JUSTICIA

Voto en prisión preventiva

1. Contexto

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé diversas restricciones al ejercicio de derechos humanos, entre otras, están las limitaciones a la libertad personal, en el caso del arraigo, y a la libertad de expresión, en los casos en que se perturbe el orden público.

Una restricción adicional, la encontramos (todavía) en el artículo 38 de la CPEUM, que indica en su fracción II, que los derechos de la ciudadanía se suspenden …por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

Discrepante con lo anterior, pero también con rango constitucional desde el 2008, el artículo 20, apartado B, fracción I, prevé que, dentro de un proceso penal, es derecho de toda persona imputada, que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.

Con esta perspectiva, estas disposiciones constitucionales en aparente colisión, requerían un ejercicio de ponderación que permitiera hacerlas compatibles o, al menos, que coexistieran de manera armónica.

Ahora bien, es oportuno tener presente la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina que cualquier restricción debe ser razonable y proporcional, perseguir una finalidad legítima, ser idónea para alcanzar el fin buscado, ser necesaria y estar justificada en razones constitucionales.

2. Expediente SUP-JDC-352/2018 y su acumulado

En junio de 2018, dos personas auto adscritas como indígenas tsotsiles, que llevaban 15 años esperando ser sentenciadas en un centro de reclusión ubicado en Cintalapa, Chiapas, solicitaron se les garantizara el derecho al sufragio en aquel proceso electoral.

Meses después, en febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SS), discutió y aprobó por mayoría la sentencia que recayó al referido expediente, resolviendo tutelar el derecho del voto activo de las personas en prisión preventiva, en razón de encontrarse al amparo del principio de presunción de inocencia, vinculando al Instituto Nacional Electoral (INE) a implementar un programa que garantice el ejercicio de este derecho en el año 2024 a la totalidad de la población carcelaria no sentenciada.

En esta determinación se aprecia con claridad meridiana la diferencia en los métodos interpretativos que tienen las magistraturas sobre la norma constitucional. Por un lado, la visión positivista apoyada por la idea de una CPEUM perfecta, construida por un legislador racional y, por el otro, una visión principalista que privilegia la ponderación del caso concreto de manera evolutiva y progresiva.

Como ya se adelantó, la complejidad de esta determinación radicaba en la necesidad de interpretar de manera armonizadora el texto constitucional, lo que llevó a la SS a permitir votar a las personas en prisión preventiva, con lo que las alejó de una muerte civil desproporcionada y les devolvió un elemento de dignidad que, además, les redujo el impacto negativo que de manera irremediable genera la exclusión social.

En similar sentido, el párrafo 14, de la observación número 25, del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señala que “…Si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el período de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. A las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar”.

En ese orden de ideas, la sentencia refiere que “… El desconocimiento del derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva constituye actitudes denigratorias y estigmatizantes que conllevan a la invisibilidad de personas sujetas de derechos…”

Un efecto colateral de este asunto es que exhibe parte de la problemática en la que se encuentra el sistema penitenciario en nuestro país, con un dato aproximado del 40% del total de las personas privadas de la libertad, que no han sido sentenciadas.

En todo caso, es evidente que tenemos en vías de ejecución una sentencia relevante, que honra la reforma de 2011 al artículo 1º constitucional, al interpretar las normas relativas a derechos humanos de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo a las personas con la protección más amplia.

3. La Universalidad del voto, una asignatura pendiente

Un enfoque válido en el análisis del voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, parte de la importancia que representa el sufragio de la ciudadanía en una democracia avanzada.

Al respecto, la SS ha sostenido que el principio de universalidad del voto procura ensanchar el cuerpo electoral, es decir, tutela el derecho al voto, sin importar la condición social, raza, sexo o religión.

A pesar de los avances alcanzados, este principio seguirá siendo una asignatura pendiente en México, hasta en tanto no se construyan condiciones que permitan votar a quienes no puedan desplazarse, a personas hospitalizadas y a personas sin domicilio, entre otros grupos en condición vulnerable.

La citada resolución y los razonamientos que la soportan, deben ser considerados, por el Congreso de la Unión, como un asunto de lege ferenda y se convierta, eventualmente, en una reforma constitucional, ello, en la búsqueda de que, desde su literalidad, las disposiciones constitucionales sean armónicas y no sea necesario construir criterios hermenéuticos complejos y polémicos.

Adicionalmente, de conformidad con los compromisos suscritos por el Estado mexicano en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estamos obligados a dictar las disposiciones legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas. 

4.  Anotaciones finales

4.1 Como en todas las sentencias puestas bajo la lupa, se pueden escuchar voces críticas que alimentan el análisis profundo y el debate intenso, propios de un tribunal abierto como lo es la SS. En la especie, podemos encontrar cuestionamientos de forma (¿se debió desechar por ser de imposible reparación la pretensión de la parte actora?), y de fondo (¿en qué casos puede la SS emitir sentencias con efectos generales?).

4.2 En contra de la pretensión inicial de la parte actora, en el sentido de que “…ordene al INE que realice las acciones necesarias para garantizar su derecho a votar en las elecciones tanto locales como federales, desde el lugar donde se encuentran en reclusión.” La SS determinó que el INE desarrollará un programa en plenitud de atribuciones, a grado tal que podría determinar, por razones exclusivamente administrativas, que los efectos no apliquen para la elección de senadores, diputados federales, ni cargos locales, esto es así, ya que a foja 45, la sentencia señala que: “… El INE identificará si el ejercicio del derecho al voto se aplicará solamente a la elección presidencial o a otras elecciones, según las necesidades y posibilidades administrativas y financieras”.

4.3 Es necesario seguir reflexionando en torno a algunas interrogantes, tales como: ¿qué pensamos del derecho al voto pasivo de personas en prisión preventiva?, ¿qué hay respecto del derecho al voto activo de personas condenadas?, o ¿podemos hacer o no control de convencionalidad sobre el texto constitucional?

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