PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021

Evaluación del proceso electoral 2020-2021

La doctora Aurora Arnaiz Amigo, maestra emérita de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando explicaba los elementos del Estado, en específico, el relativo al poder político supremo, fuente u origen de la soberanía, solía decir que “no se es soberano por tener el poder, sino que se tiene el poder por ser soberano”.

La frase antes apuntada, más allá de resultar un complejo juego de palabras, encierra una verdad incuestionable en una democracia representativa como la nuestra, en la cual, en ejercicio del poder de decisión jurídico-política al que llamamos soberanía, y de la cual el pueblo es titular en términos del artículo 39 constitucional, cada determinado tiempo elegimos a quien ocupará un cargo público y que, a partir de ese momento, queda vinculado, por un lado, a actuar en defensa de nuestros intereses y, por otro, a rendirnos cuentas de su desempeño.

De esta forma, resulta evidente que esta persona, es decir, quien es elegido en un proceso comicial, no tiene, por sí mismo, poder alguno que ejercer en el desempeño de su encargo, pues la posibilidad de desempeñar funciones ejecutivas o legislativas deriva, necesaria e ineludiblemente, del apoyo y respaldo de quienes votan en las elecciones.

Lo dicho con antelación revela la importancia de las elecciones, pues en el escenario antes delineado, resulta indiscutible que la correcta intervención de quienes participan en estos ejercicios (ciudadanía, contendientes y autoridades) es una condición indispensable para lograr el fin último que con ellos se persigue, a saber, darle efectividad a las decisiones del poder soberano.

Pues bien, en esta lógica, resulta importante, como se propone por parte de quienes publican este texto, realizar algunas consideraciones en relación con el proceso que comenzó en septiembre de 2020, cuya jornada de votación se desarrolló el 6 de junio pasado, y que al momento en que se escriben estas líneas se encuentra en su etapa de calificación, aunque vale la pena aclarar desde ahora que éstas no están encaminadas a aportar conclusiones sobre el particular sino, en todo caso, algunas ideas para que, en el momento pertinente, quien lo desee, cuente con mayores elementos para hacer el análisis respectivo.

Establecido lo anterior, vale la pena señalar, inicialmente, que aun cuando después de la reforma constitucional de 2014 en la que, entre otras cuestiones, se determinó homologar las fechas de las jornadas y, en consecuencia, celebrar el mayor número de procesos de manera concurrente, se ha señalado que cada elección que se ha vivido desde entonces en el país es el más grande de la historia, en esta ocasión verdaderamente lo fue, atento al número total de cargos que se eligieron.

Pero además, resulta indispensable señalar que el proceso de referencia se distinguió por presentar una serie de particularidades que definieron su desarrollo y, muy probablemente, determinaron en buena medida sus resultados.

En efecto, en principio, por primera vez en la historia (cuando menos la reciente) del país, todo el proceso se ha desarrollado en medio de una pandemia que condicionó la interacción entre las candidaturas y el electorado, les obligó a generar nuevos canales de comunicación y a diseñar formas distintas y efectivas para transmitir los mensajes y obtener la información relevante para cada una de las partes de este binomio.

Un claro ejemplo de lo anterior se encuentra, sin lugar a dudas, en el empleo de las redes sociales, instrumentos muy poderosos para favorecer el ejercicio robusto de la libertad de expresión pero que, sin duda, al ser utilizados como herramientas de difusión y posicionamiento en las distintas etapas del proceso electoral, han abierto debates como, por ejemplo, el más reciente, relacionado con la fiscalización de algunos perfiles específicos.

Adicionalmente a lo apuntado, es de destacarse que durante este proceso también resultó aplicable, por vez primera, la figura de la reelección, y esto, como en el supuesto antes señalado, conllevó una nueva realidad en la forma en la que deben entenderse y garantizarse los principios que rigen la materia, de manera destacada, los de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como algunos conceptos sobre los cuales se habían hecho construcciones jurisprudenciales consistentes como, por ejemplo, el de actos anticipados de campaña.

Esto es así, dado que, en virtud del pronunciamiento que, en su oportunidad, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido medular de que resulta válido que quien aspire a reelegirse en un cargo continúe desempeñándolo, parece evidente que los límites entre el ejercicio del servicio público y el ánimo de posicionarse frente al electoral se han diluido y, por tanto, se vuelve indispensable que se fijen parámetros que permitan la operatividad de la norma, sin que ello implique poner en riesgo el cumplimiento y la eficacia de los principios que sostienen la materia electoral.

Un tercer punto a destacar en relación con este proceso es el debate que se suscitó en torno a la difusión de propaganda gubernamental por parte de diversos servidores públicos que, bajo la premisa de cumplir con su obligación de transparentar su gestión e informar a la ciudadanía de las diferentes acciones que emprendieron en su beneficio, obligaron a las autoridades electorales a pronunciarse, tanto en medidas precautorias como en resoluciones de fondo, respecto de los alcances de las prohibiciones establecidas a nivel constitucional y legal en torno a esta figura.

Lo dicho resulta relevante, pues como consecuencia del análisis de los planteamientos relativos, por un lado, se acuñaron conceptos novedosos, como el de propaganda gubernamental personalizada, que regirán situaciones análogas hacia el futuro; por otro, se puso de manifiesto la necesidad de revisar el modelo de responsabilidades de los servidores públicos en el ámbito electoral, con la intención de establecer mecanismos adecuados para disuadir y sancionar de manera eficaz las conductas irregulares en las que pudieran incurrir y, finalmente, se estableció un modelo que permite determinar responsabilidades compartidas entre estos sujetos y las concesionarias que difundan contenidos irregulares, aun cuando lo hagan con un ánimo informativo o noticioso.

Por otro lado, es importante destacar que, también por primera vez, el debate en relación con la igualdad y el acceso de las mujeres a ocupar cargos públicos alcanzó una nueva dimensión cuando el Instituto Nacional Electoral vinculó a los institutos políticos a postular de manera paritaria las distintas candidaturas que presentarían para ocupar las gubernaturas que serían elegidas, criterio que fue confirmado por la Sala Superior del tribunal electoral.

Esta determinación se sumó a los criterios ya establecidos en torno a la paridad (horizontal, vertical y transversal) y, sin lugar a dudas, coadyuvó a la consolidación del principio constitucional respectivo y, consecuentemente, representó un paso más en la consolidación por logar una igualdad sustantiva en favor de las mujeres que participan en la vida política y pública del país.  

Pues bien, los planteamientos anteriores, que como se dijo son sólo algunos de los aspectos novedosos que se presentaron durante este proceso, desde luego, colocaron a las autoridades electorales ante escenarios que, hasta este momento, no se habían presentado en el desarrollo de sus funciones y que, como consecuencia, las han orillado a encontrar la mejor ruta para darle eficacia el marco normativo que rige cada uno de los procesos electorales locales y federales que confluyeron durante este año, sin que esto conlleve una restricción indebida o excesiva al ejercicio de los derechos tan trascendentes que involucran.

Ahora, si bien no hay duda de que se encontrarán las vías más adecuadas para lograr la conclusión apropiada de este ejercicio comicial, lo cierto es que lo hasta ahora dicho puede evidenciar, como ha ocurrido en otras ocasiones, la necesidad de revisar, una vez más, el modelo normativo que rige los procesos electorales en el país, pues es dable considerar que éste ha podido quedar superado en diversos aspectos.

En efecto, tal y como acontece al finalizar cada proceso electoral, las reflexiones que se hacen, como en este pequeño ejercicio de ponderación, nos llevan a considerar que, hacer un alto en el camino para entender, visualizar y buscar adecuar las nuevas dinámicas electorales a un renovado marco normativo, que dé respuestas un poco más cercanas a la realidad que nos ocupa. En ese sentido, las instituciones, la academia, la ciudadanía, así como los actores políticos, debemos sentarnos nuevamente a repensar la nueva visión del derecho electoral a la luz de nuestras nuevas realidades políticas.   

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