GÉNERO Y POLÍTICA

Paridad simulada

Abril 16, 2021 | Por: Ernesto Ramos Mega

Desde 1953, las mujeres tienen acceso al sufragio en nuestro país. Sin embargo, esto no implicó su actividad en puestos electivos hasta mucho después. En la última década, el Estado Mexicano ha tomado medidas para eliminar las distintas formas de discriminación en contra de las mujeres, en específico al garantizar condiciones para su actuar en la vida política y pública, considerando su calidad de ciudadanas para gozar y ejercer libremente el derecho a la toma de decisiones.[1] Actualmente, la Constitución fortalece su presencia efectiva, exige a los partidos cumplir la paridad de género en las candidaturas y la reconoce como un principio de la función electoral.[2]

Tales reglas no consisten únicamente en el registro a los cargos de elección popular del mismo número de hombres y mujeres. De conformidad con el artículo primero constitucional y la lógica de progresividad de derechos, las autoridades electorales   promueven la igualdad sustantiva como un derecho fundamental de las mujeres a representar a la ciudadanía.

La paridad consiste en garantizar un igual número de mujeres postuladas por los partidos políticos, en las candidaturas donde existe una posibilidad real de acceder al poder. Esto, evita los escenarios de simulación donde los registros son de la misma cantidad de hombres y mujeres, pero las mujeres compiten en los distritos o circunscripciones en los cuales sus partidos tradicionalmente obtienen menos triunfos. Para evitar tal conducta, se creó el concepto de bloques de competitividad.

Las autoridades electorales deben ordenar la cantidad de votos (del proceso anterior) de mayor a menor porcentaje y agruparla, en tres rubros para cada partido. El bloque de los distritos o demarcaciones con mayor votación (donde existen más probabilidades de triunfar) se denomina de alta competitividad, le siguen el de intermedia y el de baja.

El pasado 3 de abril, para registrar las candidaturas a las 16 Alcaldías en CDMX, el IECM ordenó la votación obtenida por cada partido en 2018. Las seis demarcaciones de más votos integraron el bloque de competitividad alto del partido, las cinco siguientes el intermedio y las cinco restantes el bajo. En el bloque de competitividad alto, se debían nominar a tres hombres y tres mujeres para garantizar el principio de paridad sustantiva. Si la autoridad detecta algún sesgo en la postulación de candidaturas, debe corregirse[3]. Además, de acuerdo a criterios jurisdiccionales, al interpretar las normas electorales y acciones afirmativas, las autoridades deben procurar siempre el mayor beneficio para las mujeres (TEPJF, Jurisprudencia 11/2018).

De los 11 institutos políticos con registro en la CDMX, dos no cumplieron con el principio de igualdad sustantiva al designar sus candidaturas a Alcaldías. Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional registraron cuatro hombres y dos mujeres en sus bloques de competitividad altos. Claramente incumplen con la disposición, esta situación justificaba a la autoridad para aprobar un registro condicionado y solicitar a ambas instituciones políticas corregir sus postulaciones y registraran a tres mujeres y tres hombres en las seis demarcaciones donde recibieron el mayor porcentaje de votación en la elección inmediata anterior.

Lamentablemente, la mayoría del Consejo General del IECM interpretó que la regla de paridad sustantiva no aplicaba al PAN y al PRI, pues celebraron varios convenios de candidatura común entre ellos y con el PRD. Para la valoración, verificaron “el origen partidista” de cada candidatura. Bajo esa lógica, que no se desprende de ninguna norma explícita, sino de una interpretación contraria a principios constitucionales, la mayoría de integrantes del Consejo General, determinó el cumplimiento del PAN con una postulación paritaria al registrar dos hombres y dos mujeres, quienes de origen, “solo pertenecen” a dicho partido. De su análisis, excluyeron a los dos hombres adicionales registrados por el PAN como sus candidaturas, porque consideraron el “origen” de esas postulaciones en el PRI y el PRD.  Por su parte, el PRI obtuvo un registro condicionado de “sus” candidaturas al proponer a tres hombres y una mujer.

El acuerdo aprobado por la mayoría realizó un análisis sesgado del cumplimiento de la paridad. Consideró que un partido, al participar en candidatura común y registrar como suya una candidatura militante de otro partido, no es responsable de esa candidatura para efectos de paridad.  Sin embargo, en la figura de candidatura común, cada partido manifiesta su conformidad de postular a todas y cada una de las personas quienes aparecerán en su propaganda y en la boleta bajo su emblema. Los Lineamientos de postulación aplicables establecen que, cuando se trata de candidaturas comunes, la autoridad debe analizar el cumplimiento de paridad considerando la totalidad de solicitudes de registro realizadas por el partido político en lo individual, con la sumatoria de las postuladas en los convenios de candidatura común en los cuales se encuentre participando.[4]

No existe interpretación para sustentar el cumplimiento de la paridad, si claramente las postulaciones del partido benefician a cuatro hombres en las demarcaciones con mayor votación del bloque alto, y registra a dos mujeres en las candidaturas con menor votación de ese bloque. Legalizar esa situación implica reconocer menos derechos políticos a las mujeres con respecto a los hombres e institucionaliza estrategias para  relegarlas de la vida política, con el consentimiento de la autoridad electoral. Para mí eso es inaceptable.

La interpretación asumida por el IECM lastima los derechos políticos de las mujeres para el caso concreto y genera incentivos perversos a los partidos políticos en procesos electorales posteriores. Podremos ver la proliferación de candidaturas comunes que tendrán el fin de violar el principio de paridad de género para favorecer la postulación de candidatos hombres en las demarcaciones con más probabilidades de obtener el triunfo. Peor aún, los partidos manipularán artificialmente el llamado “origen partidista” de cada candidatura, con el fin de torcer la ley y postular más hombres que mujeres en las candidaturas con mayor posibilidad de éxito.

Finalmente, se deja a la voluntad partidista la determinación de si una mujer ocupará un espacio en el bloque de alta competitividad, pues bastará con señalar su candidatura bajo el emblema conveniente para tales efectos. No existe disposición alguna que permita esto, pero la mayoría del IECM abrió la puerta a estas distorsiones en perjuicio de las mujeres.

Actualmente, la participación por género en las alcaldías de la CDMX es desproporcional: las mujeres representan más del 52% de habitantes en la Ciudad y solo hay cuatro alcaldesas de un total de 16 demarcaciones. Me parece que aún no existe voluntad para cambiar esa distribución injusta del poder político.

El principio de paridad sustantiva retoma la demanda histórica en el sentido de reconocer el ejercicio del derecho de las mujeres a la representación en puestos de toma de decisiones, como integrantes de una sociedad democrática, plural e igualitaria. Las autoridades electorales tenemos la obligación de hacer prevalecer ese principio y actuar imparcialmente para fortalecer nuestro régimen democrático.



[1] Artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Capítulo IV, Título G, de la Plataforma de Acción de Beijing. En México, el protocolo Facultativo de CEDAW fue aprobado por el Senado aprobó el 14 de diciembre de 2001 y entró en vigor el 15 de junio de 2002.

[2] Artículo 41, CPEUM.

[3] Artículo 256, párrafo último, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

[4] Artículo 27 de los Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Ordinario 2021.

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