JUSTICIA

Tribunales y consulta popular

Este texto tiene como finalidad mostrar la manera en que los tribunales participan en la consulta popular, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se verá, su participación se realiza respecto de dos objetivos distintos: la aprobación de la misma, y la resolución de impugnaciones.

La consulta popular, en México, es un mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía incide tanto en acciones de gobierno como en políticas públicas. En el ámbito federal, puede ser solicitada por el Presidente de la República; el 33% de quienes integran la Cámara de Diputados o el Senado; o el 2% de la ciudadanía.

La solicitud se hace llegar a alguna de las Cámaras, cuya Mesa Directiva se encargará del trámite interno. A partir de este momento se da la participación de órganos judiciales, lo que se explica a continuación.

 

¿Cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Este órgano, cabeza del poder judicial y compuesto por once integrantes, debe tratar el asunto en el Pleno. Esto quiere decir que no puede remitirse el tema a ninguna de las dos Salas que la integran, ni a ningún otro órgano jurisdiccional, por lo que puede afirmarse que es una facultad exclusiva e indelegable.

Una vez que llega el documento, remitido por la Mesa Directiva respectiva, el asunto se turna a la ponencia de un Ministro o Ministra. Esto quiere decir que una de las personas que integran la Corte deberán proceder a estudiar el asunto, a fin de proponerle al Pleno lo que le parezca corresponda conforme la Constitución.

La labor de la Suprema Corte es doble:

1.    En primer lugar, le corresponde revisar la constitucionalidad de la materia de la consulta; esto en razón de que hay temas que no pueden consultarse, tales como la organización de las fuerzas armadas, los impuestos, o la materia electoral. En caso de que se tratara de alguno de estos supuestos, la consulta sería jurídicamente imposible, y se regresa con tal declaración a la Cámara que la mandó.

Si no se hiciera de esta forma, se realizaría la consulta, con todos los gastos que esto implica además de la expectativa ciudadana, para que al final se dijera que la voluntad expresada en las urnas es inconstitucional y, por tanto, no se tomaría en cuenta, lo que representaría una burla a las y los votantes.

2.    La segunda labor consiste en revisar la pregunta propuesta. Por lógica, este paso se realiza solamente que el tema de la consulta haya resultado constitucional.

La revisión del cuestionamiento propuesto se hace en varios escalones: el primero es la verificación de que la pregunta se relacione de forma directa con la materia a consultar; el segundo consiste en la redacción de la propia pregunta, pues esta no puede ser tendenciosa o contener juicios de valor. Veamos un ejemplo de una pregunta tendenciosa, supón que el rescate bancario materialzado como FOBAPROA se hubiera consultado a la ciudadanía, con una pregunta redactada de esta forma: “¿Está usted de acuerdo con que el estado garantice los ahorros de las mexicanas y los mexicanos?; ahora suponga que la pregunta hipotética hubiera sido: “¿Está usted de acuerdo con que el estado mexicano salve las inversiones de los banqueros?”. Es claro que una redacción tendenciosa es aquella que pretende obtener una respuesta positiva o negativa a lo que se cuestiona, y no se debe permitir.

El que no contenga juicios de valor se refiere a evitar apreciaciones que adjetiven de alguna manera el objeto consultado, o las personas vinculadas con el mismo, de manera que se les tache de “malas”, “corruptas”, u otro término similar.

El tercer paso de la revisión de la pregunta consiste en la calidad del lenguaje, que debe ser neutro, sencillo y comprensible; esto puede realizarse, por ejemplo, considerando el nivel promedio de educación de la población mexicana, para verificar si el texto a consultar es tal que puedan comprenderlo y dar su opinión de forma consciente. De hecho, la propia Corte puede considerar que la pregunta se traduzca a lenguas originarias.

Como último paso, la cuestión debe responderse con un “si” o un “no”, lo que se conoce como pregunta cerrada, pues no admite matices, consideraciones o condicionantes. Ya que la Corte estima constitucional el asunto a consultar, puede ajustar la pregunta, a fin de cumplir con los requisitos explicados.

Es muy importante tener en cuenta que todo este tramite ante la Suprema Corte no es un juicio, dado que no hay un pleito o litigio en los que alguien reclame algo; no es un amparo ni un juicio electoral.

Cuando la consulta es solicitada por la ciudadanía, ¿Quiénes la pidieron pueden solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decida la materia de la consulta? Esta duda tiene su fundamento en que, si se pudo presentar la solicitud e iniciar el trámite ante el Congreso de la Unión, como parte del mismo proceso, se podría solicitar el pronunciamiento necesario para su autorización.

Sin embargo, ya la propia Corte determinó que no es posible, pues quien le somete a estudio el tema de la consulta y la pregunta, es una Cámara del Congreso de la Unión, y solo ella podrá solicitarle que decida sobre el asunto.

Ahora bien, la decisión tomada por la Corte no puede ser cambiada, anulada o revocada, por ninguna autoridad.

 

¿Qué papel le toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

La actividad de la Corte concluye con la aprobación o rechazo del tema de la consulta, y el ajuste a la pregunta. No le corresponde revisar los actos que realicen tanto las cámaras como el INE en ejecución de la consulta, ni tampoco lo que suceda respecto de los resultados que esta arroje.

Sin embargo, es posible que se presenten una serie de controversias, de pleitos, con motivo de los actos para ejecutar la consulta. Por ejemplo, respecto a temas como la ubicación de los centros de votación, la integración de las mesas directivas de los mismos, el rechazo al registro como observador u observadora electoral; y desde luego, en cuanto a los resultados.

Por eso deben existir la posibilidad de que una autoridad judicial revise la manera en que se lleva a cabo la consulta, y sus resultados. Máxime porque deben respetarse los principios del voto, que debe ser universal, libre, secreto y directo.

Surge la duda entonces acerca de si el amparo es el juicio al que habría que acudir. Este es un proceso judicial mediante el cual se impugnan diversos actos de autoridades, cuando se considera que son inconstitucionales, y se ocupan de resolverlos los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito, según sea el caso.

Pero existe ya un criterio de nuestra Suprema Corte, en el que se precisa que los actos de una consulta popular no pueden reclamarse en amparo. Esta decisión, que surgió de un asunto de Quintana Roo, se basa en considerar que la consulta misma, así como la autoridad que la organiza, son de naturaleza electoral, y el amparo no procede, no puede usarse, para combatir asuntos electorales.

En el caso de la consulta que tenemos el próximo 1 de agosto, es claro que se trata de un asunto electoral, y desde luego el INE es una autoridad de tal naturaleza, por lo que no procedería el amparo.

Ahora, ¿ante qué autoridades judiciales se puede entonces acudir cuando se considere que se están tomando decisiones inconstitucionales o ilegales en la consulta? La respuesta es que ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De hecho, dicho Tribunal, por conducto de su Sala Superior, que es su órgano máximo, ya definió en una jurisprudencia, esto es, en un criterio obligatorio, que es la autoridad judicial competente.

Ahora bien, eso quiere decir que si una ciudadana o un ciudadano se siente afectado en sus derechos por alguna decisión relativa a la consulta, puede acudir ante el Tribunal Electoral, utilizando el llamado “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, a fin de solicitar que se revise la situación que le parece inconstitucional o ilegal.

De hecho, cuando el Consejo General del INE de a conocer los resultados de la consulta, así como sus efectos (que pueden ser obligatorios si vota al menos el 40% de las ciudadanas y ciudadanos), esta decisión se puede impugnar o controvertir ante la ya citada Sala Superior.

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