GÉNERO Y POLÍTICA

¿Hasta cuándo la violencia continuará siendo el costo de la participación de las mujeres? Reflexiones y propuestas para avanzar hacia su erradicación

Recuerdo ese momento a la perfección. Recuerdo lo que escuché, pero sobre todo cómo se sintió mi cuerpo al escuchar las palabras de la mujer que estaba frente a mí en la mesa. Una sensación de alegría que luego se transformó en asombro y dolor al mismo tiempo. Ella participaba en una capacitación para mujeres de partidos políticos que querían ser presidentas municipales de su estado. Teníamos varias semanas compartiendo herramientas y metodologías que sabíamos que podían ser muy útiles para sus precampañas y campañas. En mi mente, pensaba que estábamos teniendo gran éxito con este programa innovador, hasta que esta mujer comentó: “Todo esto que nos han dado en estos meses es increíblemente útil y valioso. Estoy agradecida con ustedes por este trabajo, pero...¿qué hago cuando llaman a mi casa en la noche para decirme que si no dejo la campaña me van a matar a mí y a mis hijos?”

No supe qué contestar. No podía dimensionar el impacto emocional y psicológico de escuchar tal amenaza. Lo que sí tuve claro a partir de ese momento es que las amenazas, los ataques o el que quieran impedirte participar de los asuntos públicos no es parte de la política. No es y nunca debe ser el costo de que las mujeres ejerzan en plenitud sus derechos civiles y políticos.

Esa convicción encontró eco y tracción en la organización en la que trabajamos, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en inglés). Siendo una organización que trabaja para proteger y fortalecer las instituciones, procesos, normas y valores democráticos que garanticen una mejor calidad de vida para todas y todos; era claro, que como institución, algo podíamos hacer para ayudar a visibilizar y atender la violencia ejercida contra las mujeres en la política.

Con base en ese compromiso institucional, el 17 de marzo de 2016, en la ciudad de Nueva York, el NDI lanzó la campaña global #NoEsElCosto (#NotTheCost), esfuerzo que busca visibilizar el fenómeno de violencia que sufren las mujeres políticamente activas, consecuencias que han sido erróneamente consideradas como “el costo” de hacer política para las mujeres. La campaña #NoEsElCosto tuvo su lanzamiento nacional en México el 15 de noviembre de 2017, y en el mismo presentamos tres mensajes claves:

  • La violencia no es el costo de ser políticamente activas. No puede asumirse como el costo de hacer política porque es una forma de violencia que restringe los derechos humanos de las mujeres y por lo tanto socava la democracia.
  • Esta violencia no sólo la experimentan candidatas, pues ocurre a muchas mujeres en diferentes ámbitos, incluyendo gobierno, congresos, partidos políticos, sociedad civil, e incluso, votantes.
  • Todas y todos podemos hacer algo para previnir, atender, sancionar y erradicar esta forma de violencia contra las mujeres. La responsabilidad no recae exclusivamente en las autoridades electorales sino también en instituciones, organizaciones y personas de todos los sectores y niveles.

Reconociendo que la responsabilidad es compartida, lanzamos como instrumento básico de la campaña #NoEsElCosto un documento denominado “Llamado a la Acción”, el cual ofrecía posibles estrategias para atender y evitar la violencia contra las mujeres en la política. Al enfocarse en una amplia gama de posibles agentes de cambio, desde el nivel mundial hasta el nivel de las bases, el llamado se centró en las acciones que podrían llevarse a cabo para educar, registrar casos y prestar servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia política. Muchas de estas estrategias eran teóricas en aquel momento, ya que la cuestión de la violencia contra las mujeres en la política aún no había entrado al debate público en muchas partes del mundo. Ahora en 2021, a 5 años de la presentación de la campaña, decidimos relanzar el “Llamado a la Acción” con cambios importantes. Este renovado llamado a la acción pone de relieve las buenas prácticas emergentes e indica el lugar y la manera en la que podrían emprenderse acciones adicionales, así como las personas responsables de hacerlo.

Desafortunadamente, el mensaje de #NoEsElCosto ha cobrado más y más relevancia conforme las campañas, y el proceso electoral mismo, fueron llegando a su clímax - el día de la jornada -. De acuerdo a datos recopilados por la consultora Etellekt,[1] de los 35 aspirantes, y candidatos y candidatas que fueron asesinados, 7 eran mujeres. No obstante, no hay que perder de vista el panorama completo, pues con el inicio del proceso electoral en septiembre de 2020, en realidad, la cifra de mujeres víctimas de violencia política fue de 260 (35% del total de los asesinatos). Ésto implica que no solo candidatas y precandidatas son el blanco de ataques por su activismo político, sino también otras mujeres que, por el ejercicio de sus derechos políticos desde distintos espacios vinculados al proceso electoral y al ejercicio de cargos de representación, han sido privadas de su posibilidad de continuar su carrera política. Por ejemplo, el caso de las mujeres periodistas, para quienes en época electoral incrementa también su riesgo de ser víctimas de agresiones. Tan sólo entre los meses de duración del proceso electoral 2020-21, CIMAC registró 30 agresiones contra mujeres periodistas cubriendo notas electorales.[2]

Esta ruptura, es precisamente una de las repercusiones más graves de la violencia contra las mujeres en la política, pues no sólo obliga - en muchos casos - a que las mujeres se autolimiten en el uso de su voz y en su activismo político, sino que también las hace renunciar a sus aspiraciones; y más aún, nos da un mensaje poderoso a todas las demás, para que no optemos por la política como forma de vida, pues el peligro que su ejercicio representa supera la satisfacción de su potencial generador de cambios.

También es importante no perder de vista que las cifras referidas previamente incorporan únicamente a aquellas mujeres que han sido asesinadas en el marco de su labor político-electoral en los últimos meses. No obstante, quedan fuera de las estadísticas muchas otras que han sido víctimas de agresiones de índole física, psicológica, sexual, económica y/o simbólica;[1]  y que debido a la falta de denuncias formales o mediáticas, desconocemos la magnitud del problema. En un proceso electoral en el que se contendieron más de 21 mil cargos federales y locales, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género,[3] cuenta con la inscripción de 59 personas sancionadas por el ejercicio de este tipo de violencia; un número que no corresponde a la realidad que se ha observado en los últimos meses.

Ante estas manifestaciones cotidianas de violencia en contra de las mujeres que ejercen sus derechos de participación en el ámbito político, el Llamado a la Acción renovado cobra particular relevancia. Desde el NDI, consideramos de suma importancia diseñar acciones que atraviesen los distintos momentos a los que se enfrenta una víctima de violencia, desde la atención médica, legal y psicológica, hasta la reparación del daño, pasando por la mejora de los procedimientos de denuncia y los mecanismos de sanción, así como dirigiendo mayores esfuerzos hacia la prevención. Si bien un primer paso es el reconocimiento de nuestros derechos político-electorales y las garantías para su ejercicio, un segundo paso necesario es sensibilizar a potenciales personas generadoras de violencia, y trabajar en conjunto con los hombres en puestos de liderazgo y toma de decisión al interior de los partidos políticos - y otras instancias nacionales y locales - para edificar instituciones donde haya cabida para un ejercicio de la política libre de violencia y en condiciones de igualdad para las mujeres.

Tras las primeras cifras arrojadas por las autoridades electorales a nivel federal - faltará conocer con mayor detalle los resultados locales y la composición específica de la Cámara de Diputaciones - de las 15 gubernaturas en disputa, 6 mujeres fueron electas (Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala), con lo que, por primera vez en la historia nacional, 7 mujeres gobernarán de manera simultánea entidades federativas en México (sumándose a la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuyo periodo se extiende hasta 2024). Otro dato interesante, se encuentra a nivel de las ciudades capital de los 15 estados contendidos, de las cuales 6 tendrán una alcaldesa;[4] tal será también en el caso de 8 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.[5]

A partir de una lectura inicial de estas cifras, se puede observar que la paridad y las leyes más recientes que garantizan la paridad transversal, están siendo mecanismos efectivos para asegurar una mayor presencia de las mujeres en los espacios políticos. Faltará entonces corresponder a esta conquista numérica, con mayores mecanismos de participación sustantiva y con respuestas más eficaces de las instituciones y los partidos políticos ante la violencia.

El amplio espectro de actores que se incluyen en el Llamado a la Acción como sectores responsables de actuar en contra de la violencia contra mujeres políticamente activas sugiere que todos y todas, independientemente del papel político que desempeñen, pueden hacer algo para combatir la violencia contra las mujeres en la política. Sin embargo, debemos reconocer que las acciones aisladas tendrán menor impacto que el diseño e implementación de esfuerzos coordinados. Por tanto, la tarea que tenemos por delante no es solo compartir las prácticas existentes o desarrollar nuevas estrategias, sino también explorar y fomentar nuevas alianzas para hacerle frente a esta forma de violencia en todas sus manifestaciones.



[2] Datos del 1 de septiembre de 2020 al 7 de junio de 2021: https://cartografia-cimac.uwazi.io/es/page/u2a55o2l5mh

[4] Mexicali, La Paz, Campeche, Colima, Chilpancingo y Tepic.

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