JUSTICIA

Tiempo electoral y contienda política

“El tiempo político es siempre un asunto complicado. Es siempre muchos tiempos distintos y superpuestos”.

Marcos Novaro

(Manual del votante perplejo, Katz Editores, 2015)

Tiempo y Derecho se abrazan en una relación compleja. El tiempo como fenómeno jurídico y la temporalidad del derecho son esenciales para entender su densidad y sus dinámicas, tanto en aspectos procedimentales (plazos, prescripción, caducidad, competencia ratione temporis, etc.), como en cuestiones interpretativas (originarias o evolutivas) y sustantivas (derechos de generaciones futuras, retroactividad o irretroactividad, prescripción adquisitiva; inveterata consuetudo, reglas lex-posterior y prior tempore, imprescriptibilidad de ciertos crímenes, derecho a la memoria o derecho al olvido). Aquí hablaré del tiempo electoral como fenómeno jurídico, particularmente a partir de algunas de las limitaciones asociadas a la temporalidad de las campañas electorales, como una de las etapas más significativas del ciclo electoral, previa a la denominada “veda electoral” y a la jornada comicial.

En general, la función electoral y el ejercicio de los derechos político-electorales adquieren dinamismo en función de su temporalidad, dentro y fuera del proceso electoral. El tiempo de los tribunales es también una cuestión importante y en ocasiones apremiante, dado que, en principio, la impugnación de actos electorales no genera su suspensión; además, durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles y la densidad jurídica aumenta.

En el ciclo electoral concurren muchos tiempos; se valora el pasado (por ejemplo, ante la reelección), el futuro (en la medida en que el voto determina las fuerzas políticas que habrán de gobernar y legislar) y el presente que permite el intercambio de ideas sobre las opciones políticas y la mayor participación simultanea de personas con un propósito común: expresar su voto libre e informado a favor o en contra de alguna candidatura o proyecto político.

De ahí la relevancia de destacar algunos criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que están encaminados a procurar la integridad de las elecciones considerando aspectos temporales. Por ejemplo, aquellos que limitan la propaganda gubernamental y personalizada, en atención a lo previsto en el artículo 134 constitucional, respecto de la aplicación imparcial de los recursos públicos y a fin de evitar que se influya en la equidad de la contienda. Así, además del elemento personal, que identifica al servidor público, y del elemento objetivo, que implica analizar el mensaje, el elemento temporal valora el momento de la difusión y, en particular, si se hizo fuera o dentro del proceso electoral. Si la promoción personalizada “se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas” (Jurisprudencia 12/2015).

Otro criterio significativo, que se orienta a garantizar la integridad y a prevenir malas prácticas, establece que si bien no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas, debido a su finalidad y “atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios” (Jurisprudencia 19/2019).

En general –y no por obvio, superfluo– los principios de neutralidad e imparcialidad buscan evitar que las autoridades se identifiquen, a través de su función, con candidaturas o partidos en tiempos de elecciones, o que los apoyen mediante el uso ilegal de recursos públicos, propaganda o programas sociales. De igual forma, se busca “inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes”. Con ello se busca principalmente que los titulares de los poderes ejecutivos, por sí o por medio de otras autoridades o agentes, intervengan en las elecciones, considerando que el principio de neutralidad exige a todos los servidores públicos que “el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad aplicable” (Tesis V/2016).

Recientemente, la Sala Superior del TEPJF se pronunció sobre el tema, en un asunto que implica a los “servidores de la nación” y la probable responsabilidad del Presidente y la secretaria de Bienestar, entre otros funcionarios, en relación con la posible violación al artículo 134 constitucional. Si bien la Sala Superior decidió devolver el asunto para que la Sala Especializada analizara de nuevo dicha responsabilidad, que no había analizado adecuadamente, se precisaron algunas directivas que conviene tener presentes en tiempos electorales.[1]

Así, la Sala Superior recuerda sus criterios en el sentido de que la obligación constitucional de los funcionarios de observar los principios de imparcialidad y neutralidad encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones de equidad, lo que quiere decir que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales, a favor o en contra de algún actor político.[2] En particular, se considera que tratándose de los titulares del Poder Ejecutivo, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno, “su presencia es protagónica en el marco histórico social mexicano”, al contar con poder de mando para la disposición de los recursos de la administración pública, por tanto, “deben tener especial cuidado en las conductas que, en el ejercicio de sus funciones, realicen mientras transcurre el proceso electoral, pues las mismas pueden influir relevantemente en el electorado.” Asimismo, se afirma que, por la naturaleza de sus atribuciones, “cabe presumir que, por la expresión de ciertas opiniones o la realización de algunas conductas, pudiera generarse una presión o influencia indebida en los electores.”

De esta forma, se imponen ciertos deberes especiales de cuidado que no buscan impedir el cumplimiento de sus funciones ni paralizar las actividades de Gobierno, sino sólo que en su ejercicio no se afecten los valores y principios que rigen las elecciones democráticas. Para ello, la Constitución y la legislación electoral prohíben la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas hasta la jornada electoral, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia. Si bien la autoridad electoral valora los programas que podrán difundirse durante las campañas, está es una regla sustancial que no está sujeta a ponderación. Esto es, el contenido de la propaganda gubernamental no puede tener en ningún momento fines electorales y durante las campañas, incluso no teniéndolo, debe restringirse salvo las excepciones aludidas. En particular, debe evitarse la propaganda personalizada de dichos funcionarios (nombre, imagen, voz, etc.), so pretexto de la entrega de tales programas, pues ello podría afectar la equidad en la contienda, al condicionar o aparentar condicionar la continuidad de un programa o beneficio al triunfo de alguna fuerza política. De ahí la exigencia de la reiterada frase “este programa es público, ajeno a cualquier partido político…” al término de todo anuncio de promoción de programas de gobierno.

La historia del uso clientelar de los programas sociales durante las campañas es larga, particularmente de aquellos que se orientan a “combatir la pobreza”. De ahí la importancia de recordarla; no importa cuál sea el discurso de quienes están en el poder en turno. Esta forma de “alienación partidista” de los programas sociales fue una práctica que las reformas electorales de 2007 buscaron erradicar, en buena medida por exigencia de la oposición.

Otros criterios que buscan garantizar la equidad enfatizan, por ejemplo, el deber de destinar los tiempos de los partidos en radio y TV a las elecciones para los que fueron asignados y no sumarlos cuando hay elecciones concurrentes (Jurisprudencia 33/2016); la prohibición de propaganda comercial con fines electorales (Jurisprudencia 37/2010) o la obligación de los partidos de reintegrar los recursos públicos otorgados para gasto de campaña que no hayan sido erogados, reportados o comprobados (Tesis XXIX/2016).

Finalmente, durante la veda (tres días antes de la jornada y hasta su conclusión) se prohíbe toda propaganda, así como reuniones o actos de campaña, tanto a los partidos –lo que incluye a sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes–como a la ciudadanía que mantiene una preferencia por un partido, sin tener un vínculo directo (formal o material) cuando ha manifestado una expresión voluntaria y reiterada de tal afinidad “y un deseo de colaboración con los fines e intereses del partido político manifestado en conductas concretas, reiteradas o planificadas” (Jurisprudencia 42/2016). La prohibición incluye los mensajes en redes sociales y, si bien, su análisis debe orientarse a favor de la libertad de expresión (Jurisprudencia 19/2016), existen deberes de cuidado –particularmente para aquellas figuras públicas o famosas vinculadas a los partidos y candidaturas– respecto de las cuales si bien existe una presunción de espontaneidad, ésta puede desvirtuarse a partir del análisis contextual de su contenido y temporalidad (Tesis LXVIII/2016); en especial, durante la veda electoral que exige mayor diligencia y un escrutinio más estricto (Tesis LXX/2016).

Estas y otras reglas de igual relevancia no son nuevas. Esperemos que no se impongan las viejas malas prácticas y que todos los sujetos obligados –cualquiera que sea el gobierno y el partido– las respeten y exijan su cumplimiento, más allá de la retórica electoral sobre triunfos o fraudes, buenos o malos, antes o ahora. El tiempo dirá… y sobre su estela se escribirá el recuento de los éxitos y fracasos de la elección más grande de la historia.



[1] SUP-REP-1/2020 y acumulados.

[2] SUP-REP-163/2018.

 

 

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