia debido a que restringe el ejercicio pleno de los derechos políticos de nada menos que la mitad de quienes participan en los procesos electorales y buena parte de quienes ejercen un cargo público.  

En el proceso electoral de 2018, por ejemplo, la colectiva Luchadoras registró un total de 85 agresiones asociadas a las tecnologías en contra de 62 candidatas en 24 entidades durante los meses de mayo y junio. Esta cifra incluye sólo aquellas agresiones denunciadas públicamente, ya sea en medios de comunicación o ante alguna de las instancias competentes para atender y sancionar violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG).[1] De acuerdo al estudio, realizado con apoyo del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés), el tipo de agresión más frecuente contra las candidatas son las expresiones discriminatorias basadas en ideas tradicionales de género, como comentarios abusivos o insultos machistas. Este tipo de agresiones predominan en Twitter, YouTube e Instagram; mientras que en Facebook predominan las amenazas, el desprestigio y la suplantación de identidad. Por otro lado, durante los procesos electorales locales de 2019 en seis entidades, en los que se disputaron 148 cargos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó seis formas de violencia en contra de candidatas en redes sociales: calumnia, desprestigio, invisibilización, denigración, ofensas y misoginia.[2] Sin embargo, la agresión más común en estas plataformas entre el 30 de marzo y el 30 de junio de ese año fue el desprestigio, con mensajes relacionados a la ausencia de méritos para ser candidatas, para desempeñarse en un cargo público o para presentar propuestas razonables. Asimismo, se encontró que, por cada 10 mensajes alusivos a las candidatas con estereotipos de género en redes sociales, 4.5 de ellos las presentaron como objetos sexuales, con menciones explícitas sobre su cuerpo, su relación de “amantes” o “novias” de alguien más o haciendo referencia a un presunto intercambio de favores sexuales para la obtención de un cargo público.

Pero este fenómeno no es privativo de nuestro país. La tendencia mundial es tan clara y alarmante que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, ha recomendado a los Estados miembro el emprendimiento de acciones, medidas preventivas y remedios específicos en el marco de su 65° periodo de sesiones el pasado mes de marzo, en reconocimiento de los efectos perjudiciales de la violencia contra mujeres y líderes que participan en la vida pública en contextos digitales, particularmente en las redes sociales. Datos ofrecidos por la investigadora Lucina Di Meco en esta cumbre internacional sugieren que el 96% de todos los deepfakes que circulan en Internet muestran a mujeres líderes en actos pornográficos no consensuados. Asimismo, destaca de su investigación en 30 países que las tácticas más comunes utilizadas para silenciar a las mujeres en el ámbito de la política son la difamación y la desinformación, colocándolas como poco confiables, poco inteligentes, emocionales y poco aptas para ocupar cargos de poder.[3]

Pero el acoso y la violencia no se detienen, ni siquiera ocupando los espacios más altos del poder. En Finlandia, donde la Primera Ministra Sanna Marin y su coalición de cinco partidos políticos liderados por mujeres cautivaron al mundo en 2019 con aires esperanzadores de igualdad, se ha encontrado que ministras de gobierno han sido blanco de un número desproporcionado de ataques y mensajes abusivos en Twitter, con lenguaje sexista y sexualmente explícito. Un análisis realizado entre los meses de marzo y julio de 2020 sobre los mensajes en torno a las 19 personas miembros del gabinete- de las cuales 12 son mujeres- identificó casi 25,000 tweets con contenido abusivo. Las cinco personas que concentraron el mayor número de ataques fueron, desde luego, mujeres, siendo la Primera Ministra el blanco de 34% de éstos, con referencias misóginas respecto a sus valores y sus habilidades de liderazgo y de toma de decisiones.[4]

Con el inicio de las campañas en el proceso electoral más grande de la historia y con un número sin precedente de mujeres compitiendo por los más de 21,000 cargos locales y federales en disputa, resulta indispensable emprender acciones específicas que prevengan y frenen la violencia política contra las mujeres en razón de género en Internet y, en particular, en las redes sociales, ante el previsible escenario de ataques y abusos en estas plataformas, tanto concertados como individuales. A continuación, propongo cinco:

1. Es necesario que el INE continúe el monitoreo de redes sociales durante la etapa de campaña y presente hallazgos de manera periódica ante la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. La reforma de 2020 en materia de VPG estableció la facultad de la Secretaría Ejecutiva de iniciar procedimientos especiales sancionadores de manera oficiosa ante estos casos, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). En ese sentido, independientemente de las quejas presentadas por las víctimas, la mencionada Comisión puede dar vista de hallazgos pertinentes de este monitoreo a la UTCE para que se pueda, en su caso, ordenar con oportunidad el retiro del contenido violento de las redes sociales y la reparación del daño a la víctima.

2.  Se deben intensificar las campañas de comunicación por parte de todas las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, en las que se informa a las candidatas el procedimiento a seguir para denunciar casos de VPG ante las autoridades correspondientes. Asimismo, siendo que las víctimas más frecuentes tienden a competir en el ámbito local,[5] resulta necesario que los organismos públicos locales (OPL) repliquen estas comunicaciones y den seguimiento a las campañas de las candidatas desde sus propios mecanismos de igualdad de género y no discriminación.

3.  Se debe incentivar la reactivación de los esfuerzos de verificación de información emprendidos por periodistas y organizaciones de la sociedad civil como “VerificadoMX”. Asimismo y, con el apoyo de grupos feministas y de observación electoral, se deben compartir metodologías de monitoreo con perspectiva de género, que permitan la identificación de mensajes sexistas y, en los casos más extremos, de deepfakes, y alerten a personas usuarias sobre la circulación de material falso.

4.  Como sociedad y como personas electoras, debemos rechazar de manera masiva este tipo de contenidos y no contribuir a la viralización de mensajes sexistas y misóginos que colocan a las mujeres en una posición de desventaja en la competencia, tan sólo por ser mujeres.

5.  Debemos exigir mejores prácticas y estándares de control a las empresas de redes sociales y presionar para que incluyan la perspectiva de género en sus políticas de recepción de quejas y moderación de contenido.

La urgencia no es menor. Las campañas electorales ya se encuentran en marcha y, si bien las mujeres se encuentran participando en números récord en el proceso electoral, sabemos que no participan en condiciones de igualdad que los hombres. A pesar de los esfuerzos emprendidos por las empresas de redes sociales para mejorar sus mecanismos de detección y remoción de contenido con discursos de odio, estos siguen siendo insuficientes y las mujeres permanecen blancos de personas empoderadas por el potencial anonimato que brindan sus plataformas. Mientras no se detenga la proliferación de VPG, particularmente en las redes sociales, las mujeres seguirán enfrentando obstáculos para participar de manera efectiva en política o, en su defecto, se verán desmotivadas a participar ante el temor de ser atacadas, con lo cual, no sólo pierde la ciudadanía, sino que también pierde nuestra democracia. Es tarea de todos los actores asegurar que las candidatas puedan desarrollar sus campañas en línea sin temor a ser acosadas y que puedan jugar en una cancha pareja con sus contrapartes masculinas.      

 



[1] Barrera, L., Zamora, A., Pérez Domínguez, E., Aguirre, I., Esculloa, J. (septiembre, 2018). Violencia política a través de las tecnologías en México. Luchadoras. Disponible en https://iknowpolitics.org/sites/default/files/violencia_politica_a_traves_de_las_tecnologias_contra_las_mujeres_en_mexico_pags_web.pdf   

[2] Instituto Nacional Electoral (2019). Subordinadas y bellas: La violencia política contra las mujeres en prensa y redes sociales durante el Proceso Electoral Local 2018-2019. Disponible en https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-2daSO-16-12-2019-p4.pdf

[3] Di Meco, L. (2021, marzo 24). We have your back: Breaking the cycle from online harassment to threats to violence against women and girl leaders [presentación en evento paralelo]. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, 65° periodo de sesiones. Disponible en http://webtv.un.org/search/%E2%80%9Cwe-have-your-back%E2%80%9D-breaking-the-cycle-from-online-harassment-to-threats-to-violence-against-women-and-girl-leaders-csw65-side-event/6243522785001/?term=%22CSW65%22&sort=date 

[4] Van Sant, K., Fredheim, R., Bergmanis-Korāts, G. (febrero, 2021).  Abuse of Power: Coordinated online harassment of Finnish government ministers. NATO Strategic Communications Centre of Excelence. Riga, Letonia. Disponible en https://www.stratcomcoe.org/abuse-power-coordinated-online-harassment-finnish-government-ministers  

[5] El análisis realizado por Luchadoras en 2018 encontró que el 64% de las candidatas que denunciaron violencia relacionada con las tecnologías competían por un cargo a nivel local.

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