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Los Muros No Son la Solución

Septiembre 21, 2021 | Por: Ana Saiz

Recientemente hemos sido testigos en diversos medios del uso de la violencia en contra de personas migrantes, principalmente familias de origen haitiano. El uso, con todo el rigor, de la fuerza pública por parte de la Guardia Nacional se ha justificado incluso desde la tribuna presidencial bajo el argumento de protegerles de los peligros que representa seguir avanzando hacia el norte.[1]

La situación se ha agudizado, pero no es del todo novedosa. Desde esos desafortunados twitazos del Presidente Trump que ocasionaron un giro de 180 grados en la construcción de la política migratoria del Presidente López Obrador, hemos visto un endurecimiento evidente que ha generado una preocupación unánime de las agencias de las naciones Unidas con presencia en nuestro país y de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Con diversas acciones este gobierno pretende “controlar” la migración y es evidente que se tata de una misión imposible. La migración es una característica de la sociedad, un motor para la economía, es inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se convierte en un problema al tratar de controlarla violando derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en monedas de cambio. 

Resulta muy complejo separar las situaciones por las que migran las personas. A estos flujos masivos de les ha denominado flujos mixtos ya que están compuestos de personas victimas de desplazamientos internacionales forzados provocados por persecución, violencia, el crimen, desastres naturales, violencia intrafamiliar, violencia de género, o bien pobreza extrema, falta de oportunidades y expectativas. la intención de reunificarse con sus familiares: en suma, por la necesidad de sobrevivir dignamente. Además de los desplazamientos forzosos, tenemos que considerar la migración económica, atraída por los precarios salarios en sus lugares de origen y las enormes brechas salariales marcadas de sur a norte.

Ante esa realidad, la respuesta gubernamental ha sido obligar, presionar a las personas a permanecer en el suréste del país, básicamente la Ciudad de Tapachula en Chiapas. Hoy sabemos que en esa ciudad hay más de 60 mil personas migrantes y solicitantes de asilo -se calcula que el 40% son niños, niñas y adolescentes- en situación de calle, sin permiso para trabajar, sin acceso a salud, educación o servicios básicos. Cabe mencionar que la tasas de informalidad laboral son del 74.2%[2] en el estado sureño del país.

Con muros de papel y espera de meses por trámites interminables, aparte de la colaboración para contener a la fuerza de la Guardia Nacional, se pretende que las personas esperen en Tapachula.

La administración del Presidente López Obrador ha optado por desplegar a la Guardia Nacional, por lo menos 21 mil elementos al sur del país con las tareas de hacer labores de contención migratoria[3] y mantener a las personas varadas mediante esperas interminables para resolución de sus trámites ante la COMAR, una institución rebasada y sin financiamiento suficiente para hacer frente al reto histórico de más de 60 mil solicitudes en lo que va de este año.

Las detenciones y deportaciones han continuado, incluso durante los momentos más intensos de la pandemia. El Instituto Nacional de Migración continuó con operativos a lo largo del país y con las deportaciones masivas, sin detectar las necesidades de protección internacional de personas vulnerables.

Las personas que salieron hace algunos días desde la Ciudad de Tapachula, Chiapas hacia el centro de país lo hacen orilladas por la desesperación provocada por meses de espera de resolución de sus trámites ante a Comisión Mexicana que Ayuda a Refugiados (COMAR) , que es una institución rebasada que se rige por un reglamento de hace casi diez años que no responde a la realidad actual.[4] Se trata de una institución que cuenta actualmente con alrededor de 40 millones de pesos de presupuesto y que ha visto la demanda de sus servicios aumentar exponencialmente.

La violencia y la represión nunca son la solución, pueden ser un costoso paliativo desde el punto de vista humano e incluso económico, pero el reto seguirá ahí.  El INM se apertrecha para ejecutar una contención violenta de las personas migrantes y refugiadas detrás del título del Pacto Mundial para Una Migración Segura Ordenada y Regular, sin tomar en cuenta las cláusulas a las que México se comprometió como a abrir vías regulares para migrar y a hacer de la detención migratoria una excepción y no una regla, entre otras.

Nadie puede negar la necesidad de atender las llamada casusas raíz de la migración que se trata de fenómenos multicausales y complejos. No podemos reducirlo a una falta de oportunidades laborales, tenemos que observar la falta de un estado de derecho, el acceso a la justicia y la propia democracia.

De esta manera se deberán atender de manera regional causas de la migración económica abriendo vías para la migración laboral que permitan la circularidad y la temporalidad, el acceso a visas de trabajo equitativas, sin discriminación por género, dando acceso a salarios justos y a protección de derechos laborales.

Pero con respecto a la migración forzada, la mirada debe ser distinta, en primer término respetar los tratados internacionales y las obligaciones que tiene cada país, fortalecer los sistemas de asilo en nuestra región y abordar la emergencia humanitaria a la que se enfrentan las personas, las familias que ya se encuentran en nuestro territorio. Se debe exigir la aplicación de la ley sin diferencias, ni discriminación. Porque se trata de vidas que no pueden esperar una década a enderezar los rumbos de países enteros, de estragos provocados por el cambio climático y por la operación de las pandillas transnacionales.

México tiene a su alcance soluciones viables desde el punto de vista legal, social, económico y político. Sin dejar de atender de manera regional las casusas estructurales, que podrían verse mejoradas en décadas, hoy debemos atender la coyuntura respetando los derechos humanos. Hoy, instituciones y personas de vasta experiencia en movilidad humana hemos puesto opciones sobre la mesa: vías factibles de regularización migratoria por razones humanitarias que se han hecho públicas.[5]

La solución está en la ley, en la política y en el sentido común, debemos exigir que se deje de usar a las personas en movilidad como monedas de cambio, como elementos de negociación. Existen varias posibilidades y ejemplos exitosos en la historia reciente que nos muestran otras alternativas: regularización migratoria por razones humanitarias[6], programas de regularización específicos[7] y programas de reubicación.[8] Por todo esto, los muros no son la solución, separan, segregan, lastiman y de alguna u otra manera se acaban rompiendo por las personas que simplemente buscan vivir dignamente.

 


[1] https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-090921/

[2] https://datamexico.org/es/profile/geo/chiapas-cs?totalAndInformalJob=byFormalityOption&occupationMetrics=workforceOption

[3] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Guardia-Nacional-ha-desplegado-21000-elementos-para-contener-la-migracion-a-Estados-Unidos-20190720-0018.html

[4] http://comar.gob.mx/work/models/COMAR/pdf/RLSRYPC.pdf

[5] Gobierno Mexicano tiene opciones para solucionar situación migratoria en Chiapas.- Conferencia de prensa, Senado de la República 10 de septiembre 2021.

[6] Como vimos recientemente que se otorgó a mujeres afganas.

[7] https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Programas_Regularizacion_web_Final.pdf

[8] https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/6/60bea0834/mexico-reubicaciones-para-la-integracion-de-personas-refugiadas-superan.html

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